EN CASO DE VIOLACIÓN Y PELIGRO PARA LA SALUD

Gallardón vuelve a la ley de los 80 y limita los supuestos despenalizados para abortar

Las embarazadas podrán abortar en caso de violación hasta la semana 12 y si existe riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre hasta la 22

Foto:  El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (i), durante la rueda de prensa. (EFE)
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (i), durante la rueda de prensa. (EFE)

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, la esperada reforma de la ley del aborto que acaba con el sistema de plazos previsto en la norma de 2010 impulsada por Bibiana Aído. La nueva ley prevé que la interrupción del embarazo vuelva a estar destipificada pero solo en dos supuestos: cuando el embarazo suponga un grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer y cuando este sea consecuencia de un delito contra la libertad o la seguridad de la mujer. En este caso, eso sí, el aborto podrá ser llevado a cabo si, de forma previa, se hubiera presentado una denuncia en las 12 primeras semanas de gestación.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido el encargado de presentar y defender el nuevo anteproyecto de ley que supone un giro más restrictivo incluso que la propia ley de 1985 pues establece condiciones mucho más severas para la práctica del aborto para impedir que determinados supuestos se conviertan en un coladero de casos. Así, según ha explicado Gallardón, el nuevo texto prevé que el aborto tendrá que ser autorizado en un informe acreditado por dos médicos diferentes, que tendrán que ser distintos al que, finalmente, realice la interrupción del embarazo, y que no podrán depender laboralmente del centro en el que se lleve a cabo el aborto. Gallardón ha explicado que el anteproyecto “simplifica” los supuestos despenalizados y “aporta seguridad” a los profesionales médicos que, hasta el último momento, se podrán acoger a la objeción de conciencia.

La discapacidad no es causa objetiva

En los casos en los que el feto presente una anomalía incompatible con la vida, ésta deberá ser acreditada, igualmente, por sendos informes médicos. Uno, sobre el posible riesgo físico o psíquico para la salud de la madre, y otro, sobre el propio feto. En este sentido, y tal y como había adelantado Gallardón, la discapacidad no será considerada una causa objetiva que justifique el aborto, aunque, si esta discapacidad, repercute en un posible daño psicológico para la madre que pueda ser acreditado por un facultativo, entonces sí se podrá llevar a cabo la interrupción del embarazo en los supuestos contemplados.

El Gobierno defiende como un avance “histórico” el que, por primera vez, esta norma no contemple ningún reproche penal para las mujeres que llevan a cabo una interrupción de su embarazo, tal y como sí se preveía en la legislación de 1985 y de 2010. “En el supuesto dramático del aborto, la mujer nunca es culpable, siempre es víctima”, ha explicado Gallardón.

Otra importante novedad de la reforma es el hecho de que anule la posibilidad de que las menores puedan abortar sin el conocimiento de sus padres. Los titulares de la patria potestad de la menor deberán participar en el consentimiento informado. Este proceso previo de información a la mujer será también más extenso “y no meramente un trámite”. Gallardón ha explicado que se ofrecerá información sobre las alternativas existentes al aborto, así como sobre posibles ayudas e información clínica sobre los riesgos para la salud que una práctica así conllevan. El plazo de reflexión entre dicha información y la práctica del aborto se amplía, por otro lado, de tres días a una semana.

Gallardón ha defendido que su contrarreforma va en la línea de la doctrina que el Tribunal Constitucional ha expresado hasta en tres ocasiones y establece un equilibrio entre dos “valores jurídicos” que merecen protección por parte del Estado como es el derecho a la vida del nasciturus y el de la madre. Por eso, ha justificado la suspensión del sistema de plazos que “ignoraba” por completo los derechos del no nacido durante las primeras 14 semanas de gestación. “Cuando se produce un conflicto entre ambos, el legislador debe resolverlo, no que lo que no dice el Tribunal Constitucional es que haya que olvidarse de uno de esos bienes jurídicos”.

“Ninguna divergencia” en el Gobierno

“La ley es una apuesta clara y decisiva por la protección de los más vulnerables y más débiles”, ha concluido Gallardón. Por eso, ha explicado que el nuevo texto prohibirá la publicidad sobre centros donde se practique la interrupción del embarazo porque el aborto “no debe ser contemplado como primera opción y no es un objeto de consumo”.

La reforma regula, por último, la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Estos lo indicarán en su expediente personal, pero hasta el último momento podrán abstenerse y alegar la objeción de conciencia.

Gallardón ha querido dejar claro también que en el seno del Gobierno no habido “ninguna divergencia” con el anteproyecto que hoy se ha presentado en público y ha recordado también que se comprometido a presentar esta reforma en la primera mitad de la legislatura, plazo que vence la semana que viene.

España
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
75 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios