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Sánchez y Susana Díaz pactan su respuesta ante una imputación de Chaves y Griñán
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SÓLO DEFENDERÁN EN PÚBLICO A LOS EXPRESIDENTES

Sánchez y Susana Díaz pactan su respuesta ante una imputación de Chaves y Griñán

Díaz y Sánchez han coordinado su respuesta tras la llegada del escándalo de los ERE al TS y a la espera de una decisión sobre los dos expresidentes andaluces

Foto: El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se dirige a la sede del partido en Ferraz con la presidenta andaluza, Susana Díaz. (EFE)
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se dirige a la sede del partido en Ferraz con la presidenta andaluza, Susana Díaz. (EFE)

Susana Díaz y Pedro Sánchez han coordinado su respuesta política tras la llegada del escándalo de los ERE al Tribunal Supremo y a la espera de que llegue una decisión sobre los dos expresidentes andaluces. Fuentes del PSOE andaluz aseguran que la estrategia está pactada y que existe una “coordinación total” frente al presunto fraude millonario, tasado por la jueza Mercedes Alaya en 855 millones de euros y que tiene en el foco nacional a Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a siete exconsejeros del Gobierno andaluz.

De común acuerdo, Díaz y Sánchez han trazado una línea roja que separa a los expresidentes del resto de aforados. Sólo se pronunciarán públicamente en defensa de la “honestidad” de Chaves y Griñán y guardarán mutismo sobre el resto de señalados, en un intento de blindarse ante un fraude millonario que ha cimbreado los cimientos del Gobierno andaluz. “Otra cosa no tendría sentido”, subrayan fuentes de la dirección del PSOE andaluz. El liderazgo de ambos está en juego en este escándalo, una herencia muy pesada y complicada de gestionar ante un electorado hastiado de corrupción.

Susana Díaz declaró públicamente al arrancar la semana que el PSOE esperará a que se pronuncie el Supremo para tomar decisiones sobre los socialistas implicados en este escándalo. Pedro Sánchez garantizó un par de días después que cualquier socialista que sea llamado a juicio oral será suspendido de militancia “se apellide como se apellide”. Esa es la línea acordada. Ambos dirigentes socialistas conocen de la complejidad de gestionar este escándalo con el menor coste posible para su credibilidad política y sin abrir heridas irreparables dentro del partido.

Chaves y Griñán no son sólo dos expresidentes del PSOE y de Andalucía, sino dos de los hombres que junto a Felipe González han escrito la historia reciente del partido. Fuentes socialistas aseguraron que Sánchez aprovechó intencionadamente su estreno ante el grupo parlamentario, hace una semana, para repetir internamente su mensaje de que actuará de forma “implacable contra la corrupción” pero también de manera “incansable en defensa de los inocentes”. Chaves, como diputado, y Griñán, como senador, estaban en esa reunión y recibieron un aplauso tras esa afirmación del secretario general.

Un plazo de dos meses

Los socialistas manejan un escenario muy difícil de hipótesis y futuribles a la espera de la decisión del Supremo sobre si existió responsabilidad penal de los expresidentes, como ha argumentado la jueza Alaya. Confían en un plazo de dos meses para que el Alto Tribunal hable. El mejor escenario posible es que el Supremo dé carpetazo y no implique a los aforados. Sería “un balón de oxígeno”, admiten en la dirección del partido. Aunque los socialistas, apoyados por asesores jurídicos y las opiniones de distintos expertos del poder judicial, conciben como lo más probable que se establezca una línea divisoria entre los distintos aforados señalados por la jueza instructora.

En esa hipótesis, Chaves y la exconsejera de la Presidencia, Mar Moreno, son quienes, según los cálculos de los dirigentes del PSOE, tienen más posibilidad de quedar fuera del caso por no existir argumentos penales contra ellos, según sostienen. Otra cosa, admiten, sería la responsabilidad política, que no puede dictaminar el Supremo. En el PSOE confían también en que se distinga entre las responsabilidades de los ex altos cargos de Hacienda y los de las consejerías de Empleo e Innovación, que gestionaron directamente los fondos defraudados. Sólo en ese caso el expresidente Griñán se libraría de una imputación.

Ahora mismo ningún socialista en la primera línea pone la mano en el fuego por el que fue uno de los hombres más poderosos del PSOE andaluz, Gaspar Zarrías, aunque sus posibles maniobras políticas en este caso están mucho más relacionadas con su cargo al frente del partido en Jaén que como consejero de la Presidencia. Y encontrar alguien que defienda al diputado y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, dentro del partido es misión imposible. El desvío masivo de ayudas públicas a la Sierra Norte de Sevilla, su centro político de influencia, complica su permanencia en el partido en un futuro inmediato. Ya su sucesor en Empleo, Antonio Fernández, ha pasado cuatro meses en la cárcel y está suspendido de militancia.

Las listas electorales, pendientes

Aunque la consigna oficial es hablar de “alivio” por la llegada de los ERE al Supremo y de fin de la “indefensión” a la que han estado sometidos los expresidentes, señalados hace ya un año en un primer auto de Alaya, existe un nerviosismo innegable entre los actuales dirigentes socialistas. Una imputación de Chaves y Griñán sería un mazazo incalculable para un PSOE que trata de vender una imagen de renovación y de “tiempo nuevo”. Si el Supremo decide avalar las tesis de la jueza Alaya y compra la idea de una conspiración política en el origen del fraude, Pedro Sánchez y Susana Díaz saben que se enfrentarían a una de las decisiones más complicadas de su carrera política.

Fuentes de Ferraz aseguraron a El Confidencial que no se ha abordado una respuesta ante este caso en ninguna reunión de la ejecutiva federal más allá de los contactos directos entre Díaz y Sánchez, y admitieron que urge cerrar una posición y delimitar, por ejemplo, qué va a hacer el PSOE con los imputados o señalados en la elaboración de las futuras listas electorales. “En algún momento esto habrá que aclararlo”, admiten fuentes de la ejecutiva federal. Hay socialistas andaluces que piden que “no se deje tirado a nadie” hasta que no haya una condena firme, aunque la mayoría del entorno de Susana Díaz insiste en la necesidad de delimitar con la mayor claridad posible una especie de cordón sanitario frente a quienes están señalados en el escándalo.

Mar Moreno iba a ser portavoz en el Senado

El escrito elevado por la jueza Mercedes Alaya al Supremo tuvo consecuencias directas en los cambios que Pedro Sánchez y Susana Díaz habían pactado para el Senado. La exconsejera de Presidencia, Mar Moreno, que fue incluida en el último minuto por la instructora en el paquete de los aforados, iba a ocupar la portavocía del Senado, según confirman varias fuentes del partido. La posibilidad de una imputación en los ERE la apartó de este cargo, que finalmente recayó en la navarra María Chivite. Fuentes socialistas indicaron que la andaluza Mar Moreno podría ocupar ese puesto a partir de febrero si el Supremo la deja fuera del caso y cuando Chivite emprenda su carrera como candidata del Partido Socialista de Navarra (PSN) en las autonómicas de 2015.

En el entorno directo del expresidente Chaves aseguran que está viviendo este trance político con entereza pero “deseando que pase pronto”. Griñán también está muy afectado en lo personal por este caso, aseguran desde su círculo de confianza. El expresidente está dedicado a la redacción de sus memorias políticas, de las que ya lleva unas 200 páginas y que no convertirá en un “ajuste de cuentas”: sólo llegarán hasta el lunes de abril de 2009, fecha en la que dijo "sí" a suceder a Chaves en la Junta, una decisión que sin duda marcaría el destino de los dos. Ambos exdirigentes están plenamente convencidos de su inocencia, aunque su patrimonio político dependa hoy por hoy del Supremo.

Susana Díaz y Pedro Sánchez han coordinado su respuesta política tras la llegada del escándalo de los ERE al Tribunal Supremo y a la espera de que llegue una decisión sobre los dos expresidentes andaluces. Fuentes del PSOE andaluz aseguran que la estrategia está pactada y que existe una “coordinación total” frente al presunto fraude millonario, tasado por la jueza Mercedes Alaya en 855 millones de euros y que tiene en el foco nacional a Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a siete exconsejeros del Gobierno andaluz.

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