La reforma de las pensiones sirve para engrasar la relación entre Gobierno y PP

El Partido Popular empieza a superar el trauma del caso Bárcenas. La investigación sigue enquistada en los tribunales, pero ya no paraliza la actividad de la formación ni las relaciones Gobierno-PP. Desde la reunión de maitines de Mariano Rajoy con el comité de dirección celebrada el mes pasado en la Moncloa para abrir el curso, hay un nuevo impulso. El aparato se ha desplegado y coordinado con el Ejecutivo para amortiguar ante la opinión pública la reforma del sistema de pensiones, una operación inédita en lo que va de legislatura pese a los cambios severos que el Gobierno ha aplicado en asuntos tan sensibles como el mercado laboral o el sistema educativo.

El partido se propone ahora que la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, tenga más protagonismo ante el desafío independentista, aunque sea a costa del papel del propio Gobierno cuando hasta Mariano Rajoy se ha cansado de ofrecer la mano tendida a Artur Mas para que frene en su apuesta con ERC por la secesión. Los problemas internos vuelven a ser Madrid y el cansancio de los barones ante la política de recortes que no cesa.

“Los presupuestos de la recuperación”, como insisten en llamarlos el Gobierno y la dirección nacional del partido (las autonómicas no se atreven), contados partida a partida, departamento a departamento y con el reparto regionalizado de inversiones directas no dan para anunciar muchas alegrías a los dirigentes regionales y locales del PP. El caso de Madrid es el más sintomático, con protestas públicas de Ignacio González y de los alcaldes de la comunidad afines a Esperanza Aguirre por considerar escasas las inversiones en la autonomía dado el mérito alcanzado con el cumplimiento del objetivo de déficit.

Pero lo mismo ha ocurrido con José Ramón Bauzá en Baleares y con María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, aunque esta última ha preferido dar las quejas en privado para ver si lo arregla en el trámite de enmiendas. Es el discurso del agravio que tanto cultivan los nacionalistas catalanes, salvo que los barones del PP apelan a que ellos cumplen con los planes de austeridad y recortes, no como los Gobiernos de Cataluña o Andalucía.

Sin margen para las inversiones en los Presupuestos

De momento, la réplica del Gobierno consiste en apaciguar los ánimos. El reparto de los escasos fondos que hay para inversiones en los presupuestos se tiene que hacer con criterio de interés general (no local, de partido ni por méritos) basado en atender las obras más urgentes e imprescindibles, y queda poco margen para la negociación. Según apuntan en fuentes gubernamentales, el problema para los dirigentes autonómicos es que 2014 será ya un año preelectoral ante los comicios de mayo de 2015 y durante el próximo ejercicio planeaban poner fin a los recortes y empezar a dar buenas noticias como las bajadas de impuestos.

Al mismo tiempo que el Gobierno vendía sus presupuestos de recuperación, pero con recortes (aunque ya mínimos si se comparan con los dos anteriores), también aprobaba la reforma del sistema de pensiones, enviaba el texto a los demás grupos del llamado pacto de Toledo y, desde el partido, empezaba a preparar a sus cuadros y bases para combatir la prevista oposición de la izquierda política y sindical. Todo en ocho días, con un debate abierto celebrado en la ciudad del Tajo con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, para enfrentarse a las quejas de los afines por la 'cicatera' subida de pensiones del próximo ejercicio.

El debate ha sido un ejercicio de coordinación Gobierno-partido inédito en toda la legislatura, y en la agrupación popular confían que sirva para que cale el mensaje de que con el PP no van a bajar ni congelarse las pensiones, en contra de lo que ocurrió con el último Gobierno socialista. El cambio de modelo tuvo una larga trastienda que empezó la pasada primavera cuando se hizo tan evidente que el sistema hacía agua como que para Bruselas era un asignatura pendiente que le quedaba al Ejecutivo español para demostrar que iba en serio con sus reformas económicas.

Báñez se impuso a De Guindos en las pensiones

En el Gobierno, el ministro de Economía, Luis de Guindos sostenía que era una pérdida de tiempo tomarse seis meses para adoptar medidas de ajuste en el sistema de pensiones, que ningún partido de la oposición iba a colaborar en nada, y menos el PSOE aunque supiera que había que hacerlo y fuera el único gobierno que se había atrevido a congelarlas. Báñez, con el apoyo de Montoro y el partido, impuso pasar la reforma por el Pacto de Toledo, no porque esperarse comprensión alguna, pero sí porque daba más margen para la explicación y para que la opinión pública digiriera el asunto. Génova hace ahora su parte.

En todo ese panorama de complicaciones para mejorar la imagen y levantar cabeza en las encuestas ante la próxima cita electoral que son los comicios europeos del próximo mes de mayo, en el PP encuentran en la oposición cierto consuelo. “Lo mejor, además de los indicadores económicos en positivo, es Rubalcaba; no ayuda ni a defender la Constitución, pero es incapaz de levantar electoralmente al PSOE o captar cualquier descontento”. Así describe un miembro del equipo económico del Gobierno el margen que ofrece el PSOE al PP para confiar en una remontada en la segunda parte de la legislatura.

El caso Bárcenas ha hecho daño al Partido Popular, pero los socialistas no le han sacado ningún provecho, insisten en medios de la formación en el Gobierno. Es más, sostienen que el problema remite en términos de opinión pública (“aburre y ya no ofrece novedad alguna") y mantiene a los socialistas centrados en la descalificación y en unas posiciones tan radicales como estériles para levantar cabeza en las encuestas.