Fernández se aferra a su escaño pese a ser imputado por tráfico de influencias

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha imputado al diputado del PSC Daniel Fernández por un delito de tráfico de influencias por presionar presuntamente a la alcaldesa socialista de Montcada i Reixac (Barcelona), Maria Elena Pérez, para que colocara de técnica una exalto cargo del Tripartito.

En un auto notificado hoy, el alto tribunal se declara competente para instruir la causa, al considerar que hay indicios de que Fernández usó su "prevalencia" como alto dirigente del PSC con el fin de presionar a la alcaldesa de Montcada para que "removiera los obstáculos" que impedían la contratación de la exalto cargo del Tripartito Carmina Llumà.

Fernández, que goza de la condición de aforado por ser diputado del Parlament, se apartó como secretario de organización del PSC en noviembre pasado al verse salpicado en el "caso Mercurio" por esta supuesta contratación a dedo, por la que también están imputados el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, su hermano Francisco -concejal socialista en este municipio- y la alcaldesa de Montcada.

La imputación de Fernández deriva de una pieza separada que abrió el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell, en el marco de la macroinvestigación del "caso Mercurio", sobre una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de este municipio.

Los indicios contra el diputado socialista derivan de tres conversaciones telefónicas que mantuvo con Bustos, cuyo teléfono estaba intervenido por orden judicial, de las que se desprende que Fernández presionó a la alcaldesa para que contratara como directora del área territorial del consistorio a Carmina Llumà, pese a haber sido descartada por la empresa encargada del proceso de selección.

"Ejercieron presión"

En su auto, la sala civil y penal del TSJC ve indicios de que, "atendida la relación de prevalencia" que tanto Daniel Fernández como Manuel Bustos y su hermano Francisco ostentaban sobre la alcaldesa de Montcada, estos "ejercieron presión" para que influyera e intercediera en favor de Carmina Llumà.

La alcaldesa de Montcada cesó fulminantemente a su arquitecto municipal, Albert Barenys, en marzo del pasado año y poco después convocó un concurso público que sirvió para contratar como directora del área territorial del consistorio a la exsecretaria general de Política Territorial durante el Tripartito.

El auto del TSJC reproduce algunos fragmentos de las conversaciones que Fernández y Bustos mantuvieron sobre Llumà. Además de las conversaciones intervenidas, el TSJC alude en su auto a la existencia de un informe previo de la empresa a la que el Ayuntamiento de Montcada había encomendado el proceso de selección de director del área territorial, que declaraba "no apta" a la exalto cargo del tripartito.

La sala civil y penal ha nombrado instructor de la causa abierta a Fernández al magistrado Joan Manel Abril, profesor de Derecho Civil que fue nombrado por el Parlament y que había sido responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona.

El magistrado deberá citar ahora a declarar como imputado al aforado, así como a los hermanos Bustos y a la alcaldesa de Montcada, ya que todas las pesquisas referentes al presunto tráfico de influencias sobre Llumà son asumidas por el TSJC.