MANIFESTARSE JUNTO AL CONGRESO, HASTA 600.000€

Interior multará la prostitución en carreteras y los insultos a policías con hasta 30.000 €

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Ministerio del Interior sancionará numerosos comportamientos que hasta no estaban tipificados.

Foto: Protesta de prostitutas en el distrito madrileño de Villaverde (EFE)
Protesta de prostitutas en el distrito madrileño de Villaverde (EFE)

El Ministerio del Interior prepara una reforma legal que sancionará a partir de ahora numerosos comportamientos relacionados con el orden público. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz quiere sustituir antes del próximo verano la actual Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que data de 1992, por una completamente nueva mucho más contundente en la persecución de conductas incívicas. El proceso no será sencillo, porque los 55 artículos y el régimen sancionador del anteproyecto que maneja Interior, al que ha tenido acceso El Confidencial, fija multas muy elevadas para infracciones relacionadas con los derechos de reunión y manifestación en un momento de máxima tensión en las calles. Será difícil que el PP consiga el respaldo de las formaciones de izquierdas en la tramitación parlamentaria de la norma.

Interior presentará el borrador este miércoles en la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado y pretende llevarlo al Consejo de Ministros de este viernes. El documento considera infracciones graves sancionadas con multas de 1.001 euros a 30.000 el “ofrecimiento, negociación, solicitud y aceptación” de la prostitución en lugares próximos a zonas de menores y también en espacios que puedan resultar peligrosos para la circulación de vehículos.

Los clientes de la prostitución serán perseguidos

Por el modo en que está redactado este artículo, las Fuerzas de Seguridad podrán perseguir tanto a las personas que ejerzan la prostitución junto a parques infantiles, colegios o carreteras como a aquellas otras que demanden sus servicios. Ninguna norma de ámbito estatal había entrado hasta ahora a legislar sobre esta materia. Fuentes oficiales de Interior han rechazado que la norma pretenda castigar todas las formas de prostitución y han asegurado que esta medida responde principalmente a las demandas de colectivos vecinales de toda España. Los municipios tienen competencias para aplicar ordenanzas más restrictivas.

Prostitutas que ejercen su oficio en la carretera LL-11 de Lleida. (EFE)
Prostitutas que ejercen su oficio en la carretera LL-11 de Lleida. (EFE)
También se califican como infracciones graves con multas de hasta 30.000 euros las “amenazas, coacciones, injurias o vejaciones” contra agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado encargados de velar por el mantenimiento del orden público. Cuando esas agresiones incluyan la “grabación de imágenes” o toma de fotografías de los funcionarios que atenten contra su honor o su seguridad, las infracciones serán entonces consideradas muy graves, por lo que serán castigadas con multas de 30.001 euros a 600.000. En este supuesto, que tampoco recoge la legislación actual, entraría por ejemplo la grabación no autorizada de agentes antidisturbios en manifestaciones y las fotografías con ánimo ofensivo de los efectivos que custodian las fronteras de Ceuta, Melilla y Gibraltar.

Prohibido cubrirse el rostro

También se considerará infracción muy grave y por tanto expuesta a sanciones de hasta 600.000 euros la organización de concentraciones no comunicadas o prohibidas en las inmediaciones del “Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas autonómicas”, estén o no reunidos los cargos electos dentro de las cámaras. En la actualidad, el Código Penal sólo castiga las coacciones a los representantes democráticos cuando se produzcan en el momento del voto o con las cámaras reunidas. Pero con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cualquier manifestante que reedite las protestas de Rodea el Congreso o Asedia el Congreso sin la autorización de la Delegación del Gobierno se expondrá a multas de hasta 600.000 euros.

Las novedades son numerosas, pero el Ministerio del Interior ha hecho especial hincapié en la regulación de comportamientos relacionados con las protestas en vías públicas. Así, en el borrador se aborda por primera vez la persecución del uso de capuchas, cascos o cualquier otra prenda que se utilice para cubrir el rostro y dificultar la identificación en manifestaciones en las que se produzcan desórdenes públicos. Será una falta grave castigada con hasta 30.000 euros. Tal y como queda redactado, deja dentro de ese supuesto el uso del niqab (la prenda que utilizan las mujeres musulmanas para dejar sólo los ojos al descubierto) y el burka (que cubre la cara por completo).

Más de mil personas se concentran frente al Congreso de los Diputados. (EFE)
Más de mil personas se concentran frente al Congreso de los Diputados. (EFE)
Del mismo modo, el nuevo articulado califica como infracciones graves expuestas a multas de hasta 30.000 euros la colocación de obstáculos en vías públicas que impidan la libre circulación de vehículos y personas, al estilo de barricadas, y “los daños o el deslucimiento de bienes, muebles e inmuebles” urbanos, como la quema papeleras y contenedores, los ataques a farolas y marquesinas o el uso de grafitis contra medios de transporte. El uso de luces o punteros láser contra aviones, trenes y autobuses que afecten a su seguridad será perseguido aún con mayor dureza. Se declara un hecho muy grave sancionado con hasta 600.000 euros.

Distancia de seguridad para los escraches

Asimismo, los escraches o protestas de acoso a autoridades serán perseguidos de dos formas. Por un lado, como infracciones muy graves de hasta 600.000 euros si se realizan sin el permiso de la delegación del Gobierno correspondiente. Y por otro lado, el borrador de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana autoriza a las Fuerzas de Seguridad del Estado a establecer un perímetro de seguridad en torno al blanco de la protesta. La distancia de seguridad será fijada por los responsables policiales. Con este cambio, Interior reacciona con la máxima contundencia a las concentraciones organizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Una de las que más repercusión tuvo se produjo el pasado abril frente a la vivienda en Madrid de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Afectados por hipotecas hacen un escrache ante la casa de Sáenz de Santamaría. (EFE)
Afectados por hipotecas hacen un escrache ante la casa de Sáenz de Santamaría. (EFE)
El borrador también permitirá sancionar por primera vez como hechos muy graves las protestas en infraestructuras críticas, como centrales nucleares o aeropuertos, y considera grave el escalamiento a edificios públicos y el lanzamiento posterior desde ellos, como ocurrió en la reciente protesta que protagonizó Greenpeace subiéndose al tejado del Congreso para denunciar la nueva Ley de Costas.

Las cundas serán multadas

Interior también entrará en otros ámbitos, como el consumo de estupefacientes. Se recoge como infracción grave el consumo y tenencia de estupefacientes aunque no sea para tráfico, abandonar en espacios públicos útiles relacionados con el consumo de drogas, y el cultivo de plantas narcóticas en el interior de la vivienda. En todos estos casos, si se detecta una cantidad considerable de estupefacientes, dejará de ser infracción administrativa grave para convertirse en delito. El anteproyecto contempla además multas graves (de 1.001 a 30.000 euros) para las personas que transporten a otras para facilitarles el consumo de droga, las llamadas cundas.

Otro de los grandes cambios en el borrador de Interior afectará al consumo de alcohol en la calle, más conocido como botellón. Cuando no esté permitido por odenanzas municipales y “perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana” será castigado como una infracción grave. Tampoco había hasta ahora ninguna norma de ámbito de nacional que entrara a regular este fenómeno.

Más allá de las sanciones, la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana incluirá a petición del defensor del pueblo “la responsabilidad de los padres, tutores o guardadores” derivada de todos los hechos cometidos por menores de edad, como ocurre desde hace años en el caso del terrorismo callejero o kale borroka. La elevación de la culpabilidad a los progenitores en esos supuestos fue uno de los factores que más contribuyó a erradicar este tipo de agresiones.

El calendario de la norma

Fernández Díaz espera que el borrador del anteproyecto sea avalado por el Consejo de Ministros el próximo viernes. Tras ese paso, deberá ser remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial para que emitan un dictamen sobre la norma, un trámite obligatorio porque la ley afecta a derechos fundamentales. Después, el texto modificado deberá ser validado de nuevo por el Consejo de Ministros, que acordará su envío posterior al Congreso para el inicio del trámite parlamentario. El objetivo del Ministerio es que entre en vigor antes del próximo verano.

Una vez aprobada, la norma establecerá unos mínimos de aplicación para todo el territorio nacional y todas las Fuerzas de Seguridad, incluidas las policías autonómicas. Las comunidades autónomas y los municipios podrán endurecer todos aquellos aspectos que consideren oportunos. De hecho, hay ordenanzas municipales en vigor que son más beligerantes con la prostitución y el consumo de alcohol en espacios públicos, pero la nueva Ley de Seguridad Ciudadana fijará por primera vez un marco nacional para todos estos comportamientos.

Fruto de la reforma del Código Penal

Se trata de una modificación motivada por la reforma del Código Penal que ha dejado fuera conductas que hasta ahora tenían rango de falta. La nueva ley de Seguridad Ciudadana incorpora esos artículos desechados y crea otros desde cero para que sean perseguidos por la vía administrativa. Las multas serán impuestas por las delegaciones del Gobierno y podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Fuentes oficiales de Interior aseguran que la norma ha sido consensuada con asociaciones de vecinos, el defensor del pueblo, las Fuerzas de Seguridad del Estado y los representantes sindicales de los agentes. Sin embargo, la cartera de Fernández Díaz aún no ha establecido ningún contacto con otras fuerzas del arco parlamentario para conocer su opinión sobre el anteproyecto.   

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