El campo, sin Guardia Civil: 5.000 agentes menos, coches ruinosos y cuarteles cerrados

Hasta el año 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo convocatorias masivas de oferta de empleo para la Policía y la Guardia Civil. Cada año entraban alrededor de 5.000 nuevos funcionarios en ambos cuerpos. La crisis, sin embargo, irrumpió con fuerza y provocó que el Ejecutivo tuviera que moderar su alegría. A partir de 2010, la Administración redujo a apenas 200 plazas la oferta pública en estas instituciones, lo que suponía que solo renovaba al 10% de los agentes que se jubilaban. Este último ejercicio, la tasa de reposición se ha situado por primera vez en el 100% desde que surgió la recesión económica, lo que quiere decir que la Policía y la Guardia Civil ya no pierden efectivos, aunque tampoco recuperan los que abandonaron sus filas.

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En el caso de la benemérita, la mayoría de puestos que durante este tiempo se han quedado vacantes han sido los que se dedicaban a controlar el ámbito rural, que por otra parte es la competencia principal del instituto armado. Es lo que sospechan la mayoría de expertos consultados. La diputada del Grupo Socialista por Valencia en el Congreso, Ana Botella, por ejemplo, admite tener la "sensación" y "el temor" de que esto esté ocurriendo. Se basa en las denuncias públicas de las asociaciones agrarias, que ponen en evidencia un incremento del número de robos en el campo, y en la percepción social de la gente, que se siente más insegura en estas zonas.

"Hoy por hoy, ningún alcalde renuncia a tener un acuartelamiento", asegura Botella, quien junto a su compañero Julián López, diputado por Alicante, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno para que responda sobre el número de efectivos de la Guardia Civil que hay en más de un centenar de municipios de la Comunidad Valenciana en los que hay un puesto del instituto armado. Por el momento, no hay respuesta del Ejecutivo, dado que la cuestión ha sido planteada este mismo mes de enero.

Sí contestó el Gobierno a otra pregunta parlamentaria del Grupo Socialista que reclamaba la evolución de efectivos a nivel nacional durante los últimos cinco años. Según explica Botella, el Ejecutivo aseguró que en 2011 había 82.692 funcionarios en la corporación, una cifra que se redujo hasta los 77.427 en octubre de 2016. Es decir, un 6,4% de reducción en un lustro, dato que "confirma la caída de personal", pero que no concreta en qué zonas tiene lugar, ya que —como indica la diputada— las cifras son aportadas por el Gobierno por provincias, no por municipios con puesto de la Guardia Civil, que es lo que acaba de reclamar ahora el Grupo Socialista.

Esta reducción generalizada de agentes es corroborada por otros parámetros, aunque de forma dispar. Según datos extraídos del Boletín Oficial de la Guardia Civil y hechos públicos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el pasado 15 de enero, entre diciembre de 2011 y el mismo mes de 2015 la institución perdió 4.263 efectivos de la escala de cabos y guardias (un 6,5%) y 406 de la de suboficiales, un descenso que contrasta con el incremento de 132 personas en el nivel de oficiales, lo que supone un 4,2% más. "Cada vez hay menos agentes para trabajar en la calle y más para mandar desde las oficinas", resumía la asociación.

La Administración redujo a apenas 200 plazas la oferta pública, lo que suponía que solo renovaba al 10% de los agentes que se jubilaban

El escalafón 2017, dato interno más actualizado al que ha tenido acceso El Confidencial gracias a AUGC, revela que el número de efectivos de la corporación ha pasado de 79.841 funcionarios en 2011 a los actuales 74.165. Los datos publicados en abierto muestran la misma tendencia, aunque ligeramente más moderada. El Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas reflejaba cómo en 2009 la Guardia Civil contaba con 76.643 miembros en sus filas, casi 2.000 más que en 2016, cuando la misma fuente contabilizaba 74.958 funcionarios en la institución. Los Presupuestos Generales del Estado, por su parte, preveían en 2006 pagar las nóminas de 76.204 efectivos de la corporación, casi 500 más que diez años después, cuando computaba 75.728 componentes dentro del cuerpo.

En paralelo al descenso de miembros del instituto armado, las diferentes escalas profesionales han incrementado considerablemente su edad media, dado que todos ellos cumplen años y no son renovados por funcionarios más jóvenes al no haber suficiente oferta de empleo público. En concreto, si un guardia de base tenía 37,9 años de media en 2011, ahora tiene 42. En el caso de los suboficiales ocurre algo similar. Si hace cinco años la media de edad de los sargentos era de 38 años, actualmente se sitúa en 40 primaveras. Algo menos se ha incrementado en el caso de los generales, que en 2011 tenían 59,6 años de media y hoy tienen 60,8.

No existen, sin embargo, datos oficiales sobre la pérdida de efectivos en las zonas rurales, ya que la Guardia Civil opera tanto en el ámbito urbano (tiene competencias de seguridad ciudadana en grandes poblaciones y cuenta con unos servicios centrales en Madrid) como en el campo, donde dispone de acuartelamientos y puestos. El Ministerio del Interior no divide sus estadísticas en estos parámetros, sino en criterios como número de efectivos por empleo, cargo, comandancias o zonas, por lo que resulta difícil concretar cifras más allá de las mencionadas sensaciones que algunos experimentan.

Según explican desde el departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido, "la reducción de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el período 2011-2016 obedece a que, en un período de contención del gasto público, la oferta de empleo público no ha alcanzado a reponer el número de agentes que han causado baja en este período" por haber pasado a la jubilación. "Esta reducción —continúan desde Interior— no ha sido igual en todo el territorio nacional" debido sobre todo a "la evolución permanente de las necesidades de seguridad en unas y otras regiones y núcleos urbanos". "La necesidad de adaptarse a las necesidades operativas durante estos años implica que las variaciones porcentuales de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no puedan ser homogéneas en todo el territorio nacional", justifican desde el Ministerio.

No parece influir, para Interior, el hecho de que los guardias ya no parecen tener predilección por el campo. Según el presidente de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil, José Francisco Silva, hay cientos de plazas que saca la Administración pero que se quedan vacantes en acuartelamientos situados en zonas rurales porque los funcionarios prefieren optar a vivir en núcleos urbanos. Estos destinos se encuentran actualmente sin ocupar y a la espera de que alguien quiera aceptarlos.

Por otro lado, la orden general 11/2014 que entró en vigor en abril de ese año con el fin de poner orden en los horarios de los guardias, provocó una pérdida de personal efectivo de servicio, ya que limitó las horas que los agentes pueden estar en la calle. En concreto, según Silva, este ajuste normativo supuso una pérdida de "potencial de servicio" de un 10%. La reforma, continúa el representante de esta agrupación, estaba pensada para que el Ministerio del Interior compensara esa reducción de horas de trabajo con la entrada de más personal. Sin embargo, no ha sido esto lo que ha ocurrido en los últimos años, que se han caracterizado precisamente por todo lo contrario, por lo que la consecuencias es la mencionada disminución de agentes que patrullan las calles.

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Esta situación se ha unido a la disminución del servicio de atención al público que se da en los cuarteles de la Guardia Civil. Durante los últimos años, estas instalaciones han ido cerrando sus puertas e incluso desapareciendo. El Ministerio del Interior argumenta que es necesario reagrupar efectivos, pero lo cierto es que al final lo que ha pasado es que cuarteles que abrían 24 horas han pasado a prestar servicio apenas dos mañanas por semana. "El puesto de la Guardia Civil ha muerto como primera unidad de respuesta ante una incidencia de seguridad ciudadana; ahora se ha convertido en un mero receptor de denuncias; hay patrullas que se encargan de cuatro o cinco puestos", valora Silva.

Según publicó 'La Voz de Galicia' hace un año, la mayoría de los 32 puestos de la Guardia Civil de Ourense atienden al público únicamente en horario de mañana y en los últimos años han desaparecido instalaciones auxiliares como las de las poblaciones de Entrimo y A Mezquita. Únicamente los puestos principales de O Barco, A Rúa, Xinzo, O Carballino y Verín abren también por la tarde, lo que limita a muchos ciudadanos a tener como exclusivo medio de comunicarse con el instituto armado el teléfono 062.

Durante los últimos meses se han multiplicado las reuniones entre delegados del Gobierno de toda España con alcaldes de municipios pequeños azotados por el incremento de la criminalidad. El pasado 30 de enero el delegado en Asturias, Gabino de Lorenzo, tuvo un encuentro con el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, para abordar el aumento de robos, y el 18 de enero el delegado en Cantabria, Samuel Ruiz, recibió a los responsables municipales de Buelna, Iguña y Cieza con el fin de evitar el cierre de las oficinas de atención al público de dos cuarteles. Esta situación, asegura Silva, no se había dado hasta el momento.

Los alcaldes de las poblaciones afectadas por la reducción de efectivos o el cierre de instalaciones son, de hecho, los que más notan lo que está pasando. El pasado 12 de abril, el primer edil de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, remitió una carta a la Delegación del Gobierno para pedir explicaciones por el cierre por las noches del cuartel de la Guardia Civil que, según dijo, incumplía el compromiso adoptado entre él y la delegada Concepción Dancausa. "Desconocemos los motivos de este cambio de criterio", afirmó el regidor.

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Desde AUGC entienden que el Ministerio del Interior debe acometer con urgencia una "reforma del despliegue territorial de las unidades diseminadas por toda España", ya que el actual modelo "está basado en el siglo XIX". Así se expresa Juan Fernández, portavoz de la asociación, quien insiste en que el sistema no se ha alterado desde que se creó la institución y "el siglo XXI requiere de otro modelo". La propia Dirección General de la Guardia Civil, asegura, "es consciente" del problema y "ha elaborado ya un estudio para acometer esta reforma, pero falta la valentía política para ponerlo en marcha". El objetivo, añade, es "abordar esos núcleos poblacionales" más abandonados "con mayor efectividad". No tiene sentido, subraya, "mantener casas cuarteles con una bandera que se sube y se baja todos los días pero en los que en realidad nunca hay nadie".

A todo este panorama se une la situación también denunciada recientemente por AUGC en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que según la asociación sufre una carencia de personal muy elevada que afecta directamente a la seguridad en las carreteras. Vehículos con más de 400.000 kilómetros tanto en esta agrupación como en los cuarteles de las zonas rurales dificultan notablemente la labor policial, afirman desde AUGC, que entiende que este problema provoca que no haya apenas patrullas en carreteras secundarias. "Se supone que en estas vías es donde se producen los accidentes más graves, pero no hay guardias suficientes para atender las incidencias; solo hay efectivos en autopistas, autovías y vías desdobladas", aseguró públicamente el secretario provincial de AUGC, Francisco Cecilia.