La jueza del ‘caso Interligare’ no ha citado aún a los cargos de Interior acusados de corrupción

La magistrada Cristina García González, titular del juzgado central de Instrucción número 3 de Aranjuez, que investiga la presunta existencia de una red corrupta con conexiones en el Ministerio del Interior, no ha citado aún a declarar a ninguno de los tres exaltos cargos de la Policía acusados de formar parte de la trama. El próximo mes se cumplirán dos meses desde que decretara el secreto de sumario, y un año desde que los agentes que seguían la pista a la trama denunciaran los hechos en el juzgado.

La denuncia fue interpuesta por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, que en una diligencia informe entregada a la magistrada acusaban a Gabriel Fuentes, excomisario general de Información, Miguel Ángel Fernández Rancaño, exjefe superior de Policía de Madrid, y Luis Luengo, exdirector de Infraestructuras de Interior, de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad social para ocultar las deudas que Interligare tenía con ambos organismos y poder así contratar con el ministerio. Fuentes y Rancaño trabajaban en la citada compañía, y Luengo tenía dos hijos en la empresa y era el encargado de firmar las concesiones.

Todos ellos niegan los hechos, aseguran que no hay tal trama de corrupción, y dicen que todo obedece a un “ajuste de cuentas” entre policías del que ellos son las víctimas. Fuentes y Luengo manifestaron ayer a este diario que no han recibido ninguna notificación para acudir a declarar en calidad de testigos o imputados, y la jueza tampoco les ha reclamado documentación. Los tres han contratados a otros tantos despachos de abogados para que se encarguen de su defensa en el caso de que fueran imputados.

La instrucción de “caso Interligare” ha sido cuanto menos accidentada. La denuncia fue presentada en los juzgados de Aranjuez porque Interligare tenía su sede social en esa localidad, y en ella se solicitaba una orden de detención contra los altos cargos antes citados. La magistrada se inhibió el 17 de noviembre del año pasado a favor de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla. Éstos le devolvieron la causa el 2 de diciembre, y la jueza recurrió la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado septiembre falló que debía hacerse cargo de la investigación. Tan pronto como la denuncia volvió a su juzgado decretó el secreto de sumario, sin que desde entonces haya practicado ninguna diligencia con los acusados ni resuelto el archivo de la causa si considera que no hay delito.

Interligare fue fundada en 2004 por Jacqueline Tibisay Moro Albacete con un capital social de 4.000 euros. Tibisay fue candidata del PP en Aranjuez en las elecciones municipales de 2007 y dos años después, en enero de 2009. Tras cesar en el cargo la compañía pasó a ser dirigida por José Luis Martín Juárez. En esa misma fecha Gabriel Fuentes fue nombrado vicepresidente y consejero, y Miguel Ángel Fernández Rancaño consejero. La empresa ha sido declarada insolvente y arrastra numerosas demandas de sus trabajadores por impago de salarios.