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Sortu afirma que ha roto con ETA y Policía y Guardia Civil lo niegan
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VISTA EN EL SUPREMO POR LA LEGALIZACIÓN DEL NUEVO PARTIDO DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

Sortu afirma que ha roto con ETA y Policía y Guardia Civil lo niegan

Ha roto, no ha roto. La sesión por la legalización de Sortu celebrada ayer por la Sala del 61 del Tribunal Supremo se consumió en un

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Sortu afirma que ha roto con ETA y Policía y Guardia Civil lo niegan

Ha roto, no ha roto. La sesión por la legalización de Sortu celebrada ayer por la Sala del 61 del Tribunal Supremo se consumió en un denso, aburrido y reiterativo intercambio de preguntas y respuestas entre los abogados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, representantes de la nueva marca electoral de la izquierda abertzale, y los miembros de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil que sostienen en sus informes que es una continuidad de la ilegalizada Batasuna cuyo objetivo es estar en las elecciones de mayo para volver a las instituciones. Los analistas no se quedaron ahí y sostuvieron con convicción que no les consta que ETA tenga intención de disolverse, sino todo lo contrario. 


Fueron ocho horas (desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde,  con un receso de una hora para comer) en las que los abogados de Sortu se estrellaron una y otra vez contra un frontón policial que les devolvió todas sus preguntas reinterpretadas en sentido contrario con el que fueron lanzadas. Si Iruin y Araiz aludían a documentos incorporados a la causa como pruebas que demostraban que el nuevo partido abertzale no tiene nada que ver con Batasuna, los analistas policiales respondían que lo único que demostraban era la existencia de un intenso debate interno que finalmente había acabado en acuerdo entre las partes enfrentadas: ETA-Ekin por un lado, y Batasuna por otro. 


Ni unos ni otros se movieron de sus posiciones y la sesión se convirtió en un duelo dialéctico por ver quien encontraba el dato que la otra parte no pudiera refutar. El abogado del Estado mantuvo un papel discreto, con interrogatorios breves, y dejó al fiscal la carga de la acusación. Experto en la jurisdicción contencioso-administrativa, resultó un mal interrogador que en alguna ocasión incluso confundió a los testigos. Tan plúmbea se hizo la jornada que algunos miembros del tribunal no pudieron evitar lapsus temporales con los ojos cerrados o la mirada perdida en el techo. 


La anécdota de la jornada la protagonizó  el abogado Iruin, que reclamó al tribunal poder ver al analista de la Policía al que iba a interrogar, que hasta ese momento había declarado tras un biombo para preservar su identidad.  "Le conozco desde hace  tiempo. Hemos coincidido en muchos procedimientos, y el hecho de que pueda verle no afecta en nada en su protección frente a terceros -dijo el letrado-. Esta defensa quiere ver sus gestos cuando responda a sus preguntas". Dicho y hecho, el presidente Carlos Dívar preguntó al agente, que aceptó testificar a la vista del abogado. Ambos se encontraron después en los pasillos anejos a la sala de vistas durante un receso y charlaron como si fueran viejos amigos.


El debate interno en ETA y Batasuna.


El mayor logro de la defensa fue centrar la atención de la vista en el debate interno vivido en la izquierda abertzale, que concluyó con la aprobación en febrero de 2010 de la ponencia Zutik Euskal Herria, en la que se apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas. Los especialistas de la Policía y la Guardia Civil reconocieron la existencia de tensiones y divergencias internas importantes, tanto en ETA como en la izquierda abertzale, que afloraron a comienzos de 2009, a raíz del fallido proceso de paz. Sin embargo, a diferencia de los letrados de Sortu, sostuvieron que la crisis se resolvió precisamente con la aprobación de la citada ponencia, que fue asumida por todos los sectores, ETA incluida, aunque la banda no compartía algunos enunciados de la misma.

 

Los analistas afirmaron que tanto la banda terrorista como Batasuna coinciden en la necesidad de abrir un denominado "proceso democrático", concepto aceptado por ambos y entendido como el recorrido a cubrir hasta lograr la independencia. El problema no es de objetivos, según las mismas fuentes, sino de tiempo, y mientras ETA apostaba por abrir un periodo prolongado de atentados para obligar al Gobierno a abrir un nuevo proceso de paz, Batasuna defendía que el "proceso democrático" debía iniciarse ya para no seguir perdiendo apoyos sociales. Se impuso esta propuesta que, en opinión de los agentes, no supone que ETA-Ekin y Batasuna hayan descartado la estrategia político-militar. "El debate no es lucha armada sí o lucha armada no, sino establecer cuál es la estrategia más eficaz para provocar un nuevo proceso de diálogo -dijo uno de los expertos de la Benemérita-. Ha sido una cuestión de tiempos, no de reconversión moral".


En definitiva, para la Policía y la Guardia Civil Sortu es una iniciativa de Batasuna para refundarse que cuenta con el visto  bueno de ETA, como demostraría que no se presentó en público hasta que la banda anunció un alto el fuego "permanente, general y verificable" el pasado enero. Para la defensa, en cambio, es una ruptura con el pasado que resulta evidente con su rechazo a la violencia. 


La sesión se reanuda hoy con las alegaciones de las partes.

Ha roto, no ha roto. La sesión por la legalización de Sortu celebrada ayer por la Sala del 61 del Tribunal Supremo se consumió en un denso, aburrido y reiterativo intercambio de preguntas y respuestas entre los abogados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, representantes de la nueva marca electoral de la izquierda abertzale, y los miembros de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil que sostienen en sus informes que es una continuidad de la ilegalizada Batasuna cuyo objetivo es estar en las elecciones de mayo para volver a las instituciones. Los analistas no se quedaron ahí y sostuvieron con convicción que no les consta que ETA tenga intención de disolverse, sino todo lo contrario.