Primera denuncia al plan de Sanidad para dar cobertura a los inmigrantes sin papeles

A la espera de que se celebre la reunión entre Sanidad y las Comunidades Autónomas el próximo 2 de septiembre, el debate sobre la asistencia médica a inmigrantes irregulares está servido. Las recientes críticas de algunas autonomías y la disparidad de opiniones entre formaciones, incluso en las filas del propio partido en el Gobierno, han cristalizado este jueves en la primera denuncia cautelar elevada ante el Defensor del Pueblo por la Red Española de Inmigración. Esta plataforma, que integran juristas y expertos en este fenómeno social, considera que el requisito que planteó el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, el pasado martes en los pasillos del Congreso es un intento de “estigmatizar a las personas migrantes”.

Además de provocar un “efecto llamada” a “posturas radicales, xenófobas y contrarias a las políticas de integración, la Red Española de Inmigración argumenta en un comunicado que el registro de Alonso supondrá “un mayor gasto administrativo al tiempo que una grave inseguridad” en tanto que el Ejecutivo no ha explicado si los datos recabados tendrán “un uso añadido al ser accesibles a los cuerpos y seguridad que podrían actuar sumariamente”. Para esta ONG sienta un mal precedente los ingresos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de migrantes identificados como irregulares.

Alonso, que ha participado este jueves en una reunión en la Moncloa para evolucionar el cumplimiento de la ley integral contra la violencia machista, ha insistido en que no se pueden entregar tarjetas sanitarias “sin control” y ha apelado al consenso. “Me parece muy importante que haya un sistema armonizado a nivel estatal” porque “cada uno por libre no funciona”.

Soluciones “sin volver al turismo sanitario”

El propósito deAlonso es buscar con las comunidades en la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Salud de septiembre una solución “seria y consensuada” a la atención sanitaria después de que ocho regiones díscolas hayan devuelto la asistencia a los inmigrantes en situación irregular.

El Gobierno descarta de pleno regresar a la tarjeta sanitaria universal previa a la reforma de 2012, que en plena estrategia de recortes y entre otras medidas excluía a los llamados “sin papeles” de la cobertura normalizada, y aspira a encontrar una salida que no implique “volver al turismo sanitario” que según Alonso tenía un coste para el Estado de mil millones de euros anuales. Lo que se desconoce es el monto que ha supuesto el ahorro desde que se anularon las tarjetas sanitarias para los irregulares.

Críticas para todos los gustos

Andalucía, Cataluña y País Vasco ofrecen sanidad universal desde 2012, a pesar de la entrada en vigor del decreto de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que lo restringía. Y las cinco restantes, que son Aragón, Baleares, Cantabria, la Comunidad Valenciana y Madrid han decidido apuntarse a la seguridad universal con el cambio de gobierno posterior a las elecciones municipales y autonómicas de mayo pasado. Todas ellas han expresado su malestar en los últimos días por la medida del Gobierno.

El caso más paradigmático es el de la Comunidad de Madrid, que gobierna la popular Cristina Cifuentes, y que según matizó el miércoles, ordena de manera “provisional” que los centros sanitarios atiendan a todos los inmigrantes irregulares hasta que se defina la política unificada el próximo 2 de septiembre. La oposición resaltó este miércoles esas contradicciones entre el Gobierno y el PP, cuando se hundía la solicitud socialista para que compareciera Alonso en la comisión correspondiente del Congreso. Mientras el PSOE acusó la deriva del Gobierno en esta materia, el PNV calificó la idea del registro como “inadecuada”, IU advirtió de no sembrar la semilla de la xenofobia y UpyD llamó a concretar medidas con responsabilidad.