los policías denuncian falta de formación

Interior relaja la aplicación de la ley mordaza para no alterar la calle ante las generales

El Ministerio del Interior ha optado por iniciar la aplicación de la llamada 'Ley Mordaza' con el perfil más bajo posible para evitar que el texto genere un nuevo conflicto a solo cinco meses de las generales

Foto: Imagen de la manifestación celebrada ayer en Madrid en contra de la nueva ley. (Reuters)
Imagen de la manifestación celebrada ayer en Madrid en contra de la nueva ley. (Reuters)

El Gobierno de Mariano Rajoy ha silenciado la puesta en marcha de la controvertida nueva Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada por los sectores más contestatarios de la sociedad como Ley Mordaza. La norma fue aprobada por la Cámara Baja el pasado marzo pero no ha entrado en vigor hasta este miércoles, coincidiendo con la aplicación del nuevo Código Penal, con el que está estrechamente conectada. Se trata del proyecto que más desgaste ha provocado al Ministerio del Interior desde el inicio de la legislatura, pero Moncloa ha optado por amortiguar la aplicación de la nueva ley con el perfil más bajo posible ante la cercanía de las próximas elecciones generales.

Fuentes de diferentes delegaciones del Gobierno consultadas por El Confidencial admiten que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que sanciona por vía administrativa comportamientos que hasta ahora no tenían ningún tipo de reproche, empezará a aplicarse con laxitud para evitar que el texto genere nuevas movilizaciones de rechazo en un momento crítico para el Partido Popular. El pasado fin de semana se celebraron protestas y hay nuevas concentraciones previstas para los próximos días. Este martes por la mañana, activistas de Greenpeace colocaron una pancarta contra la ley en una grúa cercana al Congreso y, por la tarde, una marcha multitudinaria recorrió las calles del centro de Madrid. El Ejecutivo espera que su silencio desinfle la exhibición del malestar.

Activistas de Greenpeace colocan una pancarta contra la "Ley Mordaza" junto al Congreso

Según las fuentes preguntadas, no se han dado instrucciones formales a los agentes sobre el modo en que deben graduar la imposición de las sanciones, pero ese vacío va a contribuir a que la ley se aplique de un modo más flexible. Representantes sindicales de las Fuerzas de Seguridad aseguran que algunos agentes ni siquiera han recibido las actas de sanción, que se utilizan como plantillas, para poder imponer las multas que están en vigor a partir de este miércoles.

Incógnitas sobre las nuevas sanciones

El perfil de Interior es tan discreto que algunos sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil se quejan de que la norma tendrá que ser aplicada por funcionarios que ni siquiera han recibido la formación necesaria para interpretar correctamente los supuestos incorporados a la normativa. Entre las novedades se encuentran asuntos tan dispares como la persecución de los proyectores láser, multas por la demanda de prostitución en zonas infantiles, la obligación de identificarse en locutorios, la prohibición de escalar a infraestructuras críticas y sanciones cualificadas por manifestarse sin comunicarlo en las inmediaciones del Parlamento.

Protestas en Madrid contra la entrada en vigor de la 'ley mordaza'

El Ministerio del Interior organizó el pasado mes de mayo un curso para instruir a 300 funcionarios de seguridad que luego debían trasladar esos conocimientos a sus compañeros. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz quería garantizar que las leyes se cumplan de un modo uniforme en todo el territorio nacional. Pero representantes del cuerpo aseguran que esa información no ha llegado a toda la plantilla o, al menos, no con el detalle que debería.

Aclaraciones de última hora

Lo cierto es que este martes, sólo unas horas antes de la entrada en vigor del texto, la Secretaría de Estado de Seguridad emitió una instrucción para aclarar cómo deberán realizarse a partir de este momento el traslado forzoso de personas a comisaría para su identificación y los registros corporales, dos de las innovaciones que han generado más polémica.

“En 2010 se hizo un curso global para formar a los policías en la aplicación del nuevo Código Penal”, relata Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP). “Ese curso no se ha hecho en este caso, a pesar de que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y los cambios que ha sufrido también el Código Penal tienen una incidencia mucho mayor en el trabajo de los compañeros. Los sindicatos hemos organizado formaciones, pero no hemos podido cubrir toda la demanda y los compañeros siguen teniendo muchas dudas”.

Cursos online en septiembre

La delegación de Pontevedra de la UFP sindicato ha emitido un comunicado para denunciar que muchos agentes sólo van a recibir formación online y que los cursos no comienzan hasta septiembre, dos meses después de la entrada en vigor de las novedades. “Esta situación insólita lleva a los policías a sentirse desprotegidos y abandonados a su suerte por la Administración, que tiene la obligación de formarlos”, reza el texto difundido.

La 'Ley Mordaza' entra en vigor

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha formulado la misma queja. “Consideramos que la aplicación del articulado recogido en estas dos leyes [nueva Ley de Seguridad Ciudadana y reforma del Código Penal] es lo suficientemente importante para que los policías hubiésemos recibido esa formación necesaria e imprescindible para enfrentarnos a situaciones cotidianas (…) teniendo en cuenta que una decisión errónea nos puede acarrear una responsabilidad penal y/o administrativa”, denuncia el SUP.

Imágenes no autorizadas de agentes

Las dudas afectan especialmente a la persecución de una nueva falta grave: la toma de imágenes no autorizadas de funcionarios de seguridad que puedan poner en peligro a los agentes o a sus familias. El artículo satisface una vieja reivindicación de los profesionales pero estos denuncian ahora que nadie les ha explicado cómo se aplicará en la práctica. "¿Qué se supone que quiere decir que las imágenes tengan que estar autorizadas? ¿Qué los agentes hayan dado su visto bueno por teléfono? ¿Y cuándo se considerará que se ha puesto en riesgo la integridad de los funcionarios? Es absurdo. Faltan procedimientos para poder aplicar este y otros artículos", concluye Giraldo.

La incertidumbre afecta asimismo a los profesionales de la Guardia Civil, que también convivirán con las nuevas leyes. “La única formación que hemos recibido es la que nos han proporcionado compañeros, pero eso no es suficiente”, lamenta Juan Antonio Delgado, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). “Necesitamos gente preparada, catedráticos o al menos profesores de universidad que conozcan bien la ley y que nos digan cómo tenemos que imponer las sanciones y qué procedimientos tenemos que seguir”. 

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