El Tribunal de Cuentas detecta otro agujero de cuatro millones en la formación

Los cursos de formación para empleados han acabado siendo un enorme agujero en las cuentas del Estado. En los últimos años han saltado algunos escándalos en torno a esta forma de financiación, pero en realidad se trata más bien de una práctica generalizada en la que el sistema va siempre por detrás de los defraudadores. Un informe del Tribunal de Cuentas publicado este martes saca a relucir toda una cultura del engaño que, solo en el año 2012, ha hecho perder a la Seguridad Social al menos cuatro millones de euros.

El agujero detectado por el Tribunal de Cuentas está en la llamada formación a demanda. Estos cursos son aquellos que solicitan las propias empresas cuando detectan alguna carencia o necesidad en sus empleados, y se ejecutan con un sistema de bonificaciones con el que las empresas pueden descontar parte de las cuotas para formación que por ley deben pagar a la Seguridad Social. La formación a demanda no tiene nada que ver con el sistema de formación de oferta, que funciona con subvenciones de la Administración para hacer cursos.

Lo que ha detectado el Tribunal de Cuentas es que al menos 1.064 empresas falsearon sus boletines de cotización y aplicaron importes de bonificación superiores en 1.000 euros al crédito máximo disponible. Eso les permitió ahorrarse unas cantidades que en total suman 3.987.721 euros. Ese es el dinero que ha dejado de ingresar la Seguridad Social.

Del informe del Tribunal de Cuentas se deduce además que las empresas españolas no creen en la formación de sus trabajadores. Señala que los cursos que se hicieron respondían más a la oferta de las entidades organizadoras de formación y academias antes que a las necesidades específicas de los propios trabajadores. Es decir, que la formación que se impartía era innecesaria o poco útil para los empleados.

El análisis del organismo fiscalizador señala también muchos problemas en el control del sistema. En el informe se explica, por ejemplo, que hay empresas que, pese a haber aplicado indebidamente las bonificaciones de sus cuotas de la Seguridad Social en años anteriores, han seguido beneficiándose de esos descuentos sin que nadie las controlara. Señala el caso de una empresa, aunque no se cita cuál es, con un importe pendiente de devolución de 1.454.465 euros.

Entre la cantidad de fallos, posibles fraudes o problemas que encuentra el Tribunal de Cuentas, destaca también una mención a los permisos individuales de formación que autorizan las empresas a sus trabajadores. Tampoco se realizan, según el estudio, atendiendo a la iniciativa voluntaria de los trabajadores sino a la de la empresa.

El estudio se ha hecho además sin toda la información requerida por el Tribunal de Cuentas. A veces no consta la identificación de los trabajadores que realizaron los cursos ni las fechas de impartición, con lo que los fiscales no han podido comprobar si los cursos se hicieron o no, ni la veracidad de las bonificaciones aplicadas como consencuencia de los permisos voluntarios para formación.

El estudio también incluye recomendaciones, pero todas pueden resumirse en una: mayor control.