hoy estudiarán las alternativas a la sentencia

Mas se debate entre ignorar al TC o dejar el 9-N en manos de la Asamblea Nacional

La Generalitat se debate entre dos alternativas para la movilización de este domingo: ignorar la resolución del TC o externalizar el 9N en la Asamblea Nacional Catalana

Foto: La presidenta de la ANC, Carme Forcadell (EFE)
La presidenta de la ANC, Carme Forcadell (EFE)

La Generalitat se debate entre dos alternativas para la movilización de este domingo, en la que se iba a celebrar una consulta simbólica: o ignorar la resolución del Tribunal Constitucional (TC) o externalizar la protesta y dejar el 9-N en manos de la ANC ante la imposibilidad de darle cobertura legal desde la Administración, según han apuntado fuentes de CiU y del propio Govern.

La previsión para hoy es estudiar la resolución del TC para buscar los huecos que permitan mantener la consulta del 9-N con los menos cambios posibles. Un camino, según explicó el propio Artur Mas a puerta cerrada en la ejecutiva de CDC que se celebró ayer en Barcelona, es ignorar al Alto Tribunal con el argumento de que estará prohibiendo algo, una consulta, que en realidad la Generalitat no estaría llevando a cabo.

En todo caso se trata de buscar un equilibrio entre poner las urnas y actuar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si el TC prohibiese el reparto de las papeletas, se invitaría a la ciudadanía a imprimirlas en casa. Si vetase la apertura de los colegios, se buscaría una excusa para que estos abriesen sus puertas. Pero para ello hay que estudiar la sentencia, que en este momento no se sabe si saldrá por la mañana o por la tarde. Para Mas, lo mejor sería por la mañana porque eso permitiría analizarla en el seno del Consell Executiu, que se reúne hoy en Palau como cada martes.

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No se puede prohibir un 'movimiento cívico'

El principal argumento desde CiU es que el 9-N en su actual formato es un movimiento cívico y, por tanto, difícil de prohibir en democracia. De hecho, fuentes políticas del entorno de los populares desvelan que una parte del Gobierno era partidaria de no presentar recurso ante el TC y conseguir lo que en política sería un empate a los puntos por la incomparecencia del 'no' en las urnas. Pero ha habido presiones de fuera del PP, UPyD básicamente, pero también del PP en Cataluña y de asesores como Pedro Arriola, que consideran que el flanco catalán es el único que puede dar votos a Mariano Rajoy frente al desgaste de la corrupción. Todos ellos al final hicieron que se inclinara la balanza para forzar al Alto Tribunal a que se pronuncie en contra del 9-N, algo que pasará presumiblemente hoy.

Por tanto, Mas y su Gobierno estudiarán hoy la sentencia del TC, presentarán las alegaciones en el plazo que marca la ley, cinco días, y buscarán los huecos legales, que pueden ser muchos, para que la movilización siga adelante.

Se prevé que la sentencia refuerce la maltrecha unidad de los partidos proconsulta en Cataluña y que los mismos hagan gestos de unidad mañana miércoles para mantener vivo el espíritu de la protesta.

Externalizar a la ANC

En el peor escenario, con una sentencia que limite mucho la actuación de la Generalitat, Artur Mas tiene previsto convocar el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que preside el político de Unió Joan Rigol y que agrupa a diversas entidades cívicas y partidos en favor del referéndum para encargarle que llevase a cabo la consulta simbólica del 9-N que no podría asumir la Administración catalana.

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Esta maniobra en realidad supondría externalizar a la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) la organización del 9-N, ya que es el único miembro del Pacto que tiene capacidad para ello. Pero se daría a Rigol, expresidente del Parlament, un papel de tutelaje para no dejar tan en evidencia la necesidad de Mas de la movilización en las calles para conseguir sus objetivos de gobierno.

La subcontrata como dinámica política

La subcontrata parece el motor político en Cataluña en los últimos años. Primero el presidente de ERC, Oriol Junqueras, encargó a un tercero, Artur Mas, los trabajos por la independencia, poniendo especial cuidado en mantenerse fuera del Govern y en que su apoyo siempre fuera externo y distante. Y ahora, cuando la Generalitat acaba constreñida por el marco legal, es Artur Mas quien planea hacer lo propio con la ANC para que este colectivo independentista continúe donde él ya no puede llegar.

La presidenta de la ANC, Carme Forcadell, es muy contraria a que la Generalitat actúe desde fuera. Si algo han demostrado los últimos años de política catalana es que, como en el mundo de la subcontratación, el que acepta el encargo acaba siendo el eslabón más débil de la cadena.

La ANC cuenta con casi 40.000 voluntarios para el 9-N, pero la batalla es en esencia jurídica y radica en establecer qué límites se pueden imponer a estas personas para una movilización en un Estado democrático. Y si la ANC está dispuesta a asumir esa responsabilidad sin apoyo legal alguno de la Generalitat.
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