El Tesoro apenas recauda un millón de euros con la 'enmienda Telefónica’

Los resultados, una vez más, están muy lejos de las expectativas generadas por el propio Gobierno. La llamada ‘enmienda Telefónica’, o lo que es lo mismo, el cambio legal que persigue que las empresas con beneficios y más de 100 trabajadores costeen el despido de los trabajadores mayores de 50 años, ha generado unos ingresos para el Tesoro Público muy por debajo de lo esperado en su primer año de aplicación. Según acaba de reconocer el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a UPyD y CIU, el montante total sólo asciende, de momento, a 966.000 euros. Un fiasco en toda regla si se compara con las expectativas auguradas hace sólo unos meses, en marzo, por el propio Ejecutivo, que hablaba de 43 millones de euros anuales de recaudación por dicha enmienda.

En únicamente seis meses, las primeras cifras oficiales suponen un jarro de agua fría para el Tesoro. La enmienda, añadida por el PSOE a la reforma de las pensiones de Rodríguez Zapatero, se aplica a todos los despidos colectivos que cumplen estas condiciones y que se han ido aplicando a partir del 27 de abril de 2011. Una fecha con el anterior Gobierno quería garantizar que la modificación afectaba al caso Telefónica, que aquel año anunció un ERE para 6.500 empleados de su plantilla (un 20% del total) en España durante tres años.

El Gobierno reconoce ahora que, por falta de un desarrollo normativo posterior, que no se concretó hasta diciembre del 2012, no se han podido iniciar las gestiones de los primeros expedientes hasta este año. Sin embargo, en su respuesta a los diputados Carles Campuzano y Rosa Díez sí reconoce que se han recaudado ya los importes correspondientes al año 2011.

“Respecto a las reclamaciones a empresas sobre las que se dispone la certificación acreditativa de la Autoridad Laboral, Dirección General de Empleo, de que concurren las circunstancias para la reclamación de cantidades, se informa que se encuentran en fase provisional de liquidación las aportaciones correspondientes a determinadas empresas que iniciaron despidos colectivos en 2011”, explica el Gobierno en su respuesta parlamentaria. “El montante estimado hasta el momento asciende a 960.000 euros”.

El dato contrasta con lo que el Ejecutivo preveía el pasado mes de marzo. Entonces, decía esperar un ahorro de 434 millones de euros en casi una década (43 millones al año) entre ingresos y recorte en prestaciones con la modificación de la llamada ‘enmienda Telefónica’, tal y como figuraba en la Memoria de Impacto Normativo del decreto ley de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de marzo.

Según constaba en dicho documento, las grandes empresas con beneficios o con pérdidas que puedan revertirse en un plazo de cuatro años que despidan a empleados mayores de 50 años deberán pagar al Tesoro por estos despidos unos 390 millones de euros en total, a los que habrá que sumar otros 44 millones de euros de ahorro en prestaciones por desempleo con esta misma medida.

Aprobada por Zapatero, reforzada por el PP

La ‘enmienda Telefónica’ introducida por el Gobierno socialista en 2011 para ‘cerrar el grifo’ a este tipo de grandes empresas fue endurecida, en octubre del año pasado, por el ministerio de Fátima Báñez, que extendió su aplicación a las empresas con más de 100 trabajadores (el límite estaba fijado antes en 500). Tal y como explicó entonces la ministra, estas empresas se basaban en cuestiones organizativas y solían acudir a prejubilaciones para llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo usando cuantiosos recursos públicos. Es más, según sus propios datos, el coste anual para la Seguridad Social de las jubilaciones anticipadas fue en 2012 de 7.288 millones de euros y de las jubilaciones parciales de 2.690 millones.

Con la ‘enmienda Telefónica’, son las empresas las que pagan las prestaciones contributivas por desempleo y sus cotizaciones, así como los subsidios a los que tengan derecho los trabajadores despedidos de más de 50 años. Las empresas cuentan con un periodo de 15 días para hacer alegaciones una vez que conozcan la cantidad que deben abonar, y el pago se debe efectuar al Tesoro público en los 30 días siguientes.

De momento, la cifra recaudada sólo ha llegado a los 966.000 euros correspondientes a los ERE de 2011. El Gobierno añade que actualmente se están analizando los expedientes de las empresas con relación a procedimientos iniciados en el ejercicio 2012. “Por lo que respecta a estas últimas, no se dispone en el momento actual del dato concreto del importe a abonar ya que es necesario analizar las cantidades correspondientes a cada una de las personas afectadas por los expedientes de regulación de empleo para obtener esa cuantía. En todo caso, el procedimiento de liquidación de las mismas se iniciará a lo largo de 2013”, concluye el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria.