La juez de Barcelona pide a Anticorrupción que concrete los delitos de los Pujol
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ANDORRA NO OFRECERÁ SIN ESOS DATOS SU INFORMACIÓN

La juez de Barcelona pide a Anticorrupción que concrete los delitos de los Pujol

La Fiscalía Anticorrupción tiene tres días para referir qué hechos delictivos se le achacan a la familia Pujol. Si no lo hace, Andorra no remitirá información

Foto: Comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament, el 26 de septiembre. (Efe)
Comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament, el 26 de septiembre. (Efe)

La juez número 31 de Barcelona ha dado tres días a la Fiscalía Anticorrupción para que concrete qué hechos presuntamente delictivos ha cometido la familia Pujol-Ferrusola. Andorra informó que no podía remitir la comisión rogatoria con toda la información bancaria del matrimonio y sus hijos si no concretaba ciertos datos. Ahora la instructora catalana pide a las partes, es decir el Ministerio Público, la acusación popular y su defensa, que informen al respecto, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que solicitó a la magistrada que requiriera a las autoridades andorranas información de las cuentas de los miembros del clan Pujol abiertas en su país a raíz de que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, reconociera que su esposa e hijos tenían una herencia de su padre sin declarar a Hacienda. Fue este hecho el que provocó que se abriera una causa contra Pujol y su esposa, Marta Ferrusola. Una de las diligencias acordadas por la juez de Barcelona fue remitir una comisión rogatoria al pequeño principado.

Sin embargo, la juez de Andorra Núria García hizo un apunte: antes de enviar toda la información solicitada necesita saber la condición procesal específica de cada uno de los miembros de la familia Pujol y una “relación suficiente de los hechos delictivos investigados y fechas aproximadas de su comisión, que permitavalorar la existencia del criterio de doble incriminación”, es decir, que los hechos investigados en España sean también delito en Andorra.

placeholder Jordi Pujol, en su casa de veraneo en Queralbs, Gerona. (Efe)
Jordi Pujol, en su casa de veraneo en Queralbs, Gerona. (Efe)

La próxima semana, Anticorrupción tendrá que informar a la titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona qué indicios y hechos existen contra los investigados si quiere que la comisión rogatoria se pueda ejecutar. La defensa de Pujol mantiene que no hay nada contra su cliente aparte de una herencia que fue regularizada ante la Agencia Tributaria días antes de que el expresidente anunciara públicamente su existencia.

Andorra sostiene falta de hechos contra la familia Pujol

La Fiscalía solicitó a la juez de Barcelona que se investigara al exdirigente catalán por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, tal y como acordó posteriormente la magistrada.

La magistrada argumentaba en la remisión de la comisión rogatoriaque la confesión de la herencia, “que en el caso de cualquier persona tendría efectos estrictamente en materia de fraude tributario, presentaría en el caso de Pujol Soley evidentes implicaciones”. Así, justificaba que la importancia del cargo desarrollado como presidente de la Generalitat de Cataluña, “otorgando una inusitada trascendencia a la existencia de un patrimonio oculto permitiendo razonablemente sospechar que el dinero depositado en el extranjero pertenecía al propio Pujol y podría tener su origen, en todo o en parte, no en la herencia alegada sino en otro tipo de conductas delictivas relacionadas con el alto cargo desarrollado por aquél”. Por esa razón, solicitaba la información bancaria de todas las entidades de crédito del Principado de Andorra tanto del expresidente como de su esposa e hijos.

Ante esta exposición de hechos, la juez andorrana entiende que antes de remitir la información solicitada es necesario que sea motivada para que la medida sea “adecuada, proporcional y necesaria, pues no deja de ser una injerencia en el derecho a la intimidad de las personas”.

Asimismo, entiende que existe una “ausencia de una suficiente exposición de los hechos investigados” por el Juzgado número 31 y por tanto “no es posible valorar si se cumple el requisito de doble incriminacion previsto en la Ley de Cooperación Internacional Penal y de Lucha contra el blanqueo de dinero, requisito también indispensable para la ejecución de la ayuda judicial solicitada”.

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