las SANCIones llegan a dispararse un 150.000%

La Ley de Seguridad Ciudadana eleva las multas por desórdenes de 20 a 30.001 €

La nueva Ley que prepara Interior elevará las sanciones para las antiguas faltas del Código Penal hasta un 4.900%, según el borrador del Ministerio.

Foto: Protestas en Madrid, junto al Congreso de los Diputados (EFE)
Protestas en Madrid, junto al Congreso de los Diputados (EFE)

La nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que prepara el Ministerio del Interior perseguirá más conductas de las que contempla la legislación actual, pero también aumentará el importe de las sanciones correspondientes. En algunos supuestos, como en el caso de la provocación de desórdenes públicos, el incremento de la cuantía de las multas con respecto a la normativa en vigor podrá alcanzar hasta un 149.050%, según se desprende del borrador de la ley, aún en proceso de elaboración, que maneja el departamento de Jorge Fernández Díaz.

Las variaciones más abruptas las sufrirán las conductas que estaban recogidas hasta ahora como faltas por el Código Penal. La reforma de este texto promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, deja fuera las penas más leves, y las que tengan relación con el orden público serán absorbidas por la Ley de Seguridad Ciudadana, transformándolas en infracciones administrativas. Desaparece la obligación de estar localizado que establece el Código Penal para algunas faltas y los antecedentes por este tipo de conductas no constarán en el historial de los sancionados, pero la multa económica que se aplica ahora se mantendrá y su importe sufrirá un incremento considerable.

Misma redacción, multa distinta 

Ese es el caso del artículo 633 del Código Penal aún en vigor, que recoge como falta de orden público la perturbación leve “en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos o espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas”. La Ley de Seguridad Ciudadana incorpora esta falta convirtiéndola en una infracción administrativa “muy grave”. El artículo quedará redactado de un modo casi idéntico a su versión actual, pero el importe de la multa vinculada a este supuesto se disparará en el nuevo texto de Interior.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)
Así, en estos momentos, el Código Penal establece que los desórdenes del artículo 633 se exponen a una sanción que debe oscilar entre los 10 y 30 días. El propio código aclara que, en el caso de las personas físicas, la multa diaria variará entre un mínimo de dos euros y un máximo de 400 por jornada. Por tanto, aunque corresponde al juez fijar la cuantía concreta del castigo en función de la gravedad de los hechos, una condena por el artículo 633 siempre conlleva una multa que puede ir de los 20 euros, para los casos más leves, a los 12.000, para los de máxima gravedad.

En la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, esas cantidades se multiplican. El mismo comportamiento pasará a estar sancionado en los casos más leves con al menos 30.001 euros (lo que representa un aumento del 149.050% con respecto a la multa mínima actual) y con 600.000 para los desórdenes de mayor gravedad (un 4.900% superior al tope máximo en todavía en vigor).

Insultar a policías puede salir más barato

El aumento de las sanciones es generalizado, aunque no en todos los supuestos será tan significativo. Otra falta del Código Penal que se convertirá en un nuevo artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana es el que hace referencia a la falta de respeto y consideración hacia los agentes de la autoridad, el número 634. En el último borrador que maneja Interior, este precepto se desdobla en dos artículos. Por un lado, se persigue la grabación de imágenes o toma de fotografías de los policías y se considera esta conducta una infracción grave. Y por otro lado, en la versión más reciente del anteproyecto, se califica como infracción leve proferir amenazas o insultos a funcionarios de las Fuerzas de Seguridad.

En la actualidad, el Código Penal castiga la desconsideración hacia los agentes con sanciones que oscilan entre un mínimo de 20 euros (10 días de multa diaria con el menor importe posible) y un tope de 24.000 (60 días de multa diaria con la máxima sanción). Sin embargo, en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, si esa desconsideración implica la toma de imágenes, la sanción oscilará entre los 1.001 euros, en los casos más leves, y los 30.000 en los de mayor gravedad, elevando de forma notable el importe del castigo.

No obstante, el incremento de la cuantía no será tan elevado si la desconsideración a los agentes se produce mediantes amenazas o insultos. Para infracciones leves como esta, el borrador que maneja Interior contempla sanciones de entre 100 euros y 1.000. La cuantía mínima aumenta un 400% con respecto a las multas en vigor, pero la máxima supone un descenso del 96%.

La misma tabla de multas

Interior subraya que, a pesar de estos incrementos, su propuesta mantiene las mismas multas económicas contemplada por la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor, aprobada en 1992. Es decir, entre 100 y 1.000 euros para las infracciones leves; de 1.001 a 30.000 para las infracciones graves; y de 30.001 a 600.000 para las más graves. El aumento en las cuantías se debe a la reclasificación de las sanciones actuales y a la incorporación de las faltas que desaparecen del Código Penal. En este último caso, el aumento será especialmente pronunciado, aunque también es cierto que conllevará que esas conductas dejen de ser consideradas faltas penales para convertirse en sanciones de tipo únicamente administrativo.

La cartera de Fernández Díaz mantiene su intención de presentar el borrador del anteproyecto en el Consejo de Ministros de este viernes. Fuentes de Interior aseguran que aún se está trabajando en el texto y advierten de que aún puede sufrir modificaciones con respecto a su configuración original. Como informó El Confidencial este martes, la última versión de la norma reduce de 21 a menos de una decena el número de infracciones muy graves. Una vez sea aprobado por el Consejo de Ministros, el anteproyecto deberá ser remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial para que emitan un informe sobre su encaje en el marco normativo nacional. 

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