NI SIQUIERA VE DELITO FISCAL DEL PARTIDO

La Fiscalía limita la responsabilidad de la ‘caja B’ a los tesoreros y exime al PP

En los papeles aparece cómo durante casi dos décadas el partido habría recibido donaciones de empresarios y habría pagado con ese dinero sobresueldos a varios de sus dirigentes

Foto: El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas (EFE)
El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas (EFE)

El juez Pablo Ruz no fue capaz de apuntar a los máximos dirigentes del Partido Popular en el conocimiento y manejo de la 'caja B' del partido, y la Fiscalía Anticorrupción también limita el control del dinero negro de la formación a sus tesoreros, a quienes hace los máximos responsables de esconder al Tribunal de Cuentas las donaciones que entraban a la formación de manera irregular, por lo que se enfrentan a cinco años de cárcel. El escándalo del dinero negro del partido queda de esta manera acotado a quienes gestionaron “fondos aportados a la formación política por donantes de quienes no podían recibir los mismos de acuerdo con la legislación sobre financiación de partidos políticos”, según recoge el escrito de calificación presentado por el Ministerio Público.

Del ingreso y gasto de esos caudales no se dejó constancia en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas. “Tan solo indirectamente parte de esos ingresos accedieron a la contabilidad del partido a través de las cuentas de donativos anónimos, y nominativos en un caso, mediante ingresos en efectivo que nunca superaban los límites establecidos en la ley de financiación vigente en cada momento”, señala.

Es decir, los tesoreros siguieron una línea de actuación para poder manejar más dinero del permitido por la ley. Ese control de los ingresos procedentes de las anteriores donaciones, así como de los gastos, se llevaba en unas hojas a modo de contabilidad paralela –contabilidad B– que cumplimentaba Luis Bárcenas y supervisaba Álvaro Lapuerta. “El dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas”.

El extesorero del PP Álvaro Lapuerta. (EFE)
El extesorero del PP Álvaro Lapuerta. (EFE)

Si ese modo de actuar se hacía con el conocimiento y connivencia de los respectivos secretarios generales o presidentes del partido es un extremo que ni Anticorrupción ni el propio juez entran a valorar. Desde que hace dos años se inició esta investigación, a raíz de la publicación de los 'papeles de Bárcenas' con la contabilidad paralela del partido, el hilo de la instrucción sólo ha podido llegar a sus tesoreros. En la recta final de la investigación, Ruz optó por señalar al PP como responsable de un delito fiscal por no declarar las donaciones en el ejercicio 2008. Sin embargo, Anticorrupción apuesta por la tesis de la Agencia Tributaria de que estaban exentos de declaración, tal y como recoge la ley.

Ni donaciones ni sobresueldos objeto de juicio

En los papeles aparece cómo durante casi dos décadas el partido habría recibido donaciones de empresarios y habría pagado con ese dinero sobresueldos a varios de sus dirigentes. Pero nada de esto ha podido quedar demostrado. Tanto es así que ya Ruz ordenó el archivo de la causa para estos empresarios y en su escrito el fiscal no los menciona.

De todos los nombrados en la extensa lista, el único que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados es Gonzalo Urquijo, el arquitecto que se encargó de la obra de la sede del PP, por cobrar parte de la remodelación con dinero B. Según Anticorrupción, fue idea de Bárcenas y Lapuerta pagar a Unifica con el dinero existente en la caja B, lo que así se hizo. De estos hechos tenía conocimiento el gerente del partido, Cristóbal Páez, en los que intervino y por lo que también tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

El fiscal del caso 'papeles de Bárcenas' no acusa al PP

La finalidad perseguida era la de dar salida a dichos fondos y obtener, además, un descuento del 8% o 10% en la parte de obra satisfecha con los mismos, como reparto del ahorro fiscal que ambas partes obtenían al ocultarlos a la Hacienda Pública. “Para llevar a efecto el pago y cobro de esas cantidades, y dejar constancia documental tanto del valor real de ejecución de las obras para su control interno –por el PP y Unifica– como del menor importe de las mismas por el pago en dinero B, en este caso para su justificación y proyección externa, fundamentalmente para simular el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se procedió a elaborar diversos documentos –certificaciones de obras, facturas y proyectos– en los que se omitieron e hicieron constar datos que no se correspondían con la realidad de los hechos. Estos pagos no se contabilizaron ni declararon a la Hacienda Pública por ninguna de las partes intervinientes”, destaca el escrito. Por esta razón, tendrán que responder todos ellos por un delito fiscal del ejercicio de 2007 –en el que se pagó al arquitecto 888.000 euros en negro–, porque aunque la obra duró varios años los otros ejercicios ya están prescritos.

PP, responsable civil subsidiario

Los máximos dirigentes podrían desconocer cómo se estaban pagando esas obras, pero es inequívoco que fue el partido el que se benefició fiscalmente al no declarar la totalidad de los pagos y por esa razón Anticorrupción entiende que debe ser responsable civil subsidiario, junto a la empresa del arquitecto, de la indemnización de 194.000 euros que entiende el fiscal que se debe pagar entre los imputados a la Hacienda Pública.

El otro hecho que se considera probado para la Fiscalía una vez concluida la instrucción es que Lapuerta sacó dinero de la caja B para comprar acciones de Libertad Digital, atendiendo a la solicitud de ayuda a este medio de comunicación por parte del secretario general, Ángel Acebes, a sus militantes. Bárcenas, que detentaba y custodiaba los fondos de la caja fuerte, le entregó 139.000 euros en 2004 para adquirir acciones. Este acto tenía como finalidad la compra de acciones de esa sociedad para ayudar a la misma a cubrir la ampliación de capital que estaba llevando a cabo. Tres años después Lapuerta procedió a vender las acciones a la propia sociedad para su autocartera por un precio de 209.550 euros, que no repuso a la caja B, y por lo que la Fiscalía considera que ha cometido un delito de apropiación indebida.

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