La Audiencia Nacional no prohíbe el acto de los expresos de ETA en Durango

Los más de sesenta presos de ETA que han sido excarcelados a lo largo de los dos últimos meses, tras la derogación de la 'doctrina Parot', puedenreunirse este sábado para celebrar un acto y una comida en la localidad vizcaína de Durango. Entre los asistentes estarán Inés del Río, la reclusa que ganó a España frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos; o José Antonio López Ruiz, alias 'Kubati', entre otros. Poco antes de la hora prevista para la convocatoria, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó un auto en el que daba permiso para la celebración de esta reunión al no cometerse, a priori, ningún delito.

Eso sí, ordena a la Ertzaintza y a la Delegación del Gobierno del País Vasco vigilar el acto,"a fin de que, dentro del ámbito del principio de proporcionalidad y con absoluto respeto al derecho de reunión y manifestación,adopten las medidas q se consideren necesarias para evitar la comisión de los hechos que pudieran ser considerados como delictivos".

En su resolución, el juez explica que practicadas las diligencias oportunas para la averiguación del delito denunciado, a tenor de los tres informes policiales, como dice el fiscal, "no existen elementos o indicios de comisión del mismo", esto es, no hay base para considerar que el objeto del acto sea, como dicen los denunciantes, "otro que el de mostrar su apoyo y solidaridad, con el consiguiente homenaje, al resto de la organización terrorista ETA que aún se encuentran encarcelados".

Según el instructor, si el fiscal entiende que no se acredita la comisión de delito, "por obvia aplicación del principio acusatorio no procede otra cosa que el archivo de las actuaciones", puesto que los denunciantes no son parte al no haberse personado como acusación. Pedraz señala que "es obvio, por tanto, que no cabe prohibir en modo alguno el acto,ni aún por razón de quienes van a asistir (al efecto debe recordarse la proscripción de la doctrina del derecho penal de autor, que implica una vara de medir distintaal justiciable, atentando claramente al derecho de igualdad)".Por último, el juez subraya, vista la repercusión mediática de estos actos y la confusión que provoca al ciudadano, que cuando el juez no prohíbe el acto no significa que "consienta", "autorice" o "permita", ya que la Constitución establece que el derecho de reunión ymanifestación no requiere autorización previa.

La asociación Dignidad y Justicia denunció el encuentro al considerar que se iba a cometer un delito deenaltecimiento del terrorismo,al apoyar en este acto a otros reclusos de la banda terrorista que todavía están cumpliendo condena, y otro dehumillación a las víctimas del terrorismo. Sin embargo, la Fiscalía ya informó el viernes que de los tres informes policiales emitidos no se puede llegar a esa conclusión, a pesar de que en uno de ellos, el de la Policía Nacional, se recoge que el grupo que está detrás de la convocatoria es unainiciativa creada por los presos de ETA. Se trata de un instrumento para poder actuar fuera de las prisiones y forma parte de la estructura de la organización terrorista.

Víctimas, en pie de guerra

Las víctimas del terrorismo ven en este acto otra humillación y culpa tanto al Gobierno como a los tribunales de permitir este tipo de fotografías, así como que todos los que este sábado van a acudir estén en liberad. Cuando el tribunal de Estrasburgo ordenó la excarcelación de Del Río por haberle aplicado la doctrina Parot años después de ser condenada, las víctimas se pusieron en pie de guerra. Pidieron al Gobierno que no consintiera que esa sentencia se aplicara al resto de los casos de presos de ETA que estaban en una situación similar.

Le imploraron para que no acatara lo dictaminado por elTEDH paraevitar así la salida de las cárceles de los miembros de la banda terrorista. Sin embargo, la Audiencia Nacional consideró que no se podía mantener en prisióna ninguno de los presos a los que se les hubiera aplicado la doctrina Parot -dictaminada en 2006 y por la que se obligaba a los reos con más años de cárcel cumplir los treinta años máximos que permite el Código Penal-.

Las víctimas lo han vivido como un ataque personal y consideran que el hecho de que ahora se permita un acto donde se reúnan todos los etarras que hasta hace dos meses cumplían sus condenas constituye "una indecencia y una vergüenza, no sólo para las víctimas, sino para toda la sociedad y el Estado español", tal y como ha sostenido la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza.

El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz lo calificaba de "aquelarre repugnante", un acto que produce "dolor y repugnancia" porque se trata de personas que no se han arrepentido ni han pedido perdón a las víctimas por el daño que han hecho.La Fiscalía se manifestó el viernes en contra de prohibir que se celebrara el acto, tal y como había pedido Dignidad y Justicia, pero sí le pedía a Pedraz que las fuerzas de Seguridad estuvieran vigilantes por si se cometía algún delito.