La juez Alaya culpa ya a los sindicatos de “financiación irregular” en el caso de los ERE

Vuelco en el caso de los ERE falsos. La juez Mercedes Alaya ya habla sin tapujos de “saqueo”. Y le concede más protagonismo a un actor que parecía sólo disfrutar de un papel secundario en la trama. Ahora José González Mata, dueño de la mediadora Uniter, se ha convertido “en uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta de Andalucía”, según el auto de prisión de González Mata al que ha tenido acceso El Confidencial.

Alaya ordenó el martes por la noche el ingreso en prisión de este empresario jerezano, íntimo amigo de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010, que estuvo varios meses en prisión. González Mata aprovechó su amistad con Fernández, natural como él de Jerez, para encargarse de los expedientes relacionados con las bodegas de la quinta ciudad andaluza, como figura en el sumario del caso de las falsas prejubilaciones en Andalucía. La juez certifica el “enorme enriquecimiento” del dueño de Uniter, titular de 32 inmuebles, de los cuales 29 los adquirió en el periodo investigado “y con casi tres millones de euros entre productos de pasivo e imposiciones a plazo”. Alaya determinó una fianza de 600.000 euros en metálico.

La presunta participación en el fraude de las organizaciones sindicales está fuera de toda duda, según el auto de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Es más, les recrimina cómo se financiaban. “Los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular”, abunda Alaya. Y lo explica: “UGT y CCOO indiciariamente habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial, pagos que en estos casos recaerían sobre Uniter como principal beneficiaria de estos grandes procesos, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los expedientes de regulación de empleo”.

“En este ilícito uso de fondos públicos”, relata la magistrada, “tendrían también una actuación decisiva junto al inculpado [González Mata], representantes de los sindicatos UGT y CCOO, tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior”. Los beneficiados eran Uniter y el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, que habría actuado en expedientes cuyas pólizas habrían sido negociadas tanto por la mediadora Vitalia como las medidoras propiedad del hoy inculpado y que habría tenido “un papel determinante en la distribución posterior de parte de estos fondos públicos”, como consta en el auto de Alaya.

“Medida de presión”

Siguiendo con los sindicatos, Antonio Albarracín subrayó este miércoles en su declaración ante la juez que tanto UGT como Comisiones Obreras cobraban un porcentaje en cada expediente de regulación de empleo “como medida de presión”. Y si no se les pagaba, amenazaban con no firmar el ERE. Los sindicatos negaron cualquier relación con el fraude. A Albarracín, exdelegado comercial de Vitalia, que fue puesto en libertad el pasado 23 de mayo tras pagar una fianza de 600.000 euros, y a su mujer, Alaya les impuso este miércoles una fianza de 200.000 euros, más el embargo de todos sus inmuebles y dos vehículos tras acusarlos de un presunto delito de blanqueo.

¿Cuál era el modus operandi de González Mata? Su utilización “ilegítima” de caudales públicos consistiría, al tratarse del mismo equipo de trabajo, en “provocar la concesión de las ayudas públicas a determinadas empresas que estuvieran interesadas en sus servicios que luego serían financiadas por la Junta de Andalucía, en influir y aprovecharse de la ausencia de licitación pública, y fundamentalmente en las comisiones que el hoy inculpado, como agente de seguros, pactaba con la Junta de Andalucía, muy por encima de la media del mercado, hasta el punto que las aseguradoras como Vitalicio llegaron a exigirle la conformidad con la Junta”.

Alaya insiste en las sobrecomisiones de las pólizas. En el auto indica que el Grupo Generali habría abonado al Grupo Uniter, entre los años 2001 y 2010, casi 33 millones de euros, de los cuales, siguiendo el criterio provisional de la Dirección General de Seguros, “bastante más de la mitad (en torno a unos 20 millones de euros) serían comisiones por encima de la media del mercado”.