la firma estaba implicada en gürtel

José Blanco convenció a García Pozuelo de que vendiera su constructora a los Monje

José Blanco, el número dos del PSOE, convenció al empresario Alfonso García Pozuelo para que vendiera su constructora al holding de Valentín Monje

Foto: El exministro de Fomento y diputado del PSOE José Blanco. (EFE)
El exministro de Fomento y diputado del PSOE José Blanco. (EFE)

José Blanco, el número dos del PSOE, convenció al empresario Alfonso García Pozuelo para que vendiera la sociedad Constructora Hispánica al holding de Valentín Monje, padre de la actual tesorera del Barça. El constructor aparecía en las investigaciones de Baltasar Garzón sobre la trama Gürtel por sus relaciones con el cerebro de la trama, Francisco Correa, y el escándalo no sólo llevaba a su empresa al colapso, sino que la colocaba con una fuerte deuda con la Agencia Tributaria. Era el peor escenario para sacar a flote su negocio.

A mediados de 2009, unos meses después de que Garzón efectuara la gran redada contra los colaboradores de la Gürtel, García Pozuelo fue citado por el dirigente socialista en su despacho del Ministerio de Fomento. Blanco llevaba al frente de ese departamento desde el 7 de abril de 2009, en el que había sustituido a Magdalena Álvarez. En ese cargo aguantó hasta el final de la legislatura de Rodríguez Zapatero. Blanco, que ha negado este encuentro con los construtores, compatibilizaba esa responsabilidad ministerial con la de vicesecretario general del PSOE.

En la entrevista mantenida en la sede del Ministerio en el Paseo de la Castellana de Madrid, el ministro recriminó al empresario que hubiera financiado en secreto al Partido Popular, cuando había sido un constructor mimado por las Administraciones socialistas. Y no mentía: la sociedad Constructora Hispánica había obtenido importantes adjudicaciones de obra civil del Gobierno de Rodríguez Zapatero y de las comunidades autónomas controladas por el PSOE, hasta el punto que casi el ochenta por ciento de su facturación dependía del Ministerio de Fomento.

García Pozuelo se hallaba ante un atolladero porque la contabilidad 'B' de las empresas de Correa, recogida en un pendrive que los agentes de la UDEF incautaron al contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, revelaba pagos de Constructora Hispánica a Correa por valor de más de cuatro millones de euros a cambio de concesiones de obras. Y una parte de ese dinero –más de medio millón– podía haber llegado hasta las arcas del tesorero del PP, Luis Bárcenas. En las investigaciones policiales figuraban entregas de dinero a Correa por contratos de obras con los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, entre otros.

Blanco estrecha el cerco

El empresario Alfonso García Pozuelo. (EFE)
El empresario Alfonso García Pozuelo. (EFE)
El ministro Blanco, tras mostrar su enfado con desagrado, le comunicó que, a partir de ese momento, las puertas de su departamento estaban cerradas para Constructora Hispánica y que lo mejor que podía hacer era valorar su empresa y venderla. Según él, era la única salida para que la constructora pudiera seguir recibiendo la adjudicación de concursos públicos. El entonces número dos del PSOE lo tranquilizó asegurándole que él podía presentarle un comprador.

Pero aquella cita respondía también a otro interés espurio. Blanco quería que el constructor le facilitara información reservada sobre sus relaciones con Correa, Bárcenas y el PP. García Pozuelo se negó a entrar en aquel juego, y tal cual se lo comunicó a su interlocutor, según ha podido saber El Confidencial de una persona próxima al constructor.

García Pozuelo, tras aquel inquietante encuentro con Blanco, reunió a su familia y expuso la delicada situación. Al empresario, de origen murciano pero afincado en Madrid desde hacía más de veinte años, de avanzada edad y acorralado por las deudas, no le quedaba otra salida que vender y cuanto antes. A raíz de las anotaciones en la contabilidad opaca de Correa, Hacienda le había abierto una inspección sobre los ejercicios 2003-2007, que acabó en una denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Madrid. La deuda con el fisco ascendía a 20 millones.

García Pozuelo regresó al despacho del ministro y le comunicó que estaba dispuesto a desprenderse de su compañía por 600 millones de euros. La empresa los valía, sobre todo, porque en 2008 había facturado 500 millones y tenía fondos propios por valor de 100. Además, en aquellos días negociaba la entrada en el negocio del fondo de capital riesgo Thesan Capital, especializado en operaciones de relanzamiento de empresas, que contaba con el banco japonés Nomura como uno de sus inversores.

Oferta de compra a través del ministro

El ministro tomó nota de la propuesta y le contestó que recibiría noticias suyas. Al cabo de un tiempo, lo llamó y le informó de que ya tenía comprador. Que recibiría una llamada de parte suya. Y fue cuando se presentaron Valentín Monje Tuñón y su hija Susana Monje con una oferta bajo el brazo. Los propietarios de Essentium y Constructora Hispánica eran viejos conocidos ya que, en 2006, habían tenidos intereses comunes en la sociedad Transhispánica, que desarrollaba proyectos de ingeniería fuera de España. Aunque, durante el proceso de venta, a García Pozuelo le tocó lidiar la operación con la joven Susana Monje, que pronto fue conocida por su arrogancia.

Ante el requerimiento del ministro de Fomento, el escándalo Gürtel, la falta de liquidez para saldar su cuenta con Hacienda y su avanzada edad, García Pozuelo tomó la decisión de vender a los Monje. La operación se fraguó en octubre de 2009.   

La tesorera del FC Barcelona, Susana Monje. (FC Barcelona)
La tesorera del FC Barcelona, Susana Monje. (FC Barcelona)
Con el primer plazo del contrato, el constructor saldó su deuda con la Agencia Tributaria. El empresario, imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fiscal, se convirtió en el único de los encausados por sus relaciones con Correa que saldaba su deuda con el fisco. El precio era alto: la empresa a la que le había dedicado toda su vida.

Pero cuando llegó la fecha del abono del tercer plazo, García Pozuelo se topó con la sorpresa: Assignia Infraestructuras, la nueva denominación social de Constructora Hispánica, presentaba una querella por estafa y manipulación de las cuentas contra su familia y contra el anterior presidente de la sociedad, José Luis Montesinos. Aducían que la compañía había anotado en su balance un beneficio de 1,8 millones cuando presentaba pérdidas por un importe de 13 millones. Los García Pozuelo respondieron que era una maniobra para no saldar el tercer plazo del contrato y que aquello tenía un cierto tufo a la modalidad conocida como querella a la catalana.

"Sabíamos que los Monje eran unos expertos en ese tipo de acciones y que eran muy conocidos en los tribunales, pero nunca pensamos que se atreverían a hacerlo porque la empresa era muy rentable y la cantidad a pagar insignificante", declaró a El Confidencial un excolaborador de García Pozuelo. "Aquella batalla legal coincidió con una etapa en la que Alfonso (García Pozuelo) comenzó a recibir presiones políticas para que facilitara al PSOE datos sobre la trama Gürtel, Bárcenas y el PP. No claudicó y se encontró con la querella", manifestó una persona próxima al empresario murciano. La misma fuente señaló que, hasta la fecha, García Pozuelo ha ganado en todas las instancias judiciales.

En la nueva etapa de Constructora Hispánica, ya como Assignia, dentro del holding Essentium, la presidenta Susana Monje se rodeó de un consejo asesor formado por políticos del PP y del PSOE. Entre los socialistas aparecía un hombre del equipo socialista Zapatero/Blanco, Carlos Velasco de Mingo, que ocupaba el cargo de coordinador de finanzas de la Federal de Ferraz.

Pero las buenas relaciones de José Blanco con empresarios catalanes no trascendieron hasta que, en octubre de 2011, Jorge Dorribo lo acusó de haber recibido 400.000 euros para que le acelerara unos permisos en el Ministerio de Sanidad. En las intervenciones telefónicas de lo que se llamó la Operación Campeón aparecieron un sinfín de conversaciones en las que el entonces ministro de Fomento no quedaba en muy buena posición. Figuraba en operaciones de favores a amigos que tenían intereses en Cataluña, algunas de ellas relacionadas con la familia Pujol. El Tribunal Supremo, finalmente, archivó la causa abierta contra él por un delito de tráfico de influencias. Según el Alto Tribunal, no se apreciaba que el ministro hubiera ejercido presión para torcer la voluntad de cargos de la Administración". 

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