Blanco recurrirá la validez de las escuchas que le mantienen imputado en el caso Campeón

El exministro de Fomento José Blanco volverá a solicitar al Tribunal Supremo que anule la validez de las escuchas telefónicas que sostienen su imputación en el caso Campeón, la presunta trama de corrupción con ramificaciones en Galicia y Cataluña en la que el dirigente socialista habría jugado presuntamente un papel clave, según las diferentes resoluciones que han ido desprendiéndose del proceso. La Fiscalía ha reclamado que se le acuse de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

La defensa de Blanco ya solicitó el pasado mes de marzo que tanto las escuchas como la investigación de las cuentas bancarias que el exvicesecretario general del PSOE tiene con su mujer, dos pruebas fundamentales para aclarar su relación con la trama, fueran eliminadas del proceso al considerar que no estaban debidamente justificadas y que, en su tramitación, se había incurrido en errores procesales. Pero este miércoles, el magistrado instructor del caso, Juan Ramón Soriano, emitió dos autos en los que desestimó sendas peticiones de archivo formuladas por Blanco y defendió la legalidad de todas las diligencias.

El exministro volverá a intentarlo en los próximos días. Según ha podido saber este diario, recurrirá el rechazo de sus peticiones ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Blanco, cuya actividad se limita en estos momentos a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, insiste en que las providencias del juez Soriano que admiten las intervenciones telefónicas y la investigación de las cuentas bancarias de su esposa están trufadas de errores de forma, faltas de motivación y ánimo únicamente prospectivo. Y asegura también que las dos pruebas carecen de interés alguno para la causa.

El turno de la Sala de lo Penal

La Sala de lo Penal tendrá que pronunciarse de nuevo sobre estas diligencias. Su validez será determinante en la evolución del proceso. En especial, las escuchas realizadas por la policía en el marco de la investigación de la rama catalana del caso Campeón. En ellas se afirma que el exministro de Fomento habría aprovechado su influencia para lograr que la empresa Azkar, propiedad de su amigo José Antonio Orozco, consiguiera una licencia de construcción de un centro logístico en el municipio catalán de Sant Boi de Llobregat, junto al aeropuerto de El Prat. Un empresario imputado también en la causa, Jorge Dorribo, declaró que Orozco agradeció la intermediación sufragando parte del chalé que Blanco adquirió en 2006 en Las Rozas (Madrid). 

Blanco no ha querido valorar las dos resoluciones del magistrado instructor, pero su entorno asegura que, en al menos una de ellas, Soriano recurre a hechos inciertos para justificar sus decisiones. En concreto, las personas contactadas por este diario se refieren al momento en que Soriano llega a afirmar que “en la causa existen datos para entender que la casa de Madrid del aforado [José Blanco] en alguna medida se la debía a su amigo Orozco, según conversaciones telefónicas, atribuidas a éste último, no negadas”. La acusación no es firme, pero complica el futuro procesal del exsecretario de Organización del PSOE. Su entorno afirma, además, que es falso que esos presuntos pagos revelados por Dorribo no hayan sido negados ante el instructor y remiten a la declaración del propio Orozco, en la que este rechazó haber contribuido a la adquisición de la vivienda del dirigente socialista.

En la fase inicial del proceso

El procedimiento arrancó hace casi dos años y la fase de diligencias previas se acerca a su final, pero la causa está aún lejos de su resolución. El magistrado instructor todavía tiene que pronunciarse sobre al menos tres recursos planteados por la defensa del exministro. Dos de ellos reclaman el archivo de la causa. Y el tercero pide que sea expulsado del sumario un informe realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el proceso de concesión de la licencia que permitió a Azkar edificar un centro logístico en Sant Boi. El documento de la UDEF concluye que la tramitación estuvo plagada de irregularidades. Sin embargo, Blanco pide la nulidad de esta prueba por considerar que los agentes de la UDEF no están habilitados para emitir valoraciones sobre un trámite urbanístico.

La Fiscalía pidió el pasado mes de marzo al juez Soriano que tramitara el suplicatorio al Congreso –necesario por la condición de aforado de Blanco- para poder imputar formalmente al exministro, pero el magistrado aún no ha realizado este trámite y se desconoce cuándo dará este paso. Podría decirlo después de pronunciarse sobre los recursos que aún están pendientes.

Si la acusación contra Blanco se mantiene, la fase actual de diligencias previas tendrá que dejar paso a la fase de procedimiento abreviado mediante el necesario auto de transformación. Será en ese momento cuando se establezca la acusación firme que recae sobre el dirigente socialista. El exministro ya ha anunciado que, si la causa desemboca en la apertura de juicio oral contra él, abandonará automáticamente su escaño en la Cámara Baja. Su entorno aseguró ayer que mantiene con todas las consecuencias este compromiso.