El comisario del caso Nicolás se queja al juez de que la Policía obstaculiza su trabajo

El comisario que investiga el caso Nicolás, Marcelino Martín Blas, ha denunciando ante el titular del Juzgado número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, que la Dirección Adjunta Operativa de la Policía utiliza a sus mandos subordinados para obstaculizar la instrucción de uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años.

Martín Blas, nombrado por el propio magistrado como principal investigador y responsable de la comisión que ejerce de Policía Judicial en el caso, asegura en un escrito dirigido al juez y fechado el pasado 11 de enero que la dirección está incurriendo en una serie de “irregularidades manifiestas” que denotan una “falta de colaboración” por parte de los responsables policiales, lo que está provocando “un grave retraso en la investigación judicial”.

Martín Blas no descarta además que estas dilaciones en las pesquisas estén haciendo que desaparezcan “pruebas necesarias para la investigación”, ya que el tiempo corre siempre en contra de los investigadores y también de los plazos marcados por la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su escrito, el jefe de la comisión judicial nombrada por Zamarriego recuerda que ya informó el pasado 14 de diciembre al director de la Policía, Ignacio Cosidó, de las “reiteradas declinaciones” de solicitudes de información que estaba sufriendo y le advirtió de que estas trabas “podrían ser constitutivas de la correspondiente infracción penal”, aviso que no recibió respuesta por parte del máximo responsable del cuerpo.

En concreto, Martín Blas se refería a siete oficios (cuatro con fecha del pasado septiembre y tres de octubre) en los que el comisario responsable de las pesquisas pide a diferentes unidades de la Policía que le faciliten información. En todos los casos, relata, la respuesta fue negativa, y también en todos “los mandos policiales firmantes referían seguir instrucciones del director adjunto operativo”, Eugenio Pino, número dos del cuerpo.

El jefe de la comisión judicial detalla que el subdirector general de Logística de la Policía, por aquel entonces el ya jubilado Pedro Polo, “se amparó en la Ley de Protección de Datos para no facilitar” el pasado 19 de octubre la identidad de los usuarios de unos números de teléfono corporativos utilizados por funcionarios del cuerpo, a pesar del carácter de Policía Judicial que Zamarriego confirió a los solicitantes.

El mismo Polo, prosigue Martín Blas, ya había denegado otra petición 15 días antes. Esta vez, añade, el subdirector argumentó que “a petición de la Dirección Adjunta Operativa, se recuerda que los miembros de la comisión judicial no forman parte de la Unidad de Asuntos Internos”, excusa que los demandantes responden recordando nuevamente que actúan por orden del juez.

En la misma línea, Martín Blas se queja de que el pasado 2 de julio el comisario jefe de la Unidad de Informática -dependiente de Logística- negó a los investigadores las contraseñas para acceder al Registro Mercantil, al Catastro, al Registro de la Propiedad, al Consejo General del Notariado y al portal informático Axesor. El responsable de Informática argumentó que las solicitudes de información a estas bases de datos deben realizarse a través de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), porque así lo hacen todos los policías en virtud del convenio firmado por ambas partes.

El investigador del caso Nicolás, sin embargo, disconforme con la respuesta, arguye ante el juez que hay excepciones a estos casos. En concreto, se refiere a la Unidad de Asuntos Internos, que él mismo dirigía y que tiene acceso directo a estas bases de datos. “Esta comisión judicial tiene un carácter y unas necesidades especiales de acceder directamente a estas bases de datos”, continúa el comisario, quien añade que de este modo ningún mando podrá controlar lo que se pide, extremo que el propio instructor prevé en sus escritos.

No en vano, recuerda Martín Blas, Zamarriego “habilitó” al equipo investigador como Policía Judicial y le dio poder para “recabar directamente de la Policía Nacional cuanta información precise en relación con la investigación”. En su escrito de queja ante el magistrado, el comisario hace hincapié en el término 'directamente', que entiende que el instructor utilizó con el fin de que los investigadores pudieran dirigirse al funcionario que realice el trabajo que ellos necesitan y no tengan que pasar por sus jefes.

Incluso una providencia dictada el pasado 21 de abril por Zamarriego, a la que Martín Blas también alude, ordenaba a los investigadores “comunicar directa y exclusivamente al juzgado el resultado de las actuaciones que practiquen”, escrito con el que -según considera el exjefe de Asuntos Internos- el magistrado está pidiendo la máxima discreción.

El director adjunto pide acceder a la información

El comisario se queja también, por otro lado, de que la Dirección Adjunta de la Policía está tratando de acceder a la información que manejan los investigadores del caso, a pesar de que el juez ha advertido expresamente de que estos últimos únicamente deben reportar al magistrado.

En concreto, relata Martín Blas, el pasado 17 de diciembre él recibió un oficio firmado por el subdirector general del Gabinete Técnico de la Policía, José Manuel Pérez, que contaba con el visto bueno expreso del director adjunto operativo, Eugenio Pino, número dos de la corporación por debajo de Cosidó.

El escrito ordenaba al responsable de la investigación judicial dar cuenta de sus actuaciones a sus superiores de la Comisaría General de Policía Judicial, “de la que dependerá orgánica y funcionalmente [el jefe de las pesquisas] mientras” dure la comisión nombrada por el instructor del Juzgado número 2 de Madrid.

Este oficio -como expresa también Martín Blas- contradice la citada providencia dictada por el juez Zamarriego el pasado 21 de abril. El magistrado excluía expresamente, por lo tanto, a sus jefes del acceso a la información de las pesquisas judiciales. Específicamente, el titular del Juzgado número 2 de Madrid detallaba que los investigadores no tendrán “que dar cuenta a sus superiores jerárquicos, cualquiera que fuera la categoría o el rango funcionarial de estos”.

De ahí que Martín Blas haya pedido una aclaración tanto a Pino como al propio director general, Ignacio Cosidó. En un escrito remitido a ambos cuatro días después de que los comisarios Pérez y Pino le ordenaran informar a sus superiores, el responsable de la investigación solicita “que se aclare con detalle” qué quiere decir con el cambio de dependencia orgánica y funcional, y recuerda a sus jefes que el juez ya prohibió “expresamente (...) facilitar todo tipo de información a sus superiores jerárquicos”.

El enfrentamiento entre Martín Blas y Pino tiene lugar después de que el primero fuera cesado como jefe de Asuntos Internos por el segundo el pasado abril. Martín Blas dirigía desde este departamento las investigaciones relativas al caso Nicolás, pero un conflicto con el comisario José Villarejo, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, provocó su destitución.

Martín Blas presentó un informe ante el juez Zamarriego en el que identificaba a Villarejo como una de las personas que se encontraban en un lugar en el que se estaban haciendo seguimientos. La inclusión del nombre de Villarejo en el documentó provocó el consiguiente enfado de este último, que se considera un agente encubierto, y desató un batalla que acabó con el cese de Martín Blas.

El movimiento previsiblemente apartaría también a Martín Blas de la investigación del caso Nicolás, pero nada más lejos de la realidad. El juez Zamarriego ordenó que este comisario y su equipo se encargaran en comisión judicial de continuar las pesquisas en el más absoluto secreto, sin informar a sus jefes y reportando únicamente al magistrado.