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Tejerina planea evitar que las constructoras sigan recibiendo subvenciones agrícolas
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Tejerina planea evitar que las constructoras sigan recibiendo subvenciones agrícolas

El Confidencial ha encontrado más de 100 empresas que reciben subsidios de la PAC pese a que declaran dedicarse a la construcción como actividad principal

Se trata del mayor presupuesto de la Unión Europea, un grifo de decenas de miles de millones de euros de subvenciones que año tras año absorbe el 40% del gasto público de Bruselas. Y según han denunciado reiteradamente sindicatos agrarios y organizaciones activistas, los fondos de la Política Agraria Común (PAC) -con cargo a todos los contribuyentes- son también un coladero legal para el intrusismo, los 'agricultores de sofá' y los ‘cazaprimas.

Pero, ¿es legal recibir dinero público destinado a la agricultura sin estar dedicado a ella?Ante el aumento de las voces críticas con lo que consideran un sistema de ayudas deficiente, Bruselas recogió hace tres años el guante y comenzó a desarrollar un nuevo reglamento que endureciera los criterios para optar a las ayudas y así evitar que empresas ajenas al sector primario como campos de golf, talleres y hoteles reciban dinero público. Ahora la pelota está en el tejado de los ministerios de cada uno de los Estados miembros, que deben acotar la definición de agricultor activo.

A pesar de que muchos países ya han hecho suya la nueva normativa europea, nuestro país acumula ciertoretraso: los servicios jurídicos de Isabel García Tejerina por el momento solo disponen de un borrador, y eso que en menos de tres semanas tendría que entrar en vigor la nueva ley. El Ministerio de Agricultura debe por tanto aprobar a lo largo del mes de diciembre un paquete de cuatro Reales Decretos que regularán los criterios para optar a las ayudas agrarias a partir de enero. Novedad: en esta ocasión es probable que haya lista negra, y podría afectar a un gran número de entidades ajenas a la agriculturaque en el pasado han recibido subvenciones de la PAC, siempre acordes con la legislación. Entre las actividades excluidas en el borrador que maneja Agriculturase encuentran los servicios inmobiliarios, los servicios de abastecimiento de agua, los aeropuertos, las empresas ferroviarias y las instalaciones deportivas.

El Confidencial ha tenido acceso al listadode beneficiarios españoles de subvenciones agrícolas entre 2010 y 2013y en él ha encontrado a más de un centenar de empresas que reciben subsidios agrarios a la vez que declaran dedicarse a la construcción como actividad principal. Entre todas acumulan más de 4 millones y medio de euros al año en subvenciones. Tal y como se observa en el gráfico superior, la mayoría se ubicanen Andalucía,la costa de Levantey en Madrid.

El Institut Català de Sòl (Incasòl), organismo públicodependiente de la Generalitat de Cataluña, recibe puntualmente, todos los años, una subvención agraria que ronda los80.000 euros. Dedicado a la promoción de suelo para uso residencial e industrial, un portavoz deIncasól explica aeste periódico que la empresa tiene“mucho suelo en propiedad en Cataluñaque todavía no ha sido desarrollado urbanísticamente, suelos rústicos que a día de hoy tienen usos agrícolas”. Y concretamente que“este año hemos declarado unas 600 hectáreas que dan derecho a recibir ayudas agrícolas por valor de aproximadamente 70.000 euros”, explica este portavoz.

Por su parte, tanto la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) comola Confederación Nacional de la Construcciónhan manifestado desconomiento con respecto a los planes del Ministerio de Agricultura que afectan a estas empresas.El Confidencial ha tratado de ponerse en contacto con otros tres beneficiarios de subvenciones agrarias para conocer su punto de vista. Dos de ellos han declinado hacer comentarios y una tercera empresa de Madrid que prefiere no dar su nombre reconoce que su negocio principal es el inmobiliario, pero matiza que desde 1999 la empresa se dedica además a la explotación de ganado vacuno.

Se trata del mayor presupuesto de la Unión Europea, un grifo de decenas de miles de millones de euros de subvenciones que año tras año absorbe el 40% del gasto público de Bruselas. Y según han denunciado reiteradamente sindicatos agrarios y organizaciones activistas, los fondos de la Política Agraria Común (PAC) -con cargo a todos los contribuyentes- son también un coladero legal para el intrusismo, los 'agricultores de sofá' y los ‘cazaprimas.

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