Julián Muñoz y Roca condenados a otros 6 años por el caso 'Saqueo 2'

La Audiencia Nacional ha condenado a seis años de prisión al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca esta vez por la causa ‘Saqueo 2' cuya sentencia aún estaba pendiente. En total, son 13 los condenados y 15 absueltos, entre los que se encuentra la exalcaldesa Marisol Yagüe.

Roca y Muñoz han sido condenados por un delito de malversación de caudales públicos agravado con el de dilaciones indebidas. Por su parte, han sido absueltos de los delitos de asociación ilícita y contra la seguridad social, de los que estaban acusados por la Fiscalía Anticorrupción que pedía para ellos quince años de cárcel.

La condena a Muñoz y Roca es consecuencia de lagestión municipal del GIL –el partido del fallecido expresidente del Atlético de Madrid y exalcalde de Marbella, Jesús Gil- entre los años 1991 y 1999.

Además, deberán hacer frente como responsables civiles a una indemnización de más de cuarenta millones de euros.

La sentencia relata cómo los ahora condenados, durante la década de los 90, idearon un sistema para disponer de fondos y patrimonio en perjuicio del erario público marbellí. La Sala desgrana las operaciones mediante las cuales se pudieron desviar los fondos públicos. Así, el Ayuntamiento asumió deudas ficticias que no respondían a ninguna operación, relaciones contractuales inexistentes, así como la disposición de fondos del Consistorio sin haber justificado su destino público.

La Audiencia Nacional sentó en el banquillo de los acusados a36 personas por gestionar los recursos municipales “al margen de las normas legales y con la finalidad de sustraer a cualquier control público los fondos". Pretendían utilizar parte de ellos en beneficio propio y en detrimento del Consistorio. Para ello, parte de los acusados que formaban de una forma u otra parte del Ayuntamiento “omitieron voluntaria y conscientemente ajustarse a la legislación que les obligaba, reguladora de la Administración Local”.

La Fiscalía acusaba a los que no eran concejales de facilitar la anterior conducta de quienes ostentaban dichos cargos públicos o se beneficiaron de dicha actuación pese al conocimiento del actuar ilícito de los anteriores, coadyuvando al mismo.