La AN obliga a De la Mata a cerrar el caso contra Caja Madrid por sobretasar hipotecas

Ni estafa, ni administración desleal, ni falsedad documental ni asociación ilícita. La sobretasación de inmuebles con hipotecas que superaban su precio de mercado y la concesión de estos préstamos a inmigrantes sin apenas arraigo en España por parte de Caja Madrid entre 2003 y 2009no tienen ninguna trascendencia penal. La sección tercera de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez José de la Mata que archive la querella presentada por dos accionistas de Bankia pertenecientes al Tribunal Ciudadano Popular -una asamblea del 15-M- contra el expresidente de la entidad Miguel Blesa y su exdirector general Ildefonso Sánchez Barcoj. Lo hace tras admitir un recurso de este último al que se ha sumado la Fiscalía.

De la Mata aceptó la competencia para investigar el caso y abrió su investigación el pasado 30 de marzo. Se dirigía contra una veintena de miembros del consejo de administración de Caja Madrid entre 2003 y 2009, en pleno 'boom' inmobiliario, por la práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles a la hora de conceder hipotecas, así como por la concesión de créditos a clientes que, por su reducida solvencia, debieron ser rechazados, lo que, según los querellantes, derivó en el rescate de Bankia con 22.000 millones de euros.

Laquerella,presentada por dos accionistas de Bankia miembros de esa asamblea del 15-M-Santiago Barroso Gamella e Isabel Menéndez Muñiz-, se dirigíatambién contra la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid SA, que, según el instructor del caso, "valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos". Al abrigo de estas sobretasaciones,"se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100%del precio de compraventa de los inmuebles hipotecados", prosigue la resolución.

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El auto de De la Mata aseguraba que Caja Madrid, mediante esta sistemática, "concedía préstamos hipotecarios de 20 o más años a personas extranjerascon permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez". Ello derivó en "una cartera hipotecaria de alto riesgo que, en ciclos de recesión como el actual, explicaron la mayor mora" de Bankia comparada con el resto de entidades de crédito, así como "la acumulación de pérdidas".

La querella del 15-M mantenía que esa conducta constituía un delito de estafa presuntamente cometido por los miembros de la comisión ejecutiva de la caja, que debían haber detectado y combatido esas anomalías en las tasaciones y en la concesión de los créditos. Esos directivos, según los querellantes, debieron comunicar las anomalías al consejo de administración y a la comisión de control.

"Mal puede existir el engaño de la entidad", sostienen ahora los magistrados Alfonso Guevara (presidente), Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, "si la contratación de préstamos dio lugar a la emisión de cédulas hipotecarias compradas por terceros, cuando precisamente la concesión de los préstamos era positiva para la entidad". Con el estallido de la burbuja, gran parte de esas hipotecas derivaron en impagos sistemáticos.

Respecto a la administración desleal que denunciaba la querella, el Tribunal Ciudadano de Justicia sostenía que mediante las sobretasaciones y las concesiones de hipotecas a personas sin recursos se generaba un perjuicio patrimonial grave a Caja Madrid, ya que esa conducta puso enriesgo los caudales de la entidad, riesgo que, según los querellantes, fue voluntario y vulneró el deber de control y fidelidad de los administradores de la caja, lo que, con los años, habría llevado al rescate de Bankia, la entidad en la que se fundió.

La sala, sin embargo, lo niega, al considerar que el rescate no tuvo nada que ver con estas prácticas de los años anteriores. El tribunal asegura que Bankia "no es sucesora directa" de la caja y que la primera inyección de dinero que obtuvo la entidad actualmente dirigida por José Ignacio Goirigolzarrise produjo en diciembre de 2010, después del periodo al que se refiere la querella (2003-2009).

Respecto a la falsedad de las tasaciones -encargadas todas ellas a Tasamadrid SA-, el tribunal niega que existiera. "Las certificaciones que contenían las tasaciones tenían naturaleza de documentos auténticos", mantiene la Sala, que asegura que los desvíos que se produjeron no constituirían delito porque esos documentos no se elaboraron "para acreditar en el tráfico una relación jurídica inexistente". "En el caso, la mendacidad en el valor de tasación, si hubiera existido, no convertiría el documento en inauténtico [falso] sino simplemente inveraz en su contenido", concluyen los magistrados.