Podemos votará mañana acabar con el Senado, las diputaciones y los antidisturbios

Suprimir las diputaciones provinciales, los consejos consultivos y el Senado, disolver la unidad policial de antidisturbios, convocar Cortes Constituyentes o promover la expropiación de solares embargados por los bancos e inmovilizados para su uso urbanístico. Estas son algunas de las resoluciones más polémicas sobre las que los afiliados de Podemos están llamados a votar hasta mañana por la noche para para elegir los “cinco consensos fundamentales y ejes de trabajo político colectivo” de la formación liderada por Pablo Iglesias. Resoluciones que ya han pasado un primer filtro deliberativo para reducir su número hasta un máximo de cien, de entre las cuales sólo saldrán adelante las cinco más votadas.

En el capítulo de servicios públicos y reforma de la Administración, dos de las resoluciones incluidas coinciden en señalar a las diputaciones como entes obsoletos o anacronismos del pasado, además de generar una “duplicidad de funciones, cargos, sueldos y funcionarios para tareas similares” respecto a las comunidades autónomas. Unos gastos y un engorde artificial del número de representantes políticos que lleva a los autores de esta medida a pedir la supresión de los entes provinciales, apostando por “un modelo municipalista similar al de Portugal, con la reagrupación de los municipios en torno a sus comarcas naturales”. Asimismo, otro de los documentos también propone la eliminación del Senado y de los consejos consultivos por considerarlos “antidemocráticos”.

La disolución “con carácter indefinido” de las Unidades de Intervención Policial (UIP), comúnmente conocidas como antidisturbios, es quizá una de las medidas sometidas a votación más controvertidas, pero también la que más interés ha despertado entre los colectivos en defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional. Según se argumenta en esta resolución, “ciertas actuaciones de las UIP son comparables con los antidisturbios del régimen franquista, conocidos como los grises. Pedimos el cumplimiento de la legalidad, así como un funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado al servicio de la ciudadanía y no realizando una función represora, atentando contra los derechos de la ciudadanía”.

Proceso constituyente (de la mano de IU)

El inicio de un proceso constituyente fue uno de los principales retos que la formación se marcó en su fundación, recogiendo así el testigo de una de las reivindicaciones más sonadas del movimiento 15-M. “Podemos debe marcarse como objetivo fundacional el trabajar de cara a un proceso constituyente, dado el agotamiento del régimen político de 1978, con una Constitución que no ha votado el 66% de la población, bien por no haber nacido, o por no tener la edad suficiente para ello, y dentro del 34% que sí la han votado, muchos y muchas dieron su voto afirmativo a una Constitución que no terminaba de convencerles, pero que era la única salida para alcanzar la democracia”, reza la propuesta.

Una demanda de máximos para la que previsiblemente contarán con el apoyo de Izquierda Unida, formación que también ha hecho del proceso constituyente una de sus señas de identidad para afrontar el ciclo electoral que se abrirá el próximo año, primero con las elecciones autonómicas y municipales de mayo y luego con las generales de noviembre o diciembre. Un hecho que también justifican afirmando que “los viejos consensos ya no sirven ni sobre la monarquía, ni la religión, ni la estructura territorial. Hay que dar la voz a una sociedad civil que reclama mayoritariamente unas nuevas normas de convivencia, pactadas y votadas en libertad, sin coacciones ni ruido de sables de ningún tipo”.

La “revolución democrática” pregonada desde las filas de Podemos hará especial hincapié en la “recuperación” de los servicios públicos, así como en garantizar el cumplimiento de la Carta de Derechos Humanos asegurando una renta básica, el reparto del trabajo o el acceso a la vivienda a todo ciudadano español. Dentro de este último capítulo, el de la vivienda, llama la atención la resolución titulada "Expropiación de todos los solares privados afectados por la burbuja inmobiliaria". Su objetivo es “evitar el deterioro ambiental y urbanístico que se produce en muchos municipios de nuestro país, debido al abandono por parte de los promotores y los propietarios de terrenos que en su día se recalificaron para la construcción de viviendas”.

División en torno al derecho a decidir

La cuestión territorial tampoco pasará desapercibida para este partido de nuevo cuño. Tanto es así que se le ha dedicado un bloque entero de resoluciones, bajo el epígrafe de “autodeterminación”, una categoría en la que se engloban cinco resoluciones similares, y una de ellas hace referencia expresa a la consulta catalana. La disparidad de opiniones es grande, a lo que ha contribuido una cierta indefinición por parte de la promotora y mensajes contradictorios, como los del exfiscal catalán y eurodiputado electo de PodemosJiménez Villarejo, que manifestó públicamente su férrea oposición a la consulta catalana (en su día ya abandonó ICV por no compartir su postura secesionista).

“El derecho a decidir es un principio democrático de aplicación universal, un derecho inherente a la condición ciudadana en todos los ámbitos. Es por esto que preferimos la claridad y reivindicar el derecho de autodeterminación, indispensable para poder acordar a qué comunidad queremos pertenecer y en qué condiciones”, según dicta una de las resoluciones más firmesen este sentido. Otra de ellas, con un tono más posibilista, apunta que Podemos debe comprometerse a “eliminar el centralismo del Estado, realizando un equitativo reparto de las sedes institucionales y ubicándolas en las zonas territoriales menos favorecidas de España”, así como a “reconocer y respetar la diversidad del Estado español, constituido por una pluralidad de naciones, removiendo los obstáculos que impidan la libre convivencia y solidaridad entre las mismas”.

La directiva Villarejopara poner freno a la corrupción y la ley de voto electrónico (e-voting)son dos de las propuestas mejor posicionadas, a tenor del respaldo que han obtenido por las bases en sus plataformas telemáticas. Respecto al voto electrónico, sus defensores indican que “este tipo de iniciativas han avanzado en países como Noruega o Estonia, pero en nuestro país están paralizadas, por un lado por los continuos recortes en I+D y por otro lado por una falta de voluntad legislativa, ya que nos encontramos con una Ley Electoral obsoleta, y que desde 2011 no se legisla prácticamente nada en materia de Administración electrónica”.