El juez pide al Consejo Superior de Deportes las cuentas de la Federación de Baloncesto

El titular del Juzgado número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, analiza ya parte de las cuentas que la Federación Española de Baloncesto (FEB) depositó durante los últimos años en el Consejo Superior de Deportes (CSD). Este último organismo se las ha ido remitiendo durante las últimas semanas, después de que el magistrado las reclamara en el marco de la instrucción que dirige sobre el presunto desfalco de la caja de la agrupación deportiva por parte de la anterior cúpula federativa, encabezada por el expresidente José Luis Sáez.

En concreto, el juez Toro ha solicitado las cuentas de los últimos cinco años depositadas por la FEB en el mencionado Consejo Superior de Deportes, organismo en el que todas las federaciones presentan obligatoriamente sus balances anuales. Esta documentación, explican fuentes jurídicas, está ahora siendo contrastada por el instructor con los resultados arrojados por la auditoría extraordinaria que encargó el propio órgano estatal a finales de 2015, justo después de que el secretario del comité de cuentas de la FEB, Joan Fa, pusiera en conocimiento del CSD los supuestos gastos incontrolados del expresidente Sáez.

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La auditoría, realizada por la firma BDO, arrojaba unas conclusiones que ponen en evidencia la gestión de la anterior cúpula federativa. En concreto, apunta que la directiva de Sáez gastó 738.000 euros en restaurantes de Madrid, Sevilla y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) entre 2011 y 2014, que el expresidente tenía tarjetas de la federación en las que cargó gastos por importe superior a 30.000 euros y una cuenta de anticipos en la que presuntamente endosó compras familiares. Estos desembolsos fueron aprobados por la federación, aunque ésta no acreditó "la finalidad" de los mismos, "dado que la misma persona que ejecuta el gasto lo autoriza", según reveló el informe de BDO.

El juez Toro, que investiga a Sáez por supuesta administración desleal y apropiación indebida, se hizo cargo de la instrucción después de que el expresidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, le pusiera sobre aviso de la investigación en el marco de la querella que este último interpuso contra el máximo dirigente del CSD, el entonces secretario de estado para el Deporte, Miguel Cardenal, sustituido por el nuevo ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, el pasado 8 de noviembre.

La denuncia de Escañuela contra Cardenal fue archivada por el magistrado, pero los datos que aportó el querellante sirvieron para iniciar una nueva investigación sobre las cuentas de la Federación de Baloncesto. El juez reclamó al CSD la mencionada auditoría, que el organismo ya había remitido al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y éste a la Fiscalía General del Estado, a la que no dio tiempo a interponer querella, dado que el Juzgado 36 de Madrid incoó diligencias previas antes de que el ministerio público moviera ficha.

Cardenal ya admitió que el CSD había recibido un requerimiento del Juzgado, pero no indicó qué reclamaba el magistrado y se limitó a señalar que era la Subdirección de Régimen Jurídico del organismo la que se encargaba de realizar esos trámites. Durante estos días, además de analizar las cuentas oficiales de la Federación de Baloncesto proporcionadas por el CSD, el magistrado está tomando declaraciones a excomponentes de la cúpula de la Federación de Baloncesto, como el actual presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, quien respondió a las preguntas del juez el pasado 3 de noviembre, o el propio Joan Fa.

Además de los gastos realizados por el expresidente Sáez, la investigación también pone en duda el comportamiento del que fuera secretario general económico de la Federación de Baloncesto, Luis Giménez, que admitió en diferentes correos electrónico que la agrupación deportiva llevaba una doble contabilidad en lo relativo a los gastos que hacían algunos familiares del máximo mandatario de la FEB a cargo de las cuentas federativas. En la misma línea, según reflejó la auditoría, además de Sáez y Giménez, también contaba con tarjeta incontrolada el director de eventos, Francisco Barranco, quien supuestamente imputó a las cuentas de la Federación 114.000 euros.