Rosa Díez recurre ante el Supremo el ‘pasteleo’ del CGPJ

Nuevo cara a cara cargado de tensión entre la líder de UPyD, Rosa Díez, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a cuenta, hoy, del ‘pasteleo’ del Consejo General del Poder Judicial. La portavoz de Unión, Progreso y Democracia ha interrogado a Rajoy sobre las razones por las que ha incumplido su promesa electoral de despolitizar el órgano de gobierno de la justicia y ha anunciado un recurso de su partido ante el Tribunal Supremo por lo que considera uno de los gérmenes de la corrupción política. “Sin justicia independiente, ni hay democracia que merezca tal nombre ni es posible acabar con la corrupción política”, ha asegurado Díez.

Rajoy, como suele ser habitual en sus enfrentamientos dialécticos con Rosa Díez, ha respondido a la pregunta de la portavoz con ciertas dosis de desdén y le ha pedido “modestia” ante un acuerdo sobre el CGPJ que ha sido ratificado por la inmensa mayoría del Congreso. “Debería dejar de agredir a todos los miembros de esta Cámara que voluntariamente han dado el sí, debería ser más modesta y ver si la equivocada es usted y no el 93 por ciento de los miembros de la Cámara”, ha argüido.

Díez ha señalado que el pacto ya se ha llevado a cabo “con alevosía” y que su partido no va a dar “nunca por perdida” esta batalla. Por eso, hoy mismo han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del nombramiento de Carlos Lesmes como presidente del Alto Tribunal y los Relaes Decretos que designaron a los vocales del CGPJ elegidos por el Congreso y por el Senado. Entiende UPpyD que dichos nombramientos, pactados previamente por los principales partidos, vulneran la Constitución y la doctrina emanada del Tribunal Constitucional y suponen una “extralimitación” de la función que la Carta Magna concede a las fuerzas políticas.

“Consideramos que el referido sistema de nombramiento del CGPJ debilita la democracia, destruye la separación de poderes, contraviene el espíritu de la Constitución y compromete la independencia y autonomía del poder judicial”, señala el recurso presentado por el letrado del partido, Andres Herzog. El escrito añade también que el Tribunal Constitucional fue muy claro al señalar que la validez del nombramiento de los vocales por las Cortes dependía de que estos nombramientos no fueran por cuotas partidistas, “pues ello supondría frustar la finalidad señalada en la norma constitucional”.

“Al convertir el examen de los candidatos por las Cámaras en una farsa carente de contenido real (los grupos parlamentarios que han pactado el reparto y los candidatos acordados ya sabían con carácter previo a quién iba a corresponder el nombramiento), al eliminar cualquier posibilidad de acuerdo posterior tras la proclamación de las candidaturas en los términos previstos por la ley (art.567 LOPJ y concordantes de los Reglamentos de las Cámaras) se ha privado de facto al grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia de cualquier posible intervención en el procedimiento, impidiendo de raíz la propia finalidad de la norma que, como bien indica el propio Tribunal Constitucional en la sentencia mencionada, no es otra que la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy especial, en el seno del poder judicial”.

El círculo de la impunidad

En su cara a cara con Rajoy, Díez ha reprochado también que con este acuerdo se haya cerrado el “círculo de la impunidad” de la clase política. “Pimero universalizan el aforamiento, después se reparten entre los partidos las cuotas para nombrar a los miembros del órgano que nombrará a los jueces y que eventualmente deberán juzgarsles a ustedes. Después, si acaso, le piden ayuda al fiscal y, si también eso falla, les queda el indulto”.

El jefe del Ejecutivo ha defendido, por su parte, que los vocales “no están vinculados al órgano proponente”, como demuestra que su mandato de cinco años no coincida el tiempo de las Cortes Generales. Y ha emplazado a su interlocutora a “saber leer e interpretar” las sentencias del Tribunal Constitucional, que señaló que el actual sistema de elección “se ajusta plenamente al texto constitucional”.