7.000 euros por una sola persona

Interior gastó 26 millones en fletar vuelos para expulsar a extranjeros desde 2011

Los de mayor coste se corresponden con aquellos organizados junto a Frontex, la Agencia Europea de Vigilancia en Fronteras

Foto: Imagen de archivo de una protesta durante el Día Internacional del Migrante.
Imagen de archivo de una protesta durante el Día Internacional del Migrante.

Los vuelos de expulsión forzosa de ciudadanos extranjeros que se encuentren bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizados por el Ministerio del Interior, han supuesto un gasto de 26,28 millones de euros en los últimos cinco años. El pasado lunes, entró en vigor el pacto entre la Unión Europea y Turquía para deportar hacia este país a los refugiados e inmigrantes irregulares que lleguen a Grecia. Un procedimiento de expulsión similar que en España es habitual desde hace años.

 

Dicho procedimiento se ha repetido con más de 4.000 'sin papeles' en España, lo que ha provocado que el coste de deportación de una única persona supere los 7.000 euros de media para las arcas públicas. En total, y durante el último lustro, Interior ha fletado 116 viajes de expulsión.

Los vuelos de mayor coste se corresponden con aquellos organizados junto a Frontex, la Agencia Europea de Vigilancia en Fronteras. En marzo de 2014, se ejecutó el vuelo más caro del período analizado. En dicha operación, expulsaron a tres personas de territorio nacional y el coste superó los 50.000 euros por individuo.

 

De esta forma, entre 2011 y octubre de 2015, España ha expulsado a 4.674 personas. Es decir, un ritmo de deportación de casi tres personas al día, de acuerdo a los datos parciales aportados por el Ministerio del Interior en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública presentada por El Confidencial en el portal de transparencia [descargue aquí los datos].

Los pliegos del contrato que Interior ha sacado a concurso establecen una serie de condiciones a cumplir por parte de la empresa adjudicataria. Unos requisitos que, de acuerdo al texto, son como los de cualquier vuelo turista con comida incluida en función de la duración del vuelo pero sin bebidas alcohólicas. Unas condiciones en las que, a tenor de las adjudicaciones, se han especializado las compañías aéreas Swiftair y Air Europa.

Unos vuelos polémicos

Al margen de las empresas adjudicatarias, las normas que establece el pliego no se han cumplido por parte de la Policía Nacional y Frontex, según las denuncias de varias organizaciones de derechos humanos. Como señala una de las portavoces de la Asociación Karibu, Begoña Santos, las expulsiones han estado envueltas en la polémica por “agresiones y el incumplimiento en los plazos de notificación de expulsión del repatriado [tiene que comunicarse 12 horas antes de la salida del vuelo]”.

Además, las dudas del Gobierno español previas a la ratificación del acuerdo entre la UE y Turquía contrastan con la ejecución de este procedimiento de expulsión con casos comprometidos por parte de España. La portavoz de Karibu afirma que tienen constancia de que se han dado casos de “solicitantes de asilo que al día siguiente fueron expulsados”. Y la puerta de salida sigue abierta, ya que Interior ha hecho un nuevo anuncio de licitación por un valor de 11,8 millones de euros.

Interior omite parte de la información solicitada

Por otro lado, la información solicitada a través del portal de transparencia carece del detalle de los aeropuertos de origen y de destino de los vuelos. En la respuesta a la solicitud presentada por este diario, el Ministerio del Interior argumenta que “estadísticamente no se lleva la contabilización del aeropuerto concreto desde donde se realizó la salida del vuelo”, además de que “la difusión del aeropuerto de destino y escalas de vuelo podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados (...) lo que afectaría gravemente la eficacia de nuevas expulsiones”.

Detalle de la respuesta a la solicitud de acceso a la información.
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Detalle de la respuesta a la solicitud de acceso a la información.

Por el contrario, el Defensor del Pueblo publica cada año un informe titulado 'Mecanismo nacional de prevención de la tortura', en el que detalla parte de la información que Interior deniega. La información, como indican al pie de las tablas que contiene el informe, ha sido elaborada “a partir de datos facilitados por la DGP [Comisaría General de Extranjería y Fronteras]”, un organismo dependiente de Interior.

Algunos de los países de destino con mayor frecuencia de vuelos son Marruecos, Nigeria, Senegal y Mauritania. Aun así, en el informe no está recogida la información de todos los vuelos que se han producido en los últimos años.

Este diario se ha puesto en contacto con Interior para conocer la disparidad de criterios al ofrecer los datos. Desde el ministerio, tras consultar de nuevo con la Policía Nacional, se remiten a la respuesta dada en la solicitud de transparencia: “Estadísticamente no se lleva la contabilización del aeropuerto concreto”. Una respuesta que obvia por segunda vez que dichos datos sí se recogen y se proporcionan al Defensor del Pueblo.

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