El jurista Muñoz Machado vapulea la reforma local: “No innova, es plana e imposible”

El catedrático de Derecho Administrativo y autor del ensayo Informe sobre España, Santiago Muñoz Machado, sostuvo ayer en un debate en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que la reforma local que, en anteproyecto, ha presentado el Gobierno (sobre la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), no aporta “ideas nuevas”, parece responder a criterios de “ahorro”, resulta “plana” porque no discrimina el distinto papel institucional de los entes locales según qué provincias y territorios y es, además de una reforma “compleja” en su ejecución, también “imposible” si no cuenta con el consenso de los 17 legislativos autonómicos. Además, el jurista, subrayó que más “urgente que la reforma de la Administración local son otras, como las que se refieren a las comunidades autónomas que plantean problemas más graves y exigen respuestas rápidas”.

Muñoz Machado añadió que en todos los países de nuestro entorno se han planteado reformas de las Administraciones locales que, en general, han fracasado o cuyos logros han quedado lejos de sus objetivos iniciales. A su juicio, el planteamiento del Gobierno –que consideró bienintencionado-, además de un gran pacto, requerirá de mucho tiempo, que él calculó “en una generación”.

El autor de Informe sobre España fue más allá en su análisis y subrayó que desde la Constitución de 1978, los entes locales se transformaron de piezas del Estado, bajo su control y con escasa autonomía, en “poderes locales” dotados de autonomía registrando un proceso que él denominó de “comunitarización” porque, a través de las competencias estatutarias de las comunidades, han engrosado los mecanismos de poderes de estas. El Estado, que legisló por última vez en 1985 (Ley de Bases de Régimen Local) habría ya perdido la exclusividad normativa sobre la Administración local. Citó expresamente las leyes de régimen local de Andalucía y de Cataluña como ejemplo de normas “integrales” en las que cualquier respuesta legal al sistema municipal, provincial y de otros entes locales se encuentra ya articulada y no en la de Bases que aprobaron las Cortes Generales hace veintisiete años. La conclusión de Muñoz Machado es que hay una “dualidad normativa” -Estado y comunidades autónomas- que requiere un gran acuerdo para reformar esta instancia de la Administración pública. Por si fuera poco, el catedrático de Derecho Administrativo puso en duda que sea constitucional el principio de “una Administración, una competencia” porque la Carta Magna prevé un sistema cooperativo en el ejercicio competencial, con lo que sugería -sin llegar a hacerlo explícito- que el Gobierno tendría que ser más ambicioso y abordar una reforma global del sistema.

El catedrático y exministro de Administración Territorial y también de Justicia con dos Gobiernos de Felipe González, Tomás de la Cuadra Salcedo -impulsor de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 y que ocupó también la presidencia del Consejo de Estado-, secundó la idea de Muñoz Machado de que el proyecto de ley respondía a la urgencia de “dar la sensación de estar haciendo algo porque nos lo reclama Bruselas” y criticó que la reforma local parezca reclamada por la crisis económica, cuando ni municipios ni provincias son “los culpables” de la situación por la que atravesamos. 

Propugnó que se ponga en marcha de modo efectivo la Ley de Sostenibilidad Financiera y Presupuestaria para que los Ayuntamientos gocen de autonomía hasta donde sus finanzas se lo permitan y abogó por evitar criterios estandarizados para evitar criterios homogéneos que resulten injustos e inapropiados. Previamente, el  catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, Luis Caramés Viéitez, de forma cauta pero clara, reprochó al Gobierno que el anteproyecto parece “improvisado” y que no ha sido consultado con municipios y provincias.

El debate se abrió con unas palabras con mucha carga de profundidad del catedrático de Ciencia Política y Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, que reiteró que el organismo que dirige ha recibido la encomienda de la vicepresidencia del Gobierno de trabajar proyectos normativos que posibiliten la “regeneración democrática”. A tal efecto señaló la Ley de Transparencia, ya en marcha, y se refirió a los materiales en elaboración para un gran “pacto contra la corrupción” y, finalmente, a la labor de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

Según Pendás, el régimen local vertebra territorialmente España y por eso es de “extraordinaria importancia”. Pero, significativamente y como buen experto en la materia, reclamó “cuidado y prudencia” en el tratamiento del mundo local por la vinculación de los ciudadanos con sus demarcaciones territoriales más inmediatas. El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales -que cedió sus locales y apadrinó el debate impulsado por El Círculo Cívico de Opinión, en cuyo nombre se pronunció Santiago Muñoz Machado- se inclinó por dar voz en estos debates a la sociedad civil.

Por otra parte, el foro que organizó el encuentro -Círculo Cívico de Opinión- distribuyó un documento-resumen de su posicionamiento sobre la reforma local, apoyándola pero advirtiendo de que “será impugnada ante el Tribunal Constitucional” aunque sin graves consecuencias, destacando “las dificultades de su implementación” si “no se establece un previo consenso con las comunidades autónomas, con las corporaciones locales de mayor población y con las asociaciones representativas de municipios y provincias”.