El juez Andreu imputa a 78 titulares de las tarjetas 'black' de Caja Madrid

Se remonta a 1988

En su auto, el instructor se retrotrae a los acuerdos del Consejo de Administración de Caja Madrid en los que estas tarjetas pudieran tener su origen. La primera referencia se obtiene en el consejo de Administración de Caja Madrid celebrado el día 24 de mayo de 1.988, en donde el presidente, Jaime Terceiro, expone su opinión “sobre lo inadecuado” del importe de las dietas establecidas para los consejeros, no comparables bajo ninguna premisa, con la de otras Entidades, cajas o bancos. “Es preciso dignificar -sigue diciendo- la función de consejero también en compensación en materia de los esfuerzos y dedicación a la Entidad, cubriendo al menos los costes en que se incurre por el ejercicio de su función”. Y recordaba que las dietas se debían fijar por la Asamblea General siempre dentro del límite máximo aprobado por el Banco de España.

En dicho consejo se acordó delegar en el presidente para que, de conformidad con la propuesta realizada por él sobre sistemas de compensación de gastos a vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control, resolviera tanto sobre el sistema como sobre la cuantía máxima. En la reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid de fecha 20 de junio de 1.994, es cuando se aprueba las facultades y delegaciones en materia de recursos humanos, y se delega la facultad de “conceder tarjetas de empresa para pago de gastos” al comité de Medios, previa propuesta de Recursos Humanos. Y en el Consejo celebrado el día 30 de octubre de 1.995, se vuelve a tratar el tema, según consta en el acta.

Contrario al sentido común

El magistrado se basa para estas nuevas imputaciones en la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ayer mismo se hacía pública, en la que se establece que “el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales, que no revistan la naturaleza de gastos de representación y que sean ajenos al ámbito de la empresa que la sufraga, sin necesidad alguna de limitación expreso de quien haya autorizado el uso de la tarjeta”, calificando dicho uso como de apropiación indebida.

Afirma el alto tribunal que la apropiación indebida de dinero es normalmente distracción, empleo del mismo en atenciones ajenas al pacto en cuya virtud el dinero se recibió, que redundan generalmente en ilícito enriquecimiento del detractor, señalando que “no basta pues, con la distracción orientada a un uso temporal o el ejercicio erróneo, o incluso ilícito, de las facultades conferidas, sino que es necesaria la atribución al dinero de un destino distinto del obligado, con vocación de permanencia”.

A tenor de estas afirmaciones, en el presente caso, “y dado que inicialmente las tarjetas de autos podrían tener la consideración de tarjetas de empresa, ya sea para gastos de representación, ya para otro concepto distinto del realmente empleado, procede investigar si la conducta de los directivos de las entidades bancarias que hicieron uso de las mismas hubieran podido cometer el delito de apropiación indebida de las sumas que, irregularmente, gastaron con las mismas, y por ello tenerles como imputados en la presente causa, difiriendo su toma de declaración a una vez que se haya recibido declaración a los administradores y testigos”.

Los 78 imputados

Como adelantaba hoy El Confidencial, los primeros 27 imputados que han sido citados a declarar por el juez Andréu los días 16, 17 y 18 de febrero son:

16 de febrero: José Antonio Moral Santín, José María Arteta. Juan José Azcona, Pedro Bedia, Rodolfo Benito, Gerardo Díaz Ferrán, Ramón Espinar, Marcos Guerrero, Gonzalo Martín Pascual e Ignacio de Navasqués.

17 de febrero: Jesús Pedroche, Alberto Recarte, José María de la Riva, Antonio Romero, Ricardo Romero de Tejada, Estanislao Rodríguez Ponga, Francisco Baquero, José Manuel Fernández Norniella, Mercedes Rojo y Virgilio Zapatero.

18 de febrero: María Enedina Álvarez, Luis Blasco, Carmen Cafranga, Arturo Fernández, Jorge Gómez Moreno, Javier López Madrid y José Ricardo Martínez Castro.

Además, el juez ha decidido citar como testigos a aquellos que no hicieron gasto alguno en las tarjetas, y el 20 de febrero declararán Jaime Terceiro, Francisco Verdú, Enrique de la Torre, Iñaki Azaola, Félix Sánchez Acal, Íñigo Aldaz, y Esteban Tejera.

El juez ha decidido imputar a la espera de ser llamados a declarar al resto de directivos de Caja Madrid y Bankia (un total de 51) que hiceron uso de las tarjetas por “administración desleal o apropiación indebida”:

Pablo Abejas, Rubén Cruz, Miguel Ángel Araujo, Antonio Rey de Viñas, Antonio Cámara, Javier de Miguel, Eugenio Gómez del Pulgar, Juan Gómez Castañeda, Francisco Moure, Francisco José Pérez Fernández, Pedro Bugidos, Miguel Ángel Abejón. Rafael Torres Posada, Cándido Cerón, Fernando Serrano, Alejandro Couceiro, Darío Fernández Yruegas, Beltrán Gutiérrez Moliner, José María Fernández del Río, Juan Iranzo, Miguel Corsini, Santiago Javier Sánchez Carlos, Manuel Rodríguez González, Ignacio Varela, Rafael Pradillo, Joaquín García Pontes, Ignacio del Río, Miguel Muñiz de las Cuevas, Gabriel María Moreno Flores, Ángel Rizaldos, José Nieto Antolinos, José Caballero, José Luis Acero, Jorge Rábago, Rocardo Morado, Ramón Ferraz, Matías Amat, Mariano Pérez Claver, Carmen Contreras, Carlos Vela García, Rafael Spottorno, Ramón Martínez Vilches, María Elena Gil García, José María García Alonso, Luis Gabarda, Domingo Navalmoral y José Carlos Contreras.