El Supremo tumba su propia doctrina con un acuerdo precocinado y consensuado

El acuerdo que aprobó ayer el Tribunal Supremo, por el que deja vía libre para que los etarras más históricos y presos más sanguinarios que fueron condenados por el Código Penal de 1973 salgan a la calle, llegó al Pleno precocinado y consensuado entre la mayoría de los magistrados.

Fuentes del Alto Tribunal señalan que el documento, con toda su literalidad, fue aportado por el magistrado Miguel Colmenero sin que los intentos de otros compañeros de la Sala de lo Penalsirvieran para modificar una sola coma. Es el caso de las propuestas de Joaquín Giménez, Julián Sánchez Melgar y Manuel Marchena, que cayeron en saco roto durante las casi tres horas que duró el debate.

Alguno de los magistrados era partidario dediscutircada uno de los tres puntos que recoge el acuerdo de manera individual para, si se procediese,hacer modificaciones, pero la mayoría se opuso y adoptó por buena la versión de Colmenero.

Este modus operandiha sido calificado por algunos de los magistrados discrepantes como un acuerdo precocinado, ya que estaba todo hablado y debatido por la mayoría y en la reunión de ayer no había nada que hacer.

Entre los magistrados hubo quien intentó que el acuerdo no anularapor completo la doctrina Parot, sino únicamente para los casos en los que la condena fue firme antes de 2006. En la práctica, este supuesto afecta a la inmensa mayoría de los casos, pero los discrepantes (Melgar, José Manuel Maza, Antonio del Moral y Manuel Marchena) querían dejar constancia de que el problema no radica en la doctrina en sí, sino en el hecho de aplicarlaa presos que ya habían sido condenados con anterioridad. Aun así, esa puntualización no se hizo constar en la decisión.

El punto que más polémica creó fue el segundo, es decir, dejar en manos de los tribunales sentenciadores la potestad de decidir sobre las excarcelaciones, como la Audiencia Nacional o las audiencias provinciales. Quienes votaron en contra apostaban por que se revisaran todos los casos en el Tribunal Supremo através de un recurso de revisión y no llevar todo a su origen porque fue este órgano judicial el que fijó el nuevo recuento de beneficios penitenciarios, provocando que un centenar de presos se mantuviera más tiempo en la cárcel de lo inicialmente previsto.

También hubo controversia con el tercer puntodel acuerdo,el que se insta al poder legislativo a regular claramente cómo se deben incorporar las sentencias de Estrasburgo en nuestro sistema. Algunos lo consideran innecesario, pues el artículo 10.2 de la Constitución ya lo dice cuando afirma que: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con laDeclaración Universal de Derechos Humanosy los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Entre los magistrados que apoyaron el acuerdo que avala que la sentencia sobre Inés del Río sea aplicada al resto de casos en similares circunstancias ha sido apoyado, entre otros, por el propio presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, quien últimamente suena como candidato para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la renovación que se está ultimando por los dos principales partidos políticos. Otro de los avales llegó de parte de Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado, quien optó por pasar desapercibido en el debate.

El siguiente paso del Alto Tribunal es revisar los cuatro casos concretos que tienen pendientes, probablemente la próxima semana. Además, el Constitucional también se reúne el próximo martes para estudiar el recurso que tienen más antiguo, el del etarra Ignacio Fernández de Larrinoa.