Las entidades que reciban más de 100.000 euros serán incluidas en la Ley de Transparencia

Todas las entidades privadas que reciban más de 100.000 euros de dinero público en forma de ayudas o subvenciones por parte del Estado tendrán que seguir los criterios estipulados en la futura Ley de Transparencia que se encuentra ahora en pleno trámite parlamentario. Así lo ha propuesto el Partido Popular en una de sus enmiendas parciales al texto, en la que se añade también que cuando una entidad reciba ayudas o subvenciones públicas de, al menos, el 50% del total de sus ingresos anuales, esta obligación será un control casi total que comenzará a partir de los 3.000 euros.

Este viernes concluyó el plazo para que los grupos parlamentarios presentasen sus enmiendas al que es ya uno de los grandes proyectos del Gobierno para esta legislatura. En las últimas semanas, el acercamiento entre Gobierno y oposición,fraguado entre el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el socialista José Enrique Serrano parecía indicar que ambos grupos presentarían enmiendas conjuntas al texto. Sin embargo, a última hora ese acercamiento se vióbloqueado por varias dificultades que han llevado a PP y PSOE a presentar sus propuestas por separado.

La primera de las enmiendas presentadas por el PP pide la incorporación de la Casa del Rey al ámbito de aplicación de la ley, tal y como el Gobierno había negociado en los últimos meses con el Palacio de La Zarzuela.

Para los partidos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones, elPP propone unos criterios objetivos a partir de la citada cuantía de 100.000 euros. CiU y PNV, a quienes el Gobierno aspira a incluir en el previsible acuerdo con el PSOE, han coincidido, por su parte, en sumar también al Banco de España al ámbito de la nueva norma.

En otras enmiendas se aumenta la publicidad activa en lo relativo al sistema de incompatibilidades, ya que todas las resoluciones de autorización de actividades privadas “compatibles” serán públicas. Lo mismo sucede con el patrimonio de las Administraciones Públicas, que será público y accesible todas las relaciones de bienes inmuebles. Incluso, existe otra enmienda destinada a que, cuando la ley entre en vigor, se hagan públicas todas las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información por la concurrencia de algún límite.

UPyD propone sanciones de hasta 600.000 euros

UPyD, por su parte, quiere que la futura ley de transparencia incluya fuertes sanciones económicas para quienes obstaculicen el acceso a la información y se garantice así la transparencia es un derecho de los ciudadanos. El partido de Rosa Díez, el único que, de momento, ha dado pasos firmes a favor de medidas como publicar las nóminas de sus diputados en la web del Congreso, presentó ayer un paquete de 78 enmiendas a la ley para que, según explicó Carlos Martínez Gorriarán, se impidan en el futuro casos como el de la “opacidad de los NIF de la Casa Real”.

El partido magenta es la única formación que aboga por fijar ya, negro sobre blanco y ya en la misma ley, infracciones económicas y sanciones para los que vulneren la norma, pues otras fuerzas, como la Izquierda Plural, optan por dar al Gobierno un plazo de tres meses para aprobar un reglamento que sí las incluya.

La propuesta del partido de Rosa Díez pasa por sancionar a las administraciones y organismos públicos que incumplan con cualquiera de las obligaciones de publicidad activa, vulneren el derecho de acceso a la información pública u omitan el deber de admitir, tramitar y resolver las solicitudes de información de los ciudadanos. Castigos económicos que, según su propuesta de enmienda, se castigarían en función de su gravedad. Con multas de entre 3.000 y 40.000 euros en las infracciones leves; hasta 300.000 en el caso de las graves; y, por último, entre 300.000 y 600.000 euros para las infracciones muy graves. Por otro lado, la formación magenta propone también multas coercitivas de entre 1.800 y 27.000 euros para el incumplimiento de los requerimientos de la Agencia de Transparencia.

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) reclama, por su parte, que en la Ley de Transparencia que se dé publicidad a todos los contratos de las administraciones públicas, así como a los sueldos no sólo de los altos cargos, sino también de su personal de confianza, es decir, de cargos de libre designación como los asesores.