“La partitocracia genera la corrupción”
  1. España
DEBATE CON HERZOG, ROBLES, LIZCANO Y ROGER

“La partitocracia genera la corrupción”

El Confidencial cita a varios expertos para debatir sobre la corrupción política. Los expertos concluyen que la partitocracia está en la raíz del problema

La partitocracia o la apropiación por parte de los partidos políticos de las principales instituciones del Estado es la base sobre la que se asienta la deriva corrupta que ha caracterizado a nuestro sistema desde décadas y que ha explotado en múltiples ocasiones. En particular,cuando la economía va mal. Eso es lo que sucedió en la primera mitad de los años 90 y también en la actualidad.

Estaes una de las principales conclusiones a la que llegan, de forma unánime, los expertos citados por El Confidencial para abordar el fenómeno de la corrupción en España. Este diarioha reunido en la redacción a cuatro voces cualificadas para reflexionar sobre el origen y el porqué de esta lacra, y sobre cómo combatirla. En el debate participaronMargarita Robles, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exsecretaria de Estado de Justicia; Andrés Herzog, abogado de UPyD que lleva asuntos como los de Bankiay miembro de la dirección del partido; Jesús Lizcano, catedrático y presidente de la ONG Transparencia Internacional, y Gerardo Roger, arquitecto y exdirector general de Urbanismo de la Comunidad Valenciana.

- En un primera intervención, ¿cómo venel fenómeno de la corrupción en España?

- Margarita Robles: Me parece que hay una dejación política cuando no se toman medidas preventivas para evitar los casos de corrupción. Eso quiere decir que las políticas que se están haciendo desde la perspectiva del Gobierno y de los distintos partidos políticosestán fallando.

Si vemos la legislación que tenemos, es una legislación que permite sin ninguna duda casos de corrupción. Tenemos un Código Penal que es muy poco duro con la gente que comete delitos de corrupción. Tenemos unas leyes procesales que hacen que los procesos penales sean larguísimos en el tiempo y que, además, los jueces se encuentren con muchas limitaciones a la hora de investigar los hechos delictivos.

Yo no veo una voluntad política de verdad, de políticas preventivas reales, para acabar con la corrupción. Y sí que creo que lo que no se puede tratar es poner el foco sólo y exclusivamente en la justicia. Y si se pone en la justicia, no se puede engañar a la opinión pública. La justicia en España está siendo muy maltratada, no tiene medios, los jueces están sobrecargados de trabajo y no se da respuesta a las necesidades reales que hay para luchar contra la corrupción. Hay que decir que los jueces en España están absolutamente sobrecargados de trabajo. Que todos los jueces han denunciado y hemos denunciado que no hay una voluntad política clara de favorecer que la justicia dé respuestas evidentes en el tema de la corrupción y que los medios son muy escasos.

placeholder Margarita Robles, magistrada del Supremo (Pablo López Learte).
Margarita Robles, magistrada del Supremo (Pablo López Learte).

Y luego está otro tipo de corrupción, la corrupción intelectual, que es la mentira. De eso también en España conocemos mucho. La mentira de los partidos políticos que se presentan a las elecciones con un programa y hacen exactamente lo contrario. Por poner un ejemplo, el PP se presentó con la propuesta de despolitizar el órgano de gobierno del CGPJ y en cuanto llegó lo repolitizó. Y ahí no hay excusas financieras que valgan, porque eso no dependía para nada de la situación económica o de la herencia recibida. Es mentira pura y dura. En España hay una tolerancia a la mentira y, mientras eso no cambie también, difícilmente atajaremos el fenómeno de la corrupción.

Ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Primero, creo que es imprescindible despolitizar. En España hay un problema y que es que las instituciones no funcionan. Hace falta despolitizar la justicia, el CGPJ. Hace falta despolitizar los órganos supervisores y de control, el Banco de España, la CNMV, el Tribunal de Cuentas… Sin eso, no van a funcionar las instituciones por muchas reformas legislativas y por muchos medios que dotemos. La raíz del problema está en la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones de control y, por tanto, la neutralización de sus funciones. Y luego, obviamente, hace falta acabar con los privilegios. Nosotros acabamos de proponer una reforma exprés y puntual de la Constitución para acabar con los aforamientos. Creo que sería un mensaje suficientemente contundente para la ciudadanía de que los políticos nos quitamos el escudo que nos protege frente a la extracción de responsabilidades. Habría que reformar los indultos. Y luego, obviamente, hay una parte que es de dotación de medios. Habría que aprobar una dotación extraordinaria para la Fiscalía Anticorrupción, una dotación extraordinaria para el Tribunal de Cuentas, para la Audiencia Nacional…

Ha pasado el tiempo de las propuestas electoralistas, de las medidas de puro maquillaje, que son las que hemos estado viviendo, y ha llegado la hora de acometer y enfrentarse a la corrupción de verdad. Y para eso hace falta voluntad política. PP y PSOE no han querido hacerlo hasta ahora voluntariamente, pero creo que lo van a tener que hacer obligados. Esto es lo triste. No porque crean que es necesario, sino porque la ciudadanía se lo va a exigir y por pura supervivencia.

- Jesús Lizcano: El problema está muy focalizado en los partidos políticos. Aquí en España hay una partitocracia, todo está controlado hasta el máximo. Todas las instituciones, el poder legislativo, el ejecutivo, las altas instituciones del Estado, todos los órganos de supervisión y de control. Eso hay que disminuirlo.

Todo pasa por la despolitización, por disminuir esa partitocracia, devolver el poder a la sociedad, que haya un mayor equilibrio entre los partidos políticos y la sociedad. Ellos tienen la llave. Otra cosa es que esa llave les quema. Tienen esa llave, tienen que ponerse guantes o lo que sea y tienen que cambiar todo. La legislación, las instituciones, etc. Tienen que hacer un cambio profundo y se tienen que implicar los dos grandes partidos que han tenido mayoría hasta ahora.

Tienen que mejorar su transparencia, sus cuentas anuales, su presupuesto, sus informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Tienen que ser más transparentes cuando llegan las elecciones y transparentar un poco los programas y sintetizarlos. En vez de 200 páginas, sintetizar con 10, 15 o 20 cosas fundamentales y, sobre todo, transparentar a sus candidatos, que nadie los conoce.

- Gerardo Roger: A mí me gustaría distinguir entre dos tipos de corrupción. Los derivados de la obra pública y sus comisiones, que en sí su mecánica es bastante sencilla, y de la del urbanismo, que es bastante más sofisticada y que no suele ser bien conocida. Sobre todo, la etiología de cómo funciona. De hecho, se achaca al urbanismo una falta de transparencia y, sin embargo, se puede aducir que los instrumentos de planeamiento de urbanismo salen a información pública meses y meses. ¿Cuál es entonces el problema?

El problema está en la base del sistema urbanístico español, que nace en 1864 con la primera ley de ensanche de las poblaciones de Cánovas del Castillo. Fijaos a dónde nos vamos. En cualquier caso, el sistema urbanístico español se basa en que ante la debilidad de las Haciendas locales, lo que son las infraestructuras, o sea, las zonas verdes. Los equipamientos los recibe gratuitamente la Administración Pública porque a los propietarios de suelo en contraprestación a ceder, entre comillas, todas estas prestaciones, se les garantiza por ley el aprovechamiento urbanístico, el beneficio del negocio inmobiliario. Esto es una singularidad en el mundo.

El incremento del valor de un suelo reclasificado o recalificado se multiplica por 50 o por 100. Un suelo que vale 10 euros puede valer 500 o puede valer 1.000 y sin que el propietario haya hecho nada confesable para merecer semejantes plusvalías. Porque le viene por ley, por ley lo tiene garantizado. Aquí está la madre de la corrupción del urbanismo en España. ¿Dónde está el problema? En que se utiliza un metalenguaje absolutamente críptico para los ciudadanos. Para nada los planes de urbanismo, cuando salen a información pública, hablan de euros, de las plusvalías de genera. Se habla de unidades de aprovechamiento, de metros cuadrados de techo edificable del uso característico, de urbavalorías… Pero de dinero, nada.

- ¿Realmente no se puede combatir de manera eficaz la corrupción si no se cambia previamente el sistema política?

- M. Robles: Yo creo que el sistema en este momento es un sistema que está configurado para ser permisivo con la corrupción. Y por eso decía que no hay políticas preventivas. Y si no hay medidas preventivas es muy difícil luchar contra la corrupción porque ahí está el factor humano. Si el sistema político no cambia, va a ser muy difícil luchar eficazmente contra la corrupción.

- A. Herzog: Hay que incidir en la prevención pero hay que definir qué es la prevención. Para mí, básicamente, la prevención es la despolitización de los órganos de control y, sobre todo, hay una perversión del sistema. Puede ser razonable que algunos órganos constitucionales se elijan por los partidos políticos. Y ahí, si quieres, entramos en disquisiciones. Ahora bien, ¿qué ha pasado en la práctica? Que los partidos políticos han sustituido el interés general por sus intereses particulares y se han repartido los órganos por cuotas.

- J. Lizcano: Hay que cambiar el sistema de impregnación política. Todas las instituciones están impregnadas políticamente. Es lo que decía antes de la partitocracia. Hay que dar paso a la meritocracia, como pasa en muchos otros países en donde la Administración Pública, desde los altos cargos a los alcaldes, son profesionales que no están designados por o elegidos a través de una lista. Primero, hay que despolitizar los órganos constitucionales o, al menos, que hubiera una parte de méritos, de currículum, de prestigio de las personas. Y luego hay que establecer un sistema de cortafuegos para atajar esto en el futuro. Por ejemplo, que se tipifique por fin qué es la financiación ilegal de los partidos.

- G. Roger: En el tema del urbanismo todos los partidos tienen que hacer una autocrítica. Está claro que la gran mayoría de los concejales de urbanismo de los ayuntamientos no son expertos, ni conocedores ni están capacitados en esto. Y además ha habido tortas para ser concejal de Urbanismo. Durante los años que yo fui director general de Urbanismo, fijaos hasta qué punto este tema es transversal que yo no sabría distinguir cuando un plan de urbanismo que me venía para la aprobación definitiva lo había hecho un ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida, por el Partido Socialista o por el Partido Popular.

- M. Robles: Yo he sido miembro del CGPJ elegida por un partido político, pero mientras yo he estado en el CGPJ no estaba poniendo resoluciones. Es el juez que está en primera línea, el que está instruyendo, el que se encuentra con los asuntos. Y es ese juez que está instruyendo el que no tiene medios, el que no tiene funcionarios, el que se encuentra en este momento, como ocurre en la Comunidad de Madrid, de la que fue consejero de Justicia Francisco Granados. En ella, la mayoría de los juzgados están sin funcionarios y están los jueces teniendo que sacar las cosas absolutamente a pulso. Al sistema no se le están dando medios para que funcione.

- ¿Y por qué no se toman medidas contra la corrupción?

- A. Herzog: No se toman medidas porque los partidos se han articulado en torno a esto. Y ahí está todo ese desarrollo de las comunidades autónomas como 17 miniestados, que está muy relacionado, por ejemplo, con esto de los aforamientos. Es muy difícil que esos partidos que viven de ese modelo tengan incentivos para cambiarlo. Y luego hay otra cosa que a mí me parece muy grave, que también es característico español, y que es esa relación muy laxa con la ley. El problema no son las leyes o los jueces de instrucción, que en muchos casos hacen una labor muy meritoria, sino esa sensación de que la ley se puede cumplir o no cumplir en función de las circunstancias.

- J. Lizcano: Yo como docente, sí quería hacer énfasis en que una de las cosas que sí sería bueno que se pusieran de acuerdo los partidos políticos es sobre el tema de la educación para que en todos los sistemas educativos, desde niños, se estableciese un conjunto de enseñanzas relacionadas con la ética, con los valores, con lo negativo de la corrupción, de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer por parte de los ciudadanos.

- ¿Los partidos deben firmar un pacto contra la corrupción por encima de sus diferencias ideológicas o de su estrategia electoralita?

- A. Herzog: Hace falta medidas de emergencia contra la corrupción. Si eso es un pacto o no es un pacto me da igual pero hay que acometerlas ya mismo. Ahora, lo que no es conveniente es fotos y medidas publicitarias… Hasta ahora lo que hemos visto con el plan de regeneración del PP era básicamente eso. Lo que ya la ciudadanía no tolera es el “y tú más”. El diagnóstico ya lo tenemos, no hace falta seguir convocando expertos y comisiones. Lo único que falta es verdadera voluntad. Y verdadera voluntad para que los partidos políticos se recorten a sí mismos.

- Muy pocas veces hemos visto la denuncia en prensa de los empresarios que han permitido o provocado que haya corrupción. ¿Por qué?

- M. Robles: Por eso es tan imprescindible que haya mucha transparencia en las adjudicaciones públicas y en la contratación pública. Sabemos que si lo publicas en el BOE nadie lee el BOE. Por eso para mí es tan importante el papel de los medios de comunicación. Por eso es tan importante que el medio de comunicación explique a la opinión pública lo que está pasando detrás de una gran obra pública, detrás de una gran adjudicación o detrás de la construcción de una radial.

- J. Lizcano: Primero porque tiene más morbo el tema del político y. lógicamente, porque tiene más alarma social. Sobre todo, yo creo que todavía hay una mayor permisibilidad social respecto a las empresas. Parece como que ellas son unas víctimas a las que muchas veces les pide el corrupto político el 3% y entonces, pobrecitos, tiene que pagar un sobreprecio.

Política Margarita Robles UPyD Código Penal Transparencia Leyes
El redactor recomienda