Villar Mir niega donaciones a partidos y el fiscal, ni pregunta: “No no soy del PP ni del PSOE”

El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, han negado ante el juez que investiga los ‘papeles de Bárcenas’ que hayan entregado donaciones legales ni ilegales al Partido Popular. Sus nombres aparecen en las anotaciones del extesorero del partido como pagadores de donaciones, lo que para los investigadores puede ser a cambio de adjudicaciones. “Yo no soy del PP ni del PSOE”, ha dicho el empresario.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral no ha realizado ni una sola pregunta a los declarantes y se ha limitado a oponerse a las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones, que el juez también ha rechazado.

Las afirmaciones de Villar Mir contradicen el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que atribuye a Villar Mir 530.000 euros en donaciones a cambio de 215 obras públicas recibidas por Administraciones del PP, por valor de 4.652,66 millones de euros, además de donaciones por parte de Sánchez Domínguez de 1.250.000 euros y de García Pozuelo de 258.000.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Villar Mir ha admitido que conoce al extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, y ha coincidido en alguna ocasión con su sucesor, Luis Bárcenas, pero nunca ha hablado con ellos de obras públicas. Nunca pagó al PP, ni al PSOE ni al PP ni una sola donación, pero sí lo ha hecho a fundaciones. 

La empresa OHL ha pagado durante años donaciones a FAES (presidida por el expresidente del Gobierno, José María Aznar) por valor de 45.000 euros anuales, a los sindicatos CCOO y UGT y a la Fundación Mujeres por África (presidida por la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega), a todos ellos con 120.000 euros cada año, y al Real Instituto Elcano, con 150.000 euros. Como estas hay muchas más porque, según ha manifestado, su empresa tiene miles de donaciones.

Villar Mir ha recalcado que se trata de pagos legales a fundaciones que desgravan a Hacienda. Pero se trata únicamente de fundaciones, no de partidos. A preguntas del juez Pablo Ruz, Villar Mir ha asegurado que el que su nombre aparezca en las anotaciones de Bárcenas como pagadores de donaciones debe de ser un “error”. No considera que su nombre haya sido incorporado como una maldad, sino por la relevancia social que tiene por la empresa que preside.

También ha explicado al instructor que sus asesores le desaconsejaron denunciar a quienes se han querellado contra él porque entienden que lo mejor es que pase todo lo antes posible. 

Por su parte, el presidente del Grupo Sando sí ha reconocido tener una gran relación de amistad con Lapuerta desde hace años, que llega a ser casi familiar. Sin embargo, nunca habló con él de obras públicas ni adjudicaciones. Sólo en una ocasión le pidió ayuda, en 1998, con una contratación con la alcaldía de Madrid, que presidía José María Ávarez del Manzano, pero Lapuerta le advirtió de que no tenía buena relación con el y ya no le volvió a pedir nada más.

A diferencia que el otro imputado, Sánchez Domínguez ha explicado que la política de su empresa es no conceder donaciones de ningún tipo. 
Los dos imputados que han declarado hoy ante Ruz han asegurado que no se han comunicado con Lapuerta para pedirle explicaciones por las anotaciones publicadas con estos presuntos pagos. El otro empresario citado hoy a declarar como imputado, Alfonso García Pozuelo, se ha negado a declarar.

Estos tres empresarios,  junto a los otros cinco que declaran esta semana, está querellados por los delitos de asociación ilícita, alteración de precios, cohecho, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, receptación, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y delitos electorales. El juez ha rechazado la petición de las medidas solicitadas por las acusaciones al entender que los querellantes no han expuesto elementos nuevos que requieran la modificación de la situación procesal de estas personas que están en libertad desde que se admitió a trámite la querella. 

En una providencia, Ruz recuerda que el negarse a declarar, como en el caso de García Pozuelo -que no ha respondido a las preguntas de ninguna parte-, o de Sánchez Domínguez -que se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación-, es un derecho constitucional, "motivación en la que aparentemente reside la petición evacuada por la acusación popular, más allá de las alegaciones vertidas en la comparecencia". A su juicio, esto se desprende de la circunstancia de no haberse solicitado la convocatoria respecto de Villar Mir, que sí ha contestado a las preguntas de todas las partes.