El ‘sheriff’ Montoro pone en su diana a la España de los intocables

Hacienda éramos todos, pero algunos un poquito menos, hasta que llegó el 'sheriff' de Montoro, natural de Jaén y dos veces ministro de Hacienda y jefe de la Agencia Tributaria, pero nunca tan justiciero como en esta segunda fase al frente de la caja recaudadora. El ministro se ha convertido en una especie de cobrador del frac dispuesto a perseguir hasta las últimas consecuencias o, al menos, intimidar a algunos de los grandes y medianos evasores fiscales que, de no acatar sus avisos, podrían acabar engrosando esa lista negra de defraudadores que el Gobierno medita publicar si los ingresos no mejoran a base de pistoletazos mediáticos o atronadoras intervenciones parlamentarias.

“Si alguien entiende que el ministro de Hacienda lanza una amenaza, será porque no es un fiel contribuyente”. Montoro dejó negro sobre blanco el pasado miércoles, durante la sesión de control al Gobierno del Senado, que sus tirones de orejas a los que no cumplen con sus obligaciones fiscales no son producto del acaloramiento ni bravuconadas propias de quien mucho ladra, pero no muerde. El ministro, que por razón de su cargo sabe todo de todos (como en su día se presuponía del ‘Comando Rubalcaba’), ha decidido aplicar ahora una agresiva política que se muestra efectiva (Izquierda Unida, de momento, ya ha tomado buena nota) para incrementar los ingresos de las arcas públicas, pero que supone también una especie de aviso a quien se pase de la raya en el nivel de sus críticas.

Montoro no ha tenido empacho en poner en su punto de mira a “famosos actores” cuando estos se han rebelado contra los recortes del Gobierno en la última gala de los Goya. Tampoco ha dudado en verter sospechas sobre el principal ariete mediático contra el Ejecutivo, el diario El País, cuando este ridiculizó en sus editoriales los pobres resultados de la llamada ‘amnistía fiscal’ a la que se han acogido, entre otros, presuntos delincuentes como el extesorero del PP, Luis Bárcenas, quien durante años compartió oficinas en Génova 13. “En vez de dar tantas lecciones de ética a través de editoriales, lo que tienen que hacer es pagar religiosamente los impuestos en los plazos pertinentes y colaborar de esa manera a corregir el déficit público y a financiar correctamente los servicios públicos”, avisó el pasado 12 de diciembre, antes de que el lío de Bárcenas se volviera completamente en contra de él, como autor de la amnistía, y de su partido, como parte contratante del susodicho. 

El ‘sheriff’ de Rajoy sigue siempre un mismo patrón, el de tirar la piedra y esconder la mano, sabedor de que incurriría en la ilegalidad más nítida y flagrante si desvelase el carácter reservado de la información que maneja. Contravendría el mismo artículo 95 de la Ley General Tributaria que citó Rajoy el pasado miércoles para no publicar en el BOE la lista de las personas físicas y jurídicas que se acogieron a la amnistía, tal y como le reprochó el senador socialista José Miguel Camacho: “¿Sabe usted lo que significa el estricto y completo sigilo? ¿Sabe lo que significa esa frase? Usted no puede utilizar, ni siquiera insinuar la información de la que dispone para hacer tarea política contra los demás grupos parlamentarios ni contra ningún ciudadano de este país. Y usted lo está haciendo con todos menos con uno. Qué casualidad que el ministro de Hacienda de este país se preocupe de que el diputado Saura, las empresas periodísticas, los partidos políticos no cumplen en sus obligaciones fiscales, pero no se preocupa de un señor que ha evadido 38 millones de euros a Suiza”.

La mención al citado Saura, de nombre Pedro y diputado socialista en el Congreso, corresponde al pasado 23 de enero, cuando Montoro desplegó su segundo movimiento táctico en esta particular batalla contra los evasores. Saura le preguntó al ministro por los supuestos sobres con dinero negro que se repartían entre la cúpula del PP y Montoro respondió que todo lo que quería la oposición era “ensuciar y enfangar”. “Le falta categoría. Mi declaración de la renta es pública y la recoge la web del Congreso. ¿Lo tiene claro? No vaya a ser que haya otros donde les falten elementos de esa declaración”.

El portavoz de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, admitió recientemente que la Agencia Tributaria ha realizado “comprobaciones” de datos fiscales de diputados por “discrepancias” en sus declaraciones de la renta, pero, siempre, “de pequeña cuantía”. Mollinedo pidió, eso sí, que Montoro no aproveche esos casos para su táctica política o para “amedrentar” a la oposición.

Pero lejos de apocarse ante las críticas por comportamientos supuestamente poco éticos, Montoro no se amilana y ayer mismo volvió a zarandear la tranquilidad de un nuevo sector hasta ahora poco tocado, como es el de los tertulianos que opinan de todo. En una entrevista al programa Los Desayunos de TVE, el ‘sheriff’ volvió a armarse de argumentos para ejercer de cobrador, caiga quien caiga. “Yo comprendo que muchas veces los llamados creadores de opinión tienen problemas con la Hacienda Pública, pero no lo admito”, dijo entre líneas. “Los creadores de opinión tienen una responsabilidad ante la sociedad igual que los políticos, ¿o es que sólo la tenemos los políticos?”. Para el político, aquel que “está ejerciendo un cargo social ha de tener una conducta transparente y ejemplarizante en la relación tributaria (...) Para eso tiene esa proyección social, que no es la misma que pueda tener cualquier ciudadano normal que no es conocido y no tiene la presencia y la difusión”.

Quien quiera entender, que entienda. Algunos comunicadores estrellas de la radio y la televisión ya han recibido, de momento, la visita de los inspectores de Hacienda. Tal y como publicó este diario, Hacienda reclama, entre otros, a Federico Jiménez Losantos 1,8 millones de euros –incluyendo intereses de demora- y a José Miguel Monzón, el Gran Wyoming, 910.000. En los dos casos, la motivación es la misma: tributar a través de sociedades cuando en realidad deberían hacerlo por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Por el gatillo de Montoro ha pasado también toda la oposición parlamentaria, algunos diputados y partidos como Izquierda Unida, que ,ante las insinuaciones, ha tenido que reconocer que tiene una importante deuda con el fisco en su federación de Madrid. La formación acumula una deuda con la Agencia Tributaria por impuestos sin pagar (fundamentalmente IRPF retenido a sus empleados) de 1,2 millones de euros. Además, lleva años sin abonar las cuotas de la Seguridad Social de su plantilla, con lo que acumula otra deuda de un millón de euros que acaba de renegociar con esa institución para poder devolver ese dinero en 96 mensualidades.

Guste o no guste, la táctica de poli malo le está dando los resultados que pretende y, a juzgar por sus palabras, no parece que vaya a hacer propósito de enmienda.