Hacienda pide tres años de cárcel para Borja Thyssen por fingir su residencia en Andorra

La Agencia Tributaria ha puesto las cartas sobre la mesa en uno de los dos procedimientos que ha emprendido contra Borja Thyssen por fraude fiscal. Según fuentes próximas al juzgado de Pozuelo de Alarcón que instruye el caso, la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, presentó hace unos meses el escrito de calificación en el que pide para él tres años de cárcel por defraudar unos 630.000 euros en los impuestos de la renta y patrimonio de 2007 al fingir que vivía en Andorra. La defensa de Borja Thyssen insiste en que residía en el principado y que la actuación de Hacienda fue “absolutamente ilegal”.

“Por favor, por favor… no me hagáis fotos, que para Hacienda vivo en Andorra”. Borja Thyssen recibió así a un grupo de periodistas que el pasado abril le cazaron en Barcelona. Y es que la supuesta residencia en Andorra es desde 2013 motivo de conflicto entre la Agencia Tributaria y él. Hacienda le denunció el 11 de junio de ese año por haber defraudado en los impuestos de la renta y patrimonio. Según fuentes conocedoras del procedimiento, Hacienda acusa a Thyssen de no tributar en España por sus múltiples ingresos de ese año, que incluyen los 300.000 dólares de adelanto del pacto de Basilea, el acuerdo que establecía el reparto de la herencia del barón Thyssen.

La defensa de Thyssen sostiene que “no ostentaba la cualidad de residente fiscal en España” en 2007

Para ser residente fiscal en el extranjero hay que pasar más de 183 días fuera de España. En los últimos años, Hacienda ha denunciado a otros millonarios por simular residencia fiscal en el exterior. Son empresarios como José María Aristrain de la Cruz (Suiza) o Demetrio Carceller (Portugal). En estos casos, Hacienda acude a todo tipo de registros para demostrar que no cumplen los requisitos: facturas, gastos de calefacción, agendas, billetes de avión, uso de tarjetas y llamadas... para intentar demostrar que realmente pasan más de seis meses en España. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) requirió a la empresas de guardaespaldas de Borja Thyssen sus estancias en España, para intentar acreditar que no pasaba seis meses en Andorra. En la instrucción aparecen empresas desde EEUU que manejan cuentas en Andorra, según fuentes próximas al caso.

En febrero de 2015, la juez de Pozuelo que lleva el caso dio por terminada la instrucción y pidió a las partes que acusaran. Consideraba que ya había indicios suficientes para juzgar a Thyssen por fraude fiscal. Sin embargo, la fiscalía de delitos económicos de Madrid recurrió a la Audiencia Provincial al considerar que aún faltaban pruebas por practicar. Mientras la Audiencia de Madrid decidía sobre el recurso de la fiscalía, la Abogacía del Estado presentó su escrito de acusación. Pide para Thyssen tres años de cárcel por haber defraudado unos 630.000 euros (a partir de 120.000 de cuota defraudada es delito fiscal). En estos casos, la abogacía suele pedir más pena que la fiscalía. En ocasiones se pueden aplicar atenuantes como las dilaciones en el proceso. De ser aceptadas, lo normal es que la condena quede en menos de dos años y sin antecedentes penales no se ingresa en prisión.

La ONIF requirió a la empresas de guardaespaldas de Borja Thyssen sus estancias en España

En septiembre pasado, la Audiencia Provincial ordenó seguir la instrucción al considerar que faltaban pruebas esenciales, como el interrogatorio a los inspectores de la ONIF que denunciaron y al representante de Borja Thyssen. La fiscalía de delitos económicos de Madrid quería pedir a Thyssen que aportara el pacto de Basilea, el acuerdo al que llegaron y firmaron en febrero de 2002 el barón Thyssen-Bornemisza y sus hijos para dividir la herencia en cinco 'trusts'. Borja participa a través del 'trust' atribuido a su madre, Trust Caravaggio.

Pedro Mejías, abogado de Borja Thyssen, niega todas las acusaciones. Según este, Borja Thyssen “no ostentaba la cualidad de residente fiscal en España” ese año. “El escrito de acusación de la Abogacía del Estado es incorrecto e impreciso en muchos de sus extremos, como se argumentará en el correspondiente escrito de defensa. Adicionalmente, la actuación de la AEAT que dio origen al procedimiento en relación con dicho ejercicio fue completamente ilegal, motivo por el cual esta parte efectuó la correspondiente reserva de acciones e inició los correspondientes procedimientos administrativos contra tal actuación”, señala por correo electrónico. La defensa ha esgrimido para pedir la absolución que la denuncia que presentó la fiscalía en el juzgado recoge sin más investigación el trabajo de la ONIF contra Thyssen.

No es la única causa que Borja Thyssen tiene abierta en los juzgados de Pozuelo. A solo unos metros, en el mismo complejo de edificios que imitan la arquitectura romana, en el juzgado de instrucción 4, tiene otro procedimiento penal abierto por el impuesto sobre la renta de 2010. La base de la declaración son los cinco millones del pacto de Basilea, la liquidación de la herencia del barón. Hacienda considera que la declaración no es correcta.

Mejías, abogado de Thyssen, resta importancia a este segundo procedimiento: “La discrepancia con la AEAT es meramente técnica y consiste en la diferente consideración de determinados ingresos a la hora de establecer su tratamiento fiscal. En ningún caso existió intencionalidad defraudatoria y por ende, no puede haber delito”.