De profesión, imputado

El polémico auto de la jueza Mercedes Alaya, recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, amenaza con acabar por arrojar a otro nutrido grupo de aforados al saco de sus señorías, los d-‘imputados’. Un grupo cada vez más creciente en España que, aferrados al escaño, se está convirtiendo en parte de la bancada tradicional de las Cortes regionales o incluso del propio Congreso de los Diputados. Todos arrastran el estigma de su posible corrupción mientras que el Gobierno estudia reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para, entre otras cosas, cambiar el nombre de esta figura por la de menor coste político de “encausado”.

Alaya ha puesto, de momento, bajo su punto de vista a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a varios exconsejeros, en la actualidad, diputados del parlamento andaluz. José Antonio Viera, consejero de Empleo ente 2000 y 2004, y ahora diputado por Sevilla; Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera y consejera de Economía y Hacienda desde 2009 hasta hace unos días, y actualmente parlamentaria por Sevilla; Manuel Recio, secretario general de Economía y luego consejero de Empleo hasta mayo del año pasado y también parlamentario por Almería; Francisco Vallejo, consejero de Innovación hasta 2009 y actual parlamentario por Jaén; y Antonio Ávila secretario de Economía y consejero de la misma cartera hasta hace unos días, actualmente parlamentario por la provincia de Jaén. En su caso, sin embargo, una mala aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según Anticorrupción, los salva de la imputación. De momento.

En España, más de 300 políticos en todas las administraciones están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia.

La cifra, que impacta de lleno en el descrédito de la clase política, ha llevado a los consultados por el Ministerio de Justicia a estudiar posibles fórmulas de inhabilitación que los aparte de la cosa pública al menos de forma temporal. Así figura en el borrador de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesto por la comisión de expertos consultada por Ruiz-Gallardón. En este documento se prevé la inhabilitación como medida cautelar para cargos públicos cuyo presunto delito lleve aparejada la pena de inhabilitación o suspensión para cargo público; y para los servidores públicos cuya permanencia en el puesto pueda representar un riesgo de reiteración delictiva. En todo caso, y según el borrador, que no tiene por qué ser asumido en su plenitud por el Ministerio, siempre sería el juez de garantías el que adoptase la decisión en el curso de una investigación judicial.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya previsión es que sea aprobada antes de fin de año, podría incluir también la posibilidad de acabar con el privilegio de los aforados para declarar por escrito o en el despacho del juez cuando sean citados.

El grupo parlamentario que, sin duda, acumula el récord de imputados entre sus filas está en las Cortes Valencianas, con media bancada bajo sospecha. Empezando por el propio expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para quienes la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana su imputación en el marco del caso Nóos y la organización del Valencia Summit.

La imputación de ellos todavía no es formal, pero, entre los diputados populares valencianos aparecen los nombres de Rafael Blasco, exportavoz y exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía (los abogados de la Generalitat Valenciana piden 11 años de cárcel para él por expoliar fondos públicos destinados a ayudar al tercer mundo). O el diputado Pedro Ángel Fernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, que el próximo 8 de octubre tendrá que acudir a la vista para resolver el recurso que ha presentado contra la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que lo condenó a tres años de cárcel y once de inhabilitación por las irregularidades detectadas en el contrato millonario de las basuras.

Otros dos exalcaldes de Alicante, también aforados como miembros de las Corts valencianas, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, están acusados de haber cometido los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en relación al ‘Caso Brugal’.

Y mientras, el macrosumario de la Gürtel tiene implicados, en diferentes ramas, a otros nombres destacados como Ricardo Costa, por la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano; Vicente Rambla, exvicepresidente Generalitat valenciana, por los contratos de la trama corrupción con el Consell (presuntos delitos de cohecho, prevaricación, delito electoral y falsedad documental); David Serra, diputado por Alicante y portavoz adjunto del PP, también imputado en Gürtel como ex vicesecretario general del partido.

Milagrosa Martínez Navarro, alcaldesa de Novelda y expresidenta de las Cortes, está imputada por prevaricación y cohecho por su presunta responsabilidad en los contratos adjudicados a Orange Market cuando fue consellera de Turismo. Angélica Such, que también fue consellera de Turismo, por las supuestas irregularidades en las contrataciones de Fitur con la trama Gürtel. Cierra la lista Yolanda García, que fue tesorera del grupo parlamentario en la época de mayor esplendor de la trama, y que también está imputada por la presunta financiación ilegal del partido y el posible delito electoral.

Oriol Pujol y la ITV

En la comunidad vecina, Oriol Pujol, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) está apartado de sus funciones por su imputación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presunto tráfico de influencias en relación con el caso de las ITV amañadas. Su compañero de partido y de escaño, Xavier Crespo, también está imputado acusado de favorecer los negocios de la mafia rusa a cambio de dádivas.

Con el exministro de Fomento, José Blanco, absuelto por el Tribunal Supremo en el caso Campeón, la órbita socialista se completa en el bando de los diputados imputados con el exalcalde de Cudillero, en Asturias, Francisco González, actual diputado regional. González permanece imputado por un presunto delito de prevaricación por la contratación de policías locales entre los años 2003 y 2008, cuando era regidor.