La madre que llevará a la UE el derecho de voto de los discapacitados psíquicos

Esta historia comienza hace dos años, cuando Mara G.C., con una discapacidad cognitiva, cumple 18 años y sus padres solicitan una prórroga de la patria potestad. Se activa un protocolo que acaba privando a esta joven gallega de su derecho a voto, y al mismo tiempo un proceso judicial que vivió en diciembre su más reciente y desagradable capítulo, cuando el Tribunal Constitucional decidió desentenderse del caso y condenar a Mara y a otros 100.000 españoles en su misma situación a permanecer alejados de las urnas.

“Mara se pregunta por qué, y lo más difícil de todo esto es explicárselo”, lamenta Mar Caamaño, su madre, una auténtica madre coraje que ha ido del juzgado de Familia de Santiago a uno ordinario de A Coruña, y de allí al Supremo, y de este al Constitucional, que no admitió a trámite su reclamación en contra del criterio de su vicepresidenta y de la fiscalía. Mar tiene marcado en rojo en el calendario el día de junio en el que se agota el plazo para acudir a Estrasburgo. Allí, ante el Tribunal de Derechos Humanos, volverá a pelear por la causa de su hija, que es prácticamente el único empeño al que ha dedicado sus horas en estos tres últimos años de su vida.

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Mar, su marido –un trabajador del sector de la conserva– y las dos hijas de ambos viven en Esteiro, una tranquila población de apenas 1.000 habitantes situada en el interior de la ría de Muros, en la provincia de A Coruña. La hermana pequeña de Mara está a punto de cumplir 17, y probablemente ya pueda ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones, las que sean; es algo que no podrá hacer la mayor, que sí fue electora en las dos últimas generales y en las autonómicas de septiembre. El rechazo del Constitucional a su recurso convirtió en firme la sentencia del Supremo, la que le impide votar. “¿Qué le vamos a decir a ellas? Si ha votado entodas las últimas elecciones: europeas, municipales, autonómicas, las dos generales… Será un momento delicado, toda la familia votando menos ella”, anticipa la madre.

Tras el examen que la forense del juzgado de Familia de Santiago realizó a Mara, la juez se acogió al artículo 3.1.B de la Ley Electoral General para retirarle el derecho a voto. Ese apartado establece que carecen de derecho de sufragio “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad”. Poco importa lo que digan la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la propia Constitución. “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás”, dice la ONU, que cita en concreto “el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas”.

"Ha votado en todas las últimas elecciones… Será un momento delicado, toda la familia votando menos ella", lamenta la madre

Cuando la joven Mara pasó el examen de la forense, se le plantearon cuestiones relacionadas con la política general. “Cosas como cada cuánto se vota en España, cómo son las elecciones europeas, si se votan las europeas con las generales o quién tiene un rango superior: el Rey o el presidente del Gobierno. Me gustaría saber cuántos españoles contestaban correctamente a todas estas preguntas”, se pregunta la madre. “Cuando la abogada nos enseñó el test, yo ya fallaba muchas cuestiones. ¿Cada cuánto tiempo hay elecciones? ¡Pero si este último año en Galicia hemos votado tres veces!”. Mar no entiende por qué algunos españoles deben pasar esa prueba y otros no: “O se le hace a todos, o no se le hace a nadie. Es una situación de discriminación flagrante”.

La joven discapacitada se siente en efecto discriminada. “Es probablemente en la única situación en que se siente diferente, por eso nos duele tanto”, relata su madre. Porque por lo demás, Mara lleva una vida relativamente normal, con las limitaciones lógicas de su retraso madurativo. Está cursando un ciclo formativo de capacitación profesional en producción agrícola, realiza actividades como hípica y se reúne a menudo con sus amigos. Y los fines de semana no perdona un partido de su equipo favorito, el Barcelona, del que es una seguidora incondicional.

Mar no entiende por qué algunos españoles deben pasar una prueba sobre política general y otros no: “O se le hace a todos, o no se le hace a nadie"

“¿Influenciable? Pero si en su casa a nadie le gusta el fútbol y ella, ya ves…”. Habla Juan Martínez, presidente de la Fundación Down Compostela, a la que pertenece Mara, y que ha seguido su caso muy de cerca. “Es una chica con sus gustos y preferencias muy definidos; una chica normal, con una discapacidad intelectual, sí, pero que sabe perfectamente lo que quiere. Pese a sus dificultades es capaz de comunicarse con los demás, y siempre ha votado desde que es mayor de edad. Y ahora, de repente, le van a decir que no puede hacerlo”, se lamenta. Martínez ve a Mara “perfectamente capacitada” para integrarse en el mercado laboral. “No entiendo que a una persona que puede llegar a trabajar se le prive del derecho a votar. No lo entiendo yo, pero sobre todo no lo entiende ella”, resume.

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La madre, Mar, dejó su trabajo cuando nacieron sus hijas, y durante todo este tiempo se ha dedicado plenamente a ellas, muy especialmente a la mayor, debido a sus dificultades. Pero nada la ha contrariado tanto en su lucha por sacar a Mara adelante como la negación de sus derechos como electora, una eventualidad que ha contribuido a unir a la familia. “Estamos todos muy implicados, los cuatro, todos a una. No hemos tenido ninguna discusión al respecto, no hay dudas, no hay división: la pequeña, mi marido, Mara, yo, todos estamos convencidos de que lo que estamos reivindicando es de justicia”, asegura la progenitora.

Lo que más le preocupa a la madre es el momento en que se tenga que quedar en casa mientras el resto de la familia se va a votar. O que los acompañe al colegio electoral y no pueda introducir su papeleta en la urna. “No sé cómo se lo vamos a explicar. No podemos ser tan hipócritas, la sociedad no puede pedir la integración de los discapacitados y negarles un derecho universal”. Por eso está decidida a llegar hasta Estrasburgo, con la colaboración de una abogada que les ha facilitado el camino y de muchas asociaciones que han asumido su causa, pero con cero apoyo del mundo de la política. “No lo queremos”, confirma Mara con decepción. “Lo que tienen que hacer los políticos es legislar, y no acercarse ahora a nosotros a ver si sacan algún provecho”.