EXIGE "ejemplaridad"

El socialista Fernández Vara va contra sus privilegios políticos: renuncia a ser aforado

El lunes presentará formalmente su renuncia ante un notario. También entregará una iniciativa en el Parlamento extremeño para acabar con este blindaje

Foto: Guillermo Fernández Vara, líder de los socialistas extremeños. (EFE)
Guillermo Fernández Vara, líder de los socialistas extremeños. (EFE)

Un político contra los privilegios de los políticos. El líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, ha hecho pública su intención de renunciar a su condición de aforado, el privilegio que la ley le concede a todos los políticos en España para que, en el caso de ser enjuiciado criminalmente, el proceso penal lo lleve un juzgado distinto al de los ciudadanos. El expresidente de la Junta de Extremadura ha reconocido a El Confidencial que el lunes renunciará oficialmente a este privilegio ante un notario de Olivenza (Badajoz).

Vara dará un paso más. Su grupo parlamentario presentará en los próximos días una iniciativa en la Asamblea de Extremadura para que se modifique el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que concede a las más altas autoridades del Estado el derecho a declarar por escrito cuando sean citados en un juzgado como testigos. Miembros de los Gobiernos del PP y del PSOE han hecho uso de ese privilegio durante y después de su mandato. “No puede ser que yo tenga más derechos que mi vecino por haber sido presidente de Extremadura. No puede ser. Los políticos estamos para dar ejemplo”, se queja.

Vara ha tomado esta decisión tras escuchar insistentes quejas de ciudadanos que comparten un mismo trasfondo: los políticos no los representan. “¿Cómo vamos a hablar a los ciudadanos de igualdad ante la ley si nosotros declaramos por escrito y ellos se someten a preguntas y repreguntas?”, se cuestiona. Para que el político pueda acortar la brecha que separa a la clase política con la sociedad, Vara propone a todos sus compañeros, del mismo color político y contrarios, a prescindir de los privilegios que ellos mismos se conceden y dar ejemplo. “Yo soy médico y político. La profesión más valorada por los ciudadanos y la que menos. Hay que eliminar privilegios como este para que los ciudadanos empiecen a creer en nosotros”, insiste.

En países como Alemania y Reino Unido no existe la figura de aforado, y en Portugal e Italia sólo se concede este privilegio al presidente. En España son unos 10.000 los políticos españoles que tienen la categoría de aforados, según los cálculos de Unión Progreso y Democracia, el primer partido político que reclamó al Gobierno que iniciara las reformas necesarias para suprimir los distintos supuestos de aforamiento. “La gente tiene mucho que ocultar. Y yo, como no he fallado a nadie, no tengo que temer ir a declarar ante un juzgado ordinario”, añade el socialista extremeño.

Sea como fuere, lo cierto es que políticos de todos los colores se han aprovechado de esta condición especial. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido la última política que optó por declarar por escrito ante las preguntas que el juez Pablo Ruz le hizo por el caso Gürtel en diciembre. El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo lo propio a las preguntas del juez y las partes del caso Bankia. De Guindos dejó, sin embargo, cuestiones sin resolver y las partes ejercieron el derecho a repreguntar, pero De Guindos volvió a contestar por escrito.

Políticos de todos los colores se aprovechan de su condición especial

El presidente del Congreso, Jesús Posada; el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete; y la exministra de Sanidad Celia Villalobos fueron llamados a declarar como testigos en el juicio contra el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Los tres se aprovecharon de su blindaje para contestar a las preguntas del juez por escrito.

Otros exministros socialistas también hicieron uso de esta prerrogativa. Leire Pajín y Elena Salgado, ambas miembros del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, evitaron acudir al Tribunal Supremo en el marco del caso Campeón, en el que José Blanco estuvo imputado. Anteriormente, el que fue ministro de Defensa en el Gobierno de José María Aznar, Federico Trillo, evitó la imagen entrando a declarar en la Audiencia Nacional cuando el juez Javier Gómez Bermúdez requirió su testimonio por el caso del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares españoles.

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