Un fallo demoledor para Torres-Dulce: exigió el delito de colaboración con ETA

La condena a los dos agentes policiales por el 'chivatazo' a ETA ha caído como un jarro de agua fría para el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien apostó con su propio nombre por una acusación mucho más contundente contra Enrique Pamiés y José María Ballesteros. Lanzó un órdago y le ha salido mal. Ordenó al fiscal del caso, Carlos Bautista, que los acusara de un delito de colaboración con organización terrorista en contra de su criterio.

El fiscal se enfrentó y la jugada le ha salido redonda. Por escrito advirtió de que pediría la condena por ese delito, pero en contra de su criterio, y que no lo defendería. Torres-Dulce mantuvo su orden pero aceptó, como buen fiscal que es, que Bautista actuara dentro de los soportes legales que le permite el Estatuto fiscal.

No hubo vendetas. El fiscal no fue apartado y pudo llevar a cabo el juicio contra los dos mandos policiales. Según fuentes jurídicas, la sentencia de la Audiencia Nacional ha expuesto demasiado al fiscal general, que se ha quemado con esa orden expresa. Fue un error que ha cometido y que le va a pesar, sobre todo por un asunto que no estaba tan claro.

De todas maneras, tanto las acusaciones como las defensas recurrirán la sentencia al Tribunal Supremo. El fiscal general del Estado tiene otra oportunidad para que su tesis se confirme. Precisamente porque él se basó en una sentencia del alto tribunal que defendía que para ser colaborador de ETA no es necesario mantener sus tesis. Hasta entonces, Torres-Dulce se mantendrá discreto.

Esta orden no ayudó a mejorar las relaciones con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, con quien mantiene unas relaciones frías. Recientemente, le ha desautorizado verbalmente ante la policía después de que el máximo representante de la Audiencia Nacional remitiera un documento a los máximos órganos policiales para que trabajaran codo con codo con sus fiscales en tema de corrupción, en detrimento de la Fiscalía Anticorrupción, documento que llegó a manos de Torres-Dulce y medió en el asunto.

Torres-Dulce confía en Anticorrupción

Desde que la Fiscalía que dirige Antonio Salinas está cogiendo mucha repercusión, el Ministerio Público de la Audiencia Nacional se está viendo relegado de los asuntos de máximo interés público, una vez que las causas contra ETA se han reducido considerablemente.

Sin embargo, Salinas ha sabido ganarse la confianza de su jefe, consiguiendo que Anticorrupción se convierta en su niña bonita y les conceda la investigación de asuntos especialmente complejos. Esta relación de confianza ha mejorado tanto que no es previsible que releguen al fiscal jefe de su puesto en noviembre, cuando se le acaba el mandato, y a tres años de jubilarse.

A pesar de las críticas vertidas al papel de Anticorrupción por trabajar bajo las directrices del Gobierno, fuentes fiscales mantienen que son escasas las órdenes recibidas. Aunque es reconocido que Torres-Dulce recibe presiones por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también sostienen que ha parado muchas órdenes comprometidas.

Su papel con Bárcenas

En el caso relacionado con el extesorero del PP Luis Bárcenas, el fiscal general lidera alguna decisión. Fue él mismo quien decidió que los conocidos como 'papeles de Bárcenas' debían investigarse previamente en la Fiscalía Anticorrupción antes de que llegaran a manos del juez. Él decidió el fiscal que lo debía asumir y posteriormente ordenó judicializarlo para que lo investigara Pablo Ruz cuando vio que el caso se lo quedaba un juez 'incómodo' para el Gobierno, Javier Gómez Bermúdez.

También ordenó a Salinas que las fiscales del caso Gürtel se adhirieran a la petición que iba a hacer la acusación de ingreso en prisión de Bárcenas en su último interrogatorio por la pieza principal. Las fiscales llegaron al juzgado con una orden clara, apoyar la petición de ADADE, que ya había anunciado que iba a ser prisión. Sin embargo, en el momento de soIicitarlo, Ruz dio la palabra al Ministerio Público antes que al abogado de la acusación. Ante la previsión de lo que iba a pedir, ellas defendieron la prisión incondicional. Sorprendentemente, la acusación solicitó prisión con fianza y, por tanto, se habían excedido de la orden. Sin embargo, no hubo ninguna represalia ni expediente contra ellas porque la idea inicial era que Luis Bárcenas debía ir a la cárcel.

El caso Nóos

En el caso Nóos, fuentes fiscales mantienen que su oposición a imputar a la infanta Cristina no es por orden de Torres-Dulce, sino por el propio criterio del fiscal del caso, que desde el principio ha mantenido que no hay suficientes indicios delictivos contra la mujer de Iñaki Urdangarin. En la decisión que sí intervino fue al solicitar al juez José Castro que se inhibiese de todo el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Valencia al haber indicios de delito contra el expresidente de la comunidad y la alcaldesa de la ciudad, Francisco Camps y Rita Barberá. Al ser estos miembros aforados regionales, este tribunal debía absorber la totalidad del asunto. Así se hizo, pero no contaron con que el TSJV no lo aceptó al entender que no se podía recriminar nada penalmente a los dos dirigentes valencianos.