Salgado tiene un problema… y se llama Valeriano Gómez, ministro de Trabajo

Lo dice un veterano sindicalista curtido en mil escaramuzas. “A ver con qué cara se presenta Salgado en Bruselas diciendo que por ahora no habrá retraso en la edad de jubilación”. Sin embargo, a día de hoy, esa es la impresión más extendida en el mundo sindical, donde se da por hecho que el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, eliminará -o al menos congelará- la propuesta enviada a Bruselas a principios de año e incluida en la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013 del Reino de España.

 

La intuición de los sindicatos está basada en el convencimiento de que Zapatero intenta recomponer sus alianzas sociales e ideológicas tras la huelga general del 29-S, y eso pasa necesariamente por calmar las aguas sindicales. Por eso, precisamente, ha colocado a Gómez al frente de Trabajo. Incluso desplazando al sucesor ‘natural’ de Corbacho, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado (responsable económico de la ejecutiva federal del PSOE).

El problema que tiene Salgado es que en la célebre noche del 9* de mayo en Bruselas -en plena hecatombe del euro- y ante los ministros de Economía y Finanzas de los 27 se comprometió a retrasar la edad de jubilación (de 65 a 67 años de forma progresiva) para reforzar la credibilidad de España ante los mercados. Y ahora, como dice el interlocutor de El Confidencial, tendrá que justificar justamente lo contrario. Nadie espera que Salgado -como hiciera antes Solbes- dé una batalla política a Zapatero, lo que en última instancia significa que acatará las órdenes de Moncloa. [Fuentes oficiales han negado que Salgado asumiera ese compromiso ante sus homólogos europeos]

Las fuentes consultadas, sin embargo, insisten en que Salgado se comprometió también en aquella fecha telúrica de mayo a extender el periodo de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años, pero ese compromiso también puede entrar en vía muerta por las trabas sindicales. La posición de Valeriano Gómez en este punto es más matizada, pero aún así no nadie cree que vaya a poner en peligro la vuelta a la normalidad con los sindicatos por lograr ese objetivo. La misión estratégica que le ha encomendado el presidente Zapatero es que reconstruya los puentes rotos con las organizaciones sindicales.Aunque ello suponga liquidar el tándem que han formado en los últimos meses los altos cargos de Economía (Salgado o Campa) y el gobernador Fernández Ordóñez.  

Y en este sentido cabe reseñar que si la política de nombramientos no es más que un código de señales que se da a la opinión pública y a quien pueda interesar, sólo hay que tener en cuenta que en su primera decisión Valeriano Gómez ha elegido como jefe de su gabinete al economista Antonio González, durante años responsable de los servicios técnicos de UGT, que nunca ha ocultado su oposición radical a alargar el periodo de cálculo de las pensiones (al contrario que muchos dirigentes de CCOO).

Miedo a los mercados

En este contexto -y teniendo en cuenta que la reformas de las pensiones no tiene un impacto presupuestario inmediato- todo indica que Gobierno intentará ganar tiempo en este espinoso asunto, lo que no es incompatible con el hecho de que públicamente vaya a seguir insistiendo en la necesidad de cambiar las cosas. Fundamentalmente con el objetivo de frenar en seco cualquier ataque especulativo de los mercados contra la deuda pública española. Las fuentes consultadas  consideran que sólo ‘la vuelta a las andadas’ podría hacer cambiar de opinión al Gobierno. O lo que es lo mismo, sólo si el diferencial con el bund alemán vuelve a ensancharse, el Ejecutivo reconsiderará la nueva estrategia.

Zapatero, paradójicamente, cuenta con algunos aliados significativos en su empeño por meter la reforma de las pensiones en vía muerta. O, al menos, en vía lenta. Y no precisamente en el ámbito del Gobierno. El Partido Popular, al contrario de lo que ocurrió en 1995 -cuando estando en la oposición aprobó el Pacto de Toledo-, no parece en esta ocasión dispuesto a cargar con los costes políticos de una decisión tan impopular como es la de prologar la edad de jubilación.

Lo que ha cambiado respecto de aquel año, al margen de estrategias políticas, es que por entonces la Seguridad Social estaba al borde de la quiebra (apenas 12 millones de ocupados), y ahora el margen presupuestario del sistema público de protección social es mucho mayor.

 

El calendario corre, en todo caso, en contra de la reforma de las pensiones. Un portavoz de la Comisión del Pacto de Toledo dijo a El Confidencial que el informe de conclusiones no estará listo en ningún caso antes del actual periodo de sesiones. Es decir, antes de que acabe el mes de diciembre. A partir de ahí comienzan las negociaciones en un ambiente político especialmente poco propicio para discutir un asunto de tanto calado electoral. En mayo de 2011, elecciones municipales y autonómicas y apenas nueve meses más tarde, elecciones generales. Los sindicatos conocen mejor que nadie este escenario y están convencidos de que tras el previsible batacazo electoral de mayo, el Gobierno no tendrá fuerzas para imponer una reforma políticamente tan difícil de vender.

Por el contrario, y en el interregno, el Ejecutivo intentará reconquistar sus bases sociales, para lo cual ya ha encargado a Valeriano Gómez una especie de relectura de la reforma laboral. En particular en todo lo relacionado con las causas empresariales del despido objetivo por causas económicas. No lo tiene fácil porque difícilmente un reglamento –pese a la célebre frase del conde de Romanones- puede cambiar tanto el espíritu como la letra de una ley, pero por intentarlo no  quedará. La orden es sosiego. Mucho sosiego.

*Por un error se puso inicialmente la fecha del 7 de mayo.