Subidas en transportes, tasas y copago: así es el plan que Rajoy apoya

¿Programa oculto? Todo parece desvelarse y perfilarse con mayor precisión conforme pasan las horas. Artur Mas fue el primero en hacer caer la careta dos días después de las elecciones. Y ayer el Partido Popular le apoyó sin reservas. Nacionalistas y populares van de la mano. Las medidas que quiere implantar el presidente de la Generalitat de Cataluña ya tienen quien las quiera.

En el ámbito político, todos los partidos se le han echado encima del president salvo el Partido Popular (PP), cuyo portavoz, Enric Millo, aplaudió ayer la batería de creación de nuevas tasas, aumento de las ya existentes, encarecimiento de los transportes y del combustible y nuevo recorte salarial para los empleados públicos. En el ámbito social, los sindicatos las critican con dureza pero los empresarios las apoyan. Sin embargo, nada tan impagable como la conclusión del portavoz del PP: “Nos satisface comprobar la coincidencia de prioridades”. Es una avanzadilla, pues, de lo que puede ser la estrategia del Gobierno central que dentro de poco presidirá Mariano Rajoy, tan acosado por el déficit y por los mercados como el de la Generalitat.

Millo lo dijo meridianamente claro: “Tenemos puntos de discrepancia en cuanto a algunas de las medidas anunciadas, pero manifestamos nuestra satisfacción por lo escuchado y, sobre todo, nos ofrecemos a mantener una relación de responsabilidad”. En otras palabras, que son unas medidas “necesarias” y bien vistas por la cúpula del PP. “Es preciso poner en valor la voluntad del Gobierno de la Generalitat de trabajar con el del Estado para un objetivo común: salir de la crisis y crear puestos de trabajo”

De esta manera, recogió el guante que apenas un par de horas antes le había lanzado Artur Mas, que había ofrecido a los populares ayudarse mutuamente para reflotar la economía. El presidente de la Generalitat se mostró también esperanzado de llegar a un acuerdo con el PP en Cataluña para mantener un socio que dé estabilidad a su Gobierno, carente de mayoría absoluta. También pidió a Rajoy que explicite urgentemente su hoja de ruta y enfatizó en que Cataluña y España son el mismo barco y han de ir de la mano, por lo que “lo lógico sería que nos ayudáramos mutuamente”. La respuesta de Millo fue calcada: “Sólo podemos salir de la crisis si sumamos esfuerzos todos juntos, si España y Cataluña trabajan conjuntamente por la reactivación económica”.

Críticas de la izquierda

El presidente del grupo parlamentario socialista, Joaquim Nadal, por su parte, rechazó la batería de medidas del president. “Las cosas no se hacen de esta manera”, dijo Nadal en referencia a la fecha del anuncio, inmediatamente después de los comicios. Los socialistas no apoyarán ninguna medida que no sea plenamente consensuada con “todo el mundo”. El dirigente del PSC criticó especialmente las vaguedades del presidente catalán y que se olvidase de la “fiscalidad progresiva”, insistiendo en los recortes salariales de los funcionarios.

Además, rechazó el incremento lineal que suponen las tasas y los precios públicos en lugar de apostar por medidas fiscales que afecten a las clases más altas. "Mas pide sacrificios sin propuestas ni modelo y apuesta por la contención simplemente para cumplir con el déficit. Hoy, el President Mas no nos anunció ni iuna sola medida incentivadora de la actividad económica". Por si fuera poco, denunció que las propuestas del Ejecutivo catalán "niegan tajantemente apartados literales del programa de CiU en cuanto a tasas y precios públicos" y recordó las palabras del cabeza de lista convergente en estas elecciones, Josep Antoni Duran Lleida: "Si digo lo que haremos, la gente no nos votará".

El presidente de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Herrera, calificó de “fraude democrático en toda regla” el hecho de que Mas anunciase los recortes tan sólo 24 horas después de las elecciones, cuando durante la campaña electoral no aludió a ninguna medida similar. “Podría haber planteado nuevos tramos del IRPF, un impuesto sobre la energía nuclear o una mayor fiscalidad para quien más gana y para quien especula”, criticó Herrera. Y recuerda que en la comisión de Economía del Parlamento catalán CiU y PP plantearán hoy “una propuesta para rebajar el Impuesto de Donaciones”.

La portavoz de ERC, Anna Simó, rechazó también el anuncio del President de unas medidas que considera “regresivas” y que atentan “contra la cohesión social”, ya que no exigen mayor esfuerzo fiscal a los que más tienen. “Hubiésemos preferido una propuesta de incremento de ingresos a partir de una fiscalidad progresiva y, en cambio, optan por una política de precios públicos regresivos que impactan sobre las clases medias y populares”. Y subrayó: “Eso sí, rebajan los impuestos a las rentas altísimas”. Y recordó, como Herrera, “la intención de eliminar el Impuesto de Donaciones”. Simó le pidió a Mas que recapacite y mantiene la “mano tendida” al Gobierno “para dialogar en un marco más amplio”, aunque para ello ha de haber “un cambio de prioridades”.

El portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas, advirtió que “se trata de una estafa electoral, una estafa democrática, una estafa camuflada de seriedad porque el Gobierno de CiU ha dosificado sus medidas en función de sus intereses electorales”. Cañas enfatizó que “Mas recorta en los derechos básicos de los ciudadanos, pero no recorta en construcción nacional. Se pensará que somos tontos. Si recortar los salarios o pagar más tasas universitarias las pedían los ciudadanos, ¿porqué no las ha adoptado antes?”. Y fue especialmente crítico con la subida de tasas porque estas medidas “suponen sangre, sudor y lágrimas para los de siempre, para los más desfavorecidos, sacrificios y esfuerzos para los que menos tienen. En definitiva, que paguen más la mayoría de los ciudadanos mientras que rebaja los impuestos para los que más tienen”.

Los sindicatos también se posicionaron en contra del anuncio del presidente catalán. CCOO critica que no hubiese situado las medidas “en el marco del debate electoral, lo que representa una falta de ética democrática y un engaño a la ciudadanía, que votó con total desconocimiento de las intenciones del Gobierno de Cataluña y de la fuerza política que lo dirige”. Y recordó a Mas que “cualquier medida que pueda modificar las condiciones laborales de los trabajadores se ha de negociar en el ámbito correspondiente, tanto si son trabajadores públicos como privados”, en relación a la intención de rebajar de nuevo el salario de los funcionarios. Este sindicato pide a Mas “que active inmediatamente su capacidad de carácter fiscal, aplicando y recuperando impuestos como el de Patrimonio o el de Sucesiones para garantizar recursos públicos con que desarrollar las políticas de nuestro estado del bienestar”.

En similares términos se expresó UGT, que advierte que no aceptará “en la mesa de negociaciones de los empleados públicos ninguno de los recortes anunciados”. La central ugetista destaca que “no es justo que el Gobierno de la Generalitat utilice reiteradamente la reducción de las retribuciones de los empleados públicos para cuadrar las cuentas”. “Nuestro sindicato está totalmente de acuerdo en aumentar los ingresos, pero no de esta manera. Las tasas castigan especialmente a las rentas más bajas y obstaculizan el consumo y la demanda interna. Por esta razón, reivindicamos un modelo fiscal que sea redistributivo y justo, en el que las rentas más altas aporten más a la sociedad”.

Apoyo de las patronales

Las patronales, por el contrario, no ven con malos ojos las medidas. El director de estudios económicos de Fomento del Trabajo, la gran patronal catalana, Salvador Guillermo, señaló a la agencia EP que el anuncio de Mas no les ha extrañado y los apoyó porque en un contexto de estancamiento económico, el Gobierno debe rebajar el déficit al 2,6% en 2011 y al 1,3% en 2012. El presidente de la patronal Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec), Josep González, se pronunció en similares términos.

Asociaciones de defensa de la sanidad, por su parte, calificaron de “ilegal y discriminatoria” la intención de crear un ticket moderador por receta, ya que eso sería un copago. Y las competencias del copago son del Gobierno central, por lo que la Generalitat no las podrá aplicar. Además, subrayan que el pagar por receta extendida “es una dificultad para el acceso a las prestaciones sanitarias a las personas con más problemas de salud, siendo un verdadero impuesto sobre la enfermedad. Es muy dudoso que disminuyan el gasto sanitario, porque necesitan importantes gastos de gestión e implantación y deterioran la salud de los más vulnerables”.