Ruz acelera para cerrar en marzo el caso Gürtel tras cinco años de investigación

Desde hace meses se espera que la instrucción del caso Gürtel llegue a su fin después de cinco años de investigación. Fuentes próximas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz han dado una nueva fecha para que esta primera fase inicial quede concluida. El instructor ha puesto elpie en el acelerador para poder fijar en marzo el número de procesados que finalmente se sentarán en el banquillo de los acusados.

El juez está metiendo mucha presión a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), a la Intervención General del Estado y a la Agencia Tributaria para que de una vez por todas acaben los informes que les quedan, necesarios para concluir la instrucción. Fuentes del caso aseguran que los agentes policiales encargados del caso se están centrando en él, dejando de lado otros asuntos, para concluir lo requerido por Ruz.

La misma unidad que se encarga del caso Gürtelse encuentra investigando la pieza separada conocida como 'papeles de Bárcenas', una causa que se está retrasando por ese mayor énfasis en el final de la pieza principal. Los policías de la UDEF tienen encima de la mesa toda la documentación intervenida tanto en el despacho del arquitecto Gonzalo Urquijo –quien podría haber cobrado dinero en negro del PP por la obra realizada a la sede de la formación–, como en la propia sede de la calle Génova.

Todos los papeles, correos electrónicos, ficheros y demás información obtenida de ambos locales por la policía debe ser analizada para emitir un informe. Sin embargo, los agentes, que intentan hacer llegar a Ruz que no dan más de sí en su tarea, han tenido que dejar aparcada la investigación sobre la presunta contabilidad B del PP para acabar la parte principal, que ya está en sus últimos coletazos, es más compleja y lleva cuatro años más abierta.

Hace unos días, la UDEF entregó al Juzgado Central de Instrucción número 5 varios informes definitivos, concretamente cinco, acerca de varios puntos centrales del caso, como es toda la valiosa información obtenida en el pendrive del imputado José Luis Izquierdo, un descubrimiento que supuso un giro en la instrucción, o los datos encontrados en el polígono Ventorro del Cano, en Alcorcón (Madrid). La policía halló 120 cajas repletas de documentación en una nave utilizada por Easy Concept, una de las empresas de la trama, de las que se desprende, entre otras muchas cosas, que el líder del entramado, Francisco Correa, habría pagado los gastos de parte de la boda de Alejandro Agag con la hija de José María Aznar en 2002. Estos gastos, que los novios aceptaron como regalo de bodas, alcanzaron los 32.000 euros. En ese informe, la policía también detalla otros presentes facturados por empresas de la trama, entre los que se encuentran puros habanos, viajes, plumas de lujo, televisiones de plasma o móviles de última generación.

Ruz lleva meses avisando en sus autos que la instrucción está a punto de finalizar. Es precisamente una de las razones por las que al único imputado preso en esta causa, el extesorero del PP Luis Bárcenas, se le ha denegado su puesta en libertad. Ya en el auto de prisión sin fianza dictado el pasado mes de junio, el juez explicaba que la principal finalidad de acordar su entrada en la cárcel era la de “asegurar su presencia a resultas del presente procedimiento, evitando el riesgo de fuga o huida del mismo”, máxime dado “el avanzado estado de la presente instrucción, que determina una razonable previsión de no lejanía temporal en cuanto a su finalización, al menos en lo referido a los hechos relacionados con el imputado afectado por la presente resolución”.

Las defensas quieren aprovechar el retraso

Para muchas defensas, sin embargo, no urge que dé por concluida la instrucción porque en la medida que se alargue más en el tiempo, más opciones tienen de alegar en un tribunal dilaciones indebidas. Sólo aquellos que esperan no ser procesados y que su parte quede archivada quieren que el asunto se acelere, como ocurre con José Luis Peñas, la persona que durante dos años grabó conversaciones entre Correa y muchos de los imputados y que supuso la base para que la Fiscalía Anticorrupción empezara a investigar.

Una vez que la Audiencia Nacional ha confirmado que esas grabaciones son válidas y no quedan anuladas para el juicio, el clavo al que se agarran muchos abogados defensores es poder reducir la pena lo máximo posible debido a la tardanza de la instrucción. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas explican que en este caso va a ser difícilmente demostrable que esa situación se ha producido. Efectivamente, la investigación lleva judicializada cinco años pero no se puede dejar a un lado que se trata de una causa con más de cien imputados. El asunto ha pasado por tres jueces –Baltasar Garzón, Antonio Pedreira y finalmente Ruz– y ha soportado tres cambios de destino. Se inició en la Audiencia Nacional para pasar después al Tribunal Superior de Justicia de Madrid al haber entre los imputados miembros aforados regionales, y después volvió a la Audiencia Nacional cuando estos abandonaron sus escaños.

Sin embargo, estas fuentes explican que en ninguno de los tres casos se puede decir que el juez estuviera inactivo en la instrucción. Para los tres jueces ha sido una de las causas principales de su juzgado. Asimismo, hay que tener en cuenta que, para poder aplicar la reducción de pena por dilaciones indebidas –y que podría suponer el que un condenado pasara de tener que entrar en prisión a cumplir una mínima condena que no lleve aparejada el ingreso en la cárcel–, el tribunal debe analizar si los retrasos se deben a comportamientos de los propios abogados, como es el continuo bombardeo de recursos ante cada resolución dictada por el juez, que provoca necesariamente una demora en la causa.