comisión europea

Ultimátum de Europa a España: o liberaliza la estiba o sufrirá multas millonarias

La Comisión Europea inicia un proceso sancionador contra España por incumplir la sentencia del Tribunal de la UE que obligaba a reformar el sector de trabajadores de los puertos

Foto: Puerto de Valencia. (EFE)
Puerto de Valencia. (EFE)

La Comisión Europea ha dado el último paso antes de multar a España con cantidades millonarias por no liberalizar el sector de la estiba, que engloba a los trabajadores de los puertos españoles. El organismo ha decidido llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se inicie un procedimiento sancionador por incumplir la sentencia de 11 de diciembre de 2014, que obligaba al Gobierno a modificar el sistema monopolístico de los trabajadores de los puertos.

En concreto, la resolución judicial censuró el funcionamiento de las empresas estibadoras, que se integran en una sociedad central y contratan prioritariamente al personal que indica esta sociedad. Esta práctica, determinó la sentencia, va en contra del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Desde que el Tribunal de Justicia de la UE emitió la sentencia, sin embargo, el Gobierno no ha iniciado el proceso de reforma legislativa.

Fuentes del Ministerio de Fomento explican que nada más conocerse la resolución, se pusieron a hablar con los actores implicados, estibadores y patronal, con el fin de modificar la ley y liberalizar el sector, como pedía el alto tribunal comunitario. Sin embargo, las propuestas que dieron estibadores y patronal eran sustancialmente diferentes y no se pudo llegar a un acuerdo. Añaden desde Fomento que fue entonces cuando el ministerio tuvo que elaborar una tercera propuesta, que se convirtió en un borrador que remitió a la Unión Europea. Sin embargo, ya era demasiado tarde.

Para ese momento, las elecciones generales acababan de celebrarse y, por lo tanto, con ellas disminuyó considerablemente la capacidad legislativa del Ejecutivo en funciones. Desde entonces, Fomento ha tratado de pedir comprensión a la Comisión Europea, dado que con un Gobierno en esta situación es prácticamente imposible realizar modificaciones legislativas de este nivel, entienden las fuentes ministeriales consultadas.

La reciente decisión de la Comisión Europea de iniciar el proceso sancionador, confiesan las mismas fuentes, cambia sustancialmente el escenario y provoca que el Gobierno tenga la obligación de replantearse la posibilidad de comenzar una reforma. Por el momento, Fomento no ha tomado una decisión, aunque reconoce que debe hacerlo en los próximos días.

Ana Pastor, ministra de Fomento, en una reciente visita al Puerto de Barcelona. (EFE)
Ana Pastor, ministra de Fomento, en una reciente visita al Puerto de Barcelona. (EFE)

Las dos opciones que tiene Ana Pastor

En este contexto, el departamento dirigido por Ana Pastor tiene dos opciones. Una, optar por no hacer nada y asumir, por lo tanto, la millonaria multa que puede caerle por incumplir la sentencia del alto tribunal europeo. O dos, decidir llevar el borrador en forma de real decreto al Consejo de Ministros con el fin de que este órgano lo apruebe. Aun así, el real decreto debería convalidarlo posteriormente la Comisión Permantente del Congreso de los Diputados, que en estos momentos no tiene el mismo reparto de diputados que antes de las elecciones.

En concreto, el PP no dispone de mayoría en esta Comisión Permanente, con lo que tendría la obligación de buscar apoyos que respaldasen la iniciativa legislativa en un momento muy sensible y casi en campaña electoral, lo que se torna enormemente difícil, y más teniendo en cuenta que el borrador de real decreto no cuenta con el consenso del sector de la estiba.

Por otro lado, el Gobierno estableció poco después de las elecciones que únicamente legislaría en asuntos de urgencia y necesidad extrema, por lo que antes de la supuesta aprobación de la reforma en el Consejo de Ministros, los responsables del Ejecutivo deberían decidir si este tema forma parte de ese conjunto de asuntos de urgencia. 

Comienzo del proceso de sanción

Fuentes de la Comisión Europea, por otra parte, explican que esta nueva decisión comunitaria conlleva el inicio de un proceso de sanción que se podría alargar durante meses antes de que se establezcan las cuantías de las multas, que serían periódicas hasta que España ejecutara la reforma legislativa. Las mismas fuentes señalan que la propuesta inicial de modificación planteada por el Gobierno no satisfizo a la Comisión, porque esta entendía que las medidas que incluía no garantizaban las restricciones detectadas por el organismo comunitario. Además, la Comisión tampoco tenía claro que estas propuestas fueran realistas y pudieran aplicarse.

Algunos medios hablaban de que las multas que podría imponer ahora la Comisión se sitúan en torno a los 10.000 euros diarios si España no liberaliza el sector de la estiba, formado por unos 7.000 trabajadores capaces de paralizar la actividad económica de España en caso de convocar una huelga. Fuentes de este campo aseguran que los empleados de la estiba cobran entre 60.000 y 100.000 euros al año en los principales puertos de España (Valencia, Algeciras y Barcelona), tienen jornadas de seis horas diarias y cuentan con la posibilidad de jubilarse a los 55 años, gracias a los convenios que tienen.

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
7 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios