Sigue la guerra: Asuntos Internos señala a Villarejo por ayudar al líder de una banda
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Sigue la guerra: Asuntos Internos señala a Villarejo por ayudar al líder de una banda

Asuntos Internos ha abierto una nueva vía de investigación que podría salpicar a Villarejo tras la denuncia del líder de la organización criminal Harischadra Taranchand Varma

placeholder Foto: El director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)

El enfrentamiento entre la Unidad de Asuntos Internos y el comisario de Policía José Villarejo ha vuelto a quedar patente en una investigación sobre extorsión y revelación de secretos que investiga una juez de la localidad madrileña de Fuenlabrada tras la denuncia del líder de la organización criminal Harischadra Taranchand Varma, detenido en noviembre en la 'Operación Prima'. La magistrada ha iniciado una investigación tras la afirmación del ciudadano indio de que había sido extorsionado por miembros de la Policía. A día de hoy, están imputados dos traductores, de esa misma nacionalidad, que trabajan para el Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, Asuntos Internos ha abierto una nueva vía de investigación que podría salpicar a Villarejo.

Según recoge la instructora en un auto fechado el 21 de mayo y al que ha tenido acceso El Confidencial, la investigación policial concluye que, además de los dos traductores imputados, existe la posibilidad de que otras personas hayan facilitado información reservada de la causa al principal imputado, persona que podría tener condición de funcionario. En este caso, la juez señala que se trataría de un delito de revelación de secretos por haber facilitado información reservada “que pudo afectar a la buena marcha de la causa”.

Según se relata en la resolución, una persona, a través de dos líneas telefónicas distintas, habría alertado a Varma el 4 de abril de 2014 de que las matrículas de los coches que sospechaba que le estaban siguiendo eran policiales. En ninguna de las dos líneas que utiliza esa persona consta un DNI ni empresa asociada. En una de ellas aparece el nombre de Martín Reyes Villa y en la otra JJ Hidalgo, identidades que ahora la juez quiere averiguar si corresponden aalguna persona que pertenezca a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La juez afirma que “existen indicios suficientes” de que Varma había obtenido “información acerca de los avances de la investigación

Estos datos aparecen en las intervenciones telefónicas llevadas a cabo por la Policía durante la instrucción del caso por parte de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y que concluyó con la detención de 65 personas en noviembre del pasado año trasla desarticulaciónde la'Operación Prima'que formarían parte de una organización criminal dedicada fundamentalmente al fraude. Del análisis del tráfico de llamadas, la Policía recoge en un informe que la única información que se desprende de éste es la existencia de alguna conversación con Óscar Jiménez Rubia, abogado e imputado en la causa principal.

Preguntó por los coches que seguían a Varma

A esta información se añade la aportada por el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, donde indica que ese mismo 4 de abril el comisario 14.773 –José Villarejo–le solicitó información sobre una matrícula de coche al conocer que un empresario indio podía estar siendo extorsionado por quienespodrían ser policías. Tras comprobar desde Asuntos Internos esa matrícula se le entrega una nota manuscrita “y posteriormente es cuando tras contactar con Óscar Jiménez se interpone denuncia en Asuntos Internos por Varma”.

Esta conclusión hace, para la Policía, necesario que se analicen las líneas de teléfono que justo después alertan al sospechoso de que efectivamente se trataba de un coche policial. De ahí que la juez requiera a la compañía Movistar el posicionamiento de esa línea en esas fechas, así como todos los datos de contratación de la línea, al igual quelas formas de pago. Además, ordena a Asuntos Internos que practiquen todas las “gestiones posibles” sobre las personas de Martín Reyes y JJ Hidalgo.

La magistrada afirma que “existen indicios suficientes” de que Varma había obtenido “información relevante acerca de los logros y avances de la investigación, a cambio de pago de ciertas sumas de dinero, con el grave perjuicio que para la causa penal hayan podido derivarse esta filtración de información relevante”. Aquellas personas que le facilitaron información, y que según el principal imputado tenían como único objeto extorsionarle, sólo habrían podido obtenerse mediante el conocimiento directo del contenido de las conversaciones.

En ese mismo auto, la titular del Juzgado de Fuenlabrada también ordena un estudio económico para averiguar si los dos traductores imputados, Ijaz Ahamad y Ali Shan, habrían cobrado dinero a cambio de entregar información a Varma, obtenida de la traducción de las conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación antes de la desarticulación de la organización criminal que les había sido encomendada, y que Varma denuncia que se trató de una extorsión. Para ello, requiere tanto a la Asociación Española de Banca como a la Confederación Española de Cajas de Ahorro que le remitan toda la documentación respecto de cuentas, depósitos, cajas de seguridad, títulos o acciones a nombre de los imputados o de las personas más próximas a estos.

Enfrentamiento entre comisarios

El enfrentamiento entre Villarejo y Martín Blas se hizo patente en el caso del pequeño Nicolás, después de que Asuntos Internos señalara al comisario con una de las personas que ayudó aljoven investigado, pulso que acabó conla salida del segundo de la Unidad que dirigía. En los últimos meses, la figura de Villarejo se ha visto trastocada tras saltar a la luz que cuenta con doce empresas, cuatro de ellas millonarias, y que mantiene a pesar de su condición de funcionario público. Sin embargo, este comisario recibió el respaldo del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien entendió que no existía incompatibilidad con su cargo.

Villarejo, que hasta ahora había conseguido mantenerse al margen del foco público, saltó a la palestra tras denunciar al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la compra de un ático en Marbella, y en la que involucra al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, después de que el dirigente 'popular' denunciara que había sido chantajeado por el funcionario policial.

Comisario Villarejo Ministerio del Interior Jorge Fernández Díaz
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