Rajoy estudia publicar en el BOE los nombres de los mayores evasores fiscales

El Gobierno está estudiando la posibilidad de modificar las normas tributarias para que los nombres de los mayores evasores fiscales sean publicados en el Boletín Oficial del Estado, como ya se hizo, por última vez, en marzo de 1959 por parte del entonces ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio.

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy anunció este martes en la sesión de control del Senado que el Ejecutivo “está estudiando posibles modificaciones normativas para que los incumplimientos más relevantes sean objeto de su publicidad”. Una cuestión que se llevaría a cabo salvaguardando su “efectivo derecho de tutela” y que, ha añadido, es “delicada”, pero que se está estudiando “con profundidad” por parte del departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro.

La medida, en todo caso, no afectará a las personas físicas y jurídicas que han acudido a la última amnistía fiscal pues, como ha explicado el presidente, la ley tributaria actual lo impide, también en el caso de las regularizaciones extraordinarias. “No se le puede pedir al presidente del Gobierno que incumpla de forma tan nítida y palmaria la ley”, respondió Rajoy al  senador del grupo mixto Jesús Enrique Iglesias, que había solicitado que se haga pública la listad de todos los que se han beneficiado de la última amnistía fiscal. Esos datos, explicó Rajoy, “tienen un carácter reservado que nos protege a todos los contribuyentes”.

El presidente del Gobierno citó el artículo 95 de la Ley General Tributaria para recordar que todos los datos obtenidos por la Administración Tributaria “tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros”.

Rajoy recordó también que la última regularización extraordinaria no ha sido la primera que se ha hecho en España, tal y como ocurrió también en 1977, 1984 y 1991 y que, a diferencia de las anteriores, esta obliga a la identificación ante Hacienda del titular real de la regularización, que tributa con un gravamen del 10%. La regularización “ni borra, ni limpia, ni encubre delitos cometidos”, ha enfatizado.