Asturias aprobará un impuesto a la banca que Ferraz avala por carta

El Gobierno de Asturias se suma a los que crean un impuesto especial para la banca, después de que el Tribunal Constitucional considerara plenamente legal el gravamen que en su día estableció la Junta de Extremadura, y de que Izquierda Unida, uno de los socios de gobierno del socialista Javier Fernández, esgrimiera este asunto como condición para aprobar los presupuestos autonómicos. El impuesto será una realidad porque el partido de Rosa Díez, tercera pata de los apoyos del Ejecutivo regional, ya ha manifestado que no pondrá ninguna pega.

Aunque, inicialmente, el impuesto a la banca parecía una propuesta de IU destinada al fracaso, como ya ocurriera hace algunos años cuando la enunció por primera vez, la necesidad de ingresos del Gobierno asturiano para preservar las políticas sociales y en favor de la sanidad y la educación pública, así como la reciente sentencia del TC, abrieron una espita por la que se coló el espíritu de la demanda de la coalición de izquierdas.

A ello se añadió que el secretario e Organización del PSOE, Óscar López, bendijo personalmente ante Javier Fernández hace un par de días en su visita a Asturias este tributo y no solo dio alas a los socialistas asturianos para que lo establecieran, sino que desde la propia Ferraz se aconsejó por carta a los responsables autonómicos que el partido facilitara la aprobación de este tipo de gravamen en un momento en el que las cuentas de las distintas regiones presentan importantes agujeros.

No parece, sin embargo, que el impuesto sobre la banca vaya a suponer una recaudación extraordinariamente sustanciosa para las arcas del Gobierno regional, puesto que las estimaciones de los expertos evalúan los ingresos en unos tres millones de euros, pero en esta decisión parecen pesar más los intentos de que las entidades financieras contribuyan con sus tributos a una mejor distribución de las cuentas y a un carácter un tanto ejemplarizante.

En un primer momento, los analistas pensaron que la propuesta de IU iba a chocar con la negativa de UPyD, que tiene el voto decisivo para la aprobación presupuestaria, pero Ignacio Prendes, el único diputado del partido de Rosa Díez en la Junta General del Principado, manifestó que la imposición de este tributo no supondría un rechazo a las cuentas regionales, siempre que las mismas estuvieran desarrolladas de forma "creíble y realista".

A la formación magenta le interesa más que los presupuestos cuadren y no se desmanden en el apartado del gasto corriente, sirviendo así de contrapoder de Izquierda Unida. En ese sentido, si la tasa bancaria se destina a la creación de empleo y desarrollo económico, algo que ya insinuó en su momento la formación de Cayo Lara, su establecimiento podría tener cierta lógica para UPyD.

Además, según los primeros datos que se extraen de la negociación presupuestaria, UPyD habría conseguido que el Impuesto sobre el Patrimonio, que la izquierda quiere incrementar no sufra un aumento importante, así como que se frenen las subidas para los impuestos de sucesiones y actos jurídicos documentados, que era otra de las demandas impositivas de Izquierda Unida. Parece ser que las tres formaciones ya se han intercambiado los textos del anteproyecto, en el que se recogen las modificaciones. El acuerdo en general está a un paso de lograrse, si bien el partido de Rosa Díez mantiene algunas reservas sobre el control del gasto corriente.

El supuesto pacto entre socios externos de Gobierno para establecer un impuesto a la banca ha caído muy mal en las filas del centro derecha. Para Francisco Álvarez-Cascos, el líder de Foro Asturias, "solo la demagogia más irresponsable puede justificar nuevos impuestos", mientras que considera que los problemas de gestión del equipo de Javier Fernández son los culpables del incremento del déficit en las cuentas asturianas.

Por su parte, el Partido Popular muestra su rechazo a cualquier nuevo gravamen, considerando que este tipo de políticas no facilita la salida de la crisis y va en la dirección contraria al camino de la recuperación económica, mientras que estima absolutamente contradictorio como "el agua y el aceite", en referencia a los planteamientos antagónicos de IU e UPyD puedan condicionar la actuación del Gobierno socialista, cuya aceptación de estas "propuestas comunistas" le convierten en un Ejecutivo irresponsable.