La Junta ofrece al PP cuentas auditadas, pero no la deuda con los acreedores

El Gobierno en funciones de Castilla-La Mancha se ha presentado hoy en el Parlamento con una voluminosa cantidad de información sobre las cuentas de la región en los tres últimos años, pero no ha aportado la que más interesaba al PP: las deudas que mantiene en estos momentos con sus acreedores.

Así ha quedado de manifiesto tras la reunión que han mantenido a vicepresidenta y responsable de Economía en funciones, María Luisa Araújo, y el consejero de Presidencia, Santiago Moreno, con el secretario general del PP, Vicente Tirado; el coordinador de área económica, Marcial Marín, y el responsable de Acción Política de ese partido, Jesús Labrador.

Una reunión cuyo resultado aleja la posible entrevista entre el presidente saliente, José María Barreda, y la presidenta electa, María Dolores de Cospedal, pues el PP considera incumplido el principal requisito: recibir información detallada sobre la situación económica y financiera de la comunidad autónoma.

Araújo y Moreno han registrado en la Cámara antes de subir a la reunión un importante número de informes, con 57 estados contables (de los tres últimos años), las cuentas auditadas de 21 empresas públicas a 31 de diciembre de 2010, el listado de acreedores de la Junta a esa fecha e información sobre modificaciones presupuestarias y pagos pendientes de justificar a fecha de 31 de mayo.

Una información que, según Araújo, es toda la que había solicitado el PP con excepción de aquella que está protegida por la Ley de Protección de Datos, así como la de carácter tributario, que sólo será entregada al próximo consejero de Economía. Para la vicepresidenta, la información aportada acredita que la situación económica de Castilla-La Mancha es "difícil y compleja", pero no más que la del resto de comunidades autónomas.

"Cero información"

El PP se ha quedado sin saber la deuda de la Junta y de las empresas públicas con empresas constructoras, empresas farmacéuticas, proveedores del Sescam, Cáritas y el resto de asociaciones y ONG's que prestan servicios sociales, clínicas privadas y concertadas, colegios concertados y cooperativas educativas, organizaciones sindicales o medios de comunicación.

También aspiraba el PP a saber la deuda con empresas de transporte sanitario y de transporte de viajeros, con las que prestan servicios de atención a personas mayores o discapacitadas, con empresas que suministran energía, agua, teléfono y carburante a la Junta o con las diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades y consorcios.

"Ninguna documentación entregada, cero información", ha denunciado Vicente Tirado, para quien el Gobierno en funciones ha hecho un ejercicio de opacidad y falta de transparencia y se ha limitado a entregar un montón de documentación que ya es pública.

El dirigente del PP ha advertido además que el plan económico financiero presentado por la Junta al Ministerio de Economía, un documento imprescindible para que la comunidad pueda endeudarse más, ha sido rechazado, con lo que el próximo Gobierno tendrá que hacer otro.