¿Pueden votar en unas elecciones las personas con Síndrome de Down?
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DISCAPACITADOS

¿Pueden votar en unas elecciones las personas con Síndrome de Down?

¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las personas con Síndrome de Down? ¿Pueden votar en unas elecciones y ser elegidos como representantes?

placeholder Foto: Ángela Bachiller durante su primer pleno en el Ayuntamiento de Valladolid. (Efe)
Ángela Bachiller durante su primer pleno en el Ayuntamiento de Valladolid. (Efe)

La elección como concejala de Ángela Bachiller, la primera persona con Síndrome de Down que accede a un cargo público, ha marcado un punto de inflexión para las personas de este colectivo en la vida pública. Pero es sólo la punta del iceberg de las asociaciones que luchan para que la repetida frase “todos somos iguales” se haga realidad en todos los ámbitos, incluso en algo tan básico y recogido en la Constitución como el derecho a votar.

Down España se felicita por el nombramiento de Bachiller pero apunta a que es algo “paradójico” teniendo en cuenta que hay “jóvenes de su misma edad y mismas condiciones que no tienen derecho a voto”. ¿Qué derechos tiene entonces una persona con Síndrome de Down?

El derecho al voto, hasta 2006, estaba restringidoen el mismo momento en el que un juez determinaba a la persona su discapacidad mental. Era el propio discapacitado el que debía recurrir la decisión judicial para recuperar su derecho recogido en la Carta Magna. Según explica el notario Ramón Corral, hasta 2006, la declaración jurídica de incapacidad iba unidaa la incapacidad para ejercer el derecho al voto.

La Convención de 2006

¿Qué pasa en 2006? Es en ese año cuando la ONU aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento en el que se especifican y ratificantodos los derechos y libertades de los discapacitados, entre ellos, el derecho al voto. Supone un cambio en la definición de las personas discapacitadas a nivel internacional, así como una obligación para los Estados que lo firman (entre ellos, España)de hacer cumplir sus 50 artículos.

Gracias a este documento, todo discapacitado puedeejercer su derecho al voto. Sólo en casos excepcionalesse podríaanular ese derecho.

“A partir de este documento se establece que todas las personas discapacitadas tienen capacidad jurídica y que esta debe ser ejercida con ayuda,apoyos y refuerzos”, explica Corral, involucrado en las fundaciones Aequitas, Tuya y la ONG Aprocor, que lucha por los derechos de los discapacitados.

Los salvaguardas

Ese apoyo y ese refuerzo lo ejercen lossalvaguardas, unafiguraque debe ayudar a la persona de una formaproporcional yadaptada a las circunstancias, durante un corto periodode tiempo y que se revisará periódicamente. El objetivo es queseaindependientey sólo necesite apoyos puntuales para asuntos específicos como trámites burocráticos, pedir préstamos o el propio derecho al voto.

El documento internacional no deja tema por tratar y hasta establece que el Estado debe respetar la libertad para decidir el número de hijos y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro; el derecho a ser propietarioy heredar bienes; y la participación en procedimientos judiciales. Incluso, reafirma la libertad para elegir nacionalidad y residencia.

El documento internacional establece que el Estado debe respetar la libertad para decidir el número de hijos y el tiempo que debe trascurrir entre un nacimiento y otro

España ha firmado y ratificado la Convención y está publicadaen el BOE desde 2008. El Gobierno quiere modificar ahora su Código Civil y recoger esos derechos;hasta entonces todo seguirá igual que antes de 2006. Las asociaciones involucradas han enviados sus recomendaciones para esa modificación normativa, que esperan que llegue a lo largo de esta legislatura, tras la promesa incumplida de hacerlo hace cuatro años.

En el documento de la ONU nose habla de obligaciones porque las personas discapacitadas siemprehan tenido las mismas que el resto de los ciudadanos, a pesar de no tener los mismos derechos. “No conozco a nadie que haya evadido impuestos; tienen bonificaciones, eso sí, pero como cualquier otra persona en una situación especial”, declara este jurista, que también explica que su discapacidad puede considerarseun atenuante en caso de delito.

Con la esperanza de que en esta legislatura los derechos de las personas discapacitadas sean reconocidos y plasmados en el Código Civil, el nombramiento de Ángela Bachiller ha sido, cuanto menos, notorio. La lentitud de los trámites en las leyes sigue quedando patente, pero el camino hacia la integración es, quizá, algo más rápido. Para Corral, el problema para la normalizaciónde los derechos de los discapacitados “siempre ha estado en la sociedad, no en ellos”.

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