Nuevo varapalo a Gallardón: el CGPJ cree que la reforma penal no es constitucional

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  ha aprobado hoy con algunos matices el informe que expresa dudas sobre la constitucionalidad de la reforma del Código Penal que ha propuesto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, un dictamen no vinculante para el Gobierno. La autora del informe, la vocal Margarita Robles, mantiene las tachas de inconstitucionalidad planteadas respecto de la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad.

Fuentes jurídicas consultadas por la agencia Europa Press han señalado que el bloque del informe referido a las citadas medidas ha recibido el apoyo de una amplia mayoría del Pleno que se reunió este miércoles con carácter extraordinario para tratar el asunto, si bien sólo 6 de los consejeros apoyaron que la prisión permanente afecte al derecho de los presos a la reinserción (artículo 25.2 de la Constitución)

Para la mayoría, si bien la medida de prisión permanente tiene problemas de constitucionalidad, éstos sólo se refieren a los establecidos en el artículo 25.1 que plantea problemas de legalidad. Este artículo señala que "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento".

"Amplísimas dudas de constitucionalidad"

La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha expuesto en rueda de prensa que el dictamen, cuyos diferentes aspectos han sido aprobados por mayoría y con votos particulares, considera que tanto la prisión revisable como la custodia permanente, tal y como las formula el anteproyecto del Gobierno, suscitan "amplísimas dudas de constitucionalidad".

Las dudas vienen provocadas porque ambas medidas conculcan los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. Según ellos, toda acción de los poderes públicos debe estar sometida a lo que diga la ley y ser previsible, es decir, nunca venir determinada por un criterio arbitrario.

En el caso de la prisión permanente, que sí es compatible, según el informe, con el fin de reinserción previsto por la Constitución, la inconstitucionalidad surge porque supone una ampliación de la pena que no está definida en la ley.

De este modo, según la propuesta de Gallardón, la aplicación o no de la prisión permanente revisable se hace depender de factores discrecionales, mientras que el principio de legalidad impone que las penas sean iguales por los mismos hechos para cualquier condenado, al margen de otros factores.

Así, el consejo considera que "la técnica empleada por el legislador oculta que se trata de una prisión a perpetuidad", pues supone prolongar el encarcelamiento en hasta 10 años, una figura que no existe en nuestra legislación, es decir, en nuestro catálogo de penas. En cuanto a la custodia de seguridad, el CGPJ entiende que mediante esta técnica se alarga la prisión mediante previsiones no constitucionales.

Así, el informe señala que al cumplir la custodia de seguridad en un centro penitenciario se le impone al reo una prolongación de la prisión más allá de lo que su sentencia preveía, y ello en función de un "futurible", según los términos empleados por Bravo, como es la peligrosidad.

De este modo, esta novedosa figura penal usa las medidas de seguridad, considera el CGPJ, para conculcar el principio de proporcionalidad de la pena, lo que vulnera la Constitución. El pleno de hoy ha tomado en cuenta la propuesta de la Comisión de Estudios, que siguiendo a la vocal Margarita Robles ponía en duda la constitucionalidad de los dos puntos citados, aunque con matices diferentes en algún caso.

La propuesta original consideraba que, además de chocar con los principios de seguridad y legalidad, la prisión permanente revisable no es compatible con el fin que la Constitución adjudica a las penas de cárcel, el de la reinserción de reo.

En este punto, el CGPJ no ha seguido la propuesta de la Comisión de Estudios y considera que ahí la reforma del Código Penal que propone en Gobierno no choca con la Constitución, lo que no impide que sí lo haga en los otros aspectos citados.